Una joven de 30 años murió en Pilar, por las complicaciones de un aborto incompleto, tenía dos hijos.
Esta muerte se suma a la de otra joven, en San Martín, de 34 por haber interrumpido su embarazo con una rama de perejil, tenía cuatro hijos.
En ese contexto, la provincia de Buenos Aires, sigue sin adherir al protocolo nacional para abortos no punibles y en la Legislatura bloquearon un proyecto en ese sentido.
En dicho territorio bonaerense no se aplica el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo y por ello las mujeres abortan y mueren.
La diputada Lucía PORTOS acaba de presentar, por cuarta vez, un proyecto para que se trate el protocolo de acceso y se adapte a lo ordenado por la Corte Suprema en el fallo FAL del 2012 pero, a la par, la Cámara Baja provincial se niega a dar el debate.
El texto que presentó hoy Lucía, que no contaría con los dos tercios de la Cámara para poder ser discutido, regula la interrupción del embarazo en los supuestos del artículo 86 del Código Penal y ordena el cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud de la provincia.
También establece, que cualquier penalización a la mujer va en contra de la ley. Por otro lado, asegura el resguardo de la intimidad de la persona solicitante y obliga a la Provincia a informar sobre este derecho, realizar los estudios necesarios, ofrecer asesoramiento legal y una consejería en salud posterior.
Como reseña, en octubre de 2016 La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció que la provincia se adheriría al protocolo nacional para abortos no punibles previstos en el Código Penal.
Pero unos pocos días después, Vidal, cambio de opinión y derribó la resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz. La medida establecía la «aplicación obligatoria» del protocolo nacional en la red sanitaria provincial, borrando así los obstáculos al aborto legal para las causales previstas.
Mientras tanto, la Interrupción Legal del Embarazo en caso de riesgo a la salud de la mujer o por embarazos producto de una violación sigue dependiendo de la conciencia moral de las y los profesionales de los sistemas de salud locales y provinciales.
Fuente: Página12
