¿y los Derechos dónde están? Revictimización y tortura.

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Una semana después de que la adolescente abusada sexualmente pidiera un aborto en Jujuy, el gobierno provincial anunció que le harán una cesárea.

La joven y su familia habían pedido la Interrupción Legal del Embarazo en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro. Los médicos objetores de conciencia se la negaron, aunque desde 1921 la ley nacional establece como causal la violación y cuando la provincia está adherida al protocolo. En la ley y el protocolo, incluso, no se establece un plazo de gestación para realizar la práctica.

Luego de que la familia y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaran esta situación, que tomó estado público, la nena fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en la capital provincial, porque de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. Pero el traslado demoró cinco días.

La Campaña por el Derecho al Aborto, a través de un comunicado, repudió al director del hospital, Marcelo Villa, por contar con los recursos humanos y demorar la interrupción legal del embarazo de la niña que, “lejos de ser asistida y acompañada se encuentra siendo revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debiera estar a su servicio”.

Una vez en el hospital Materno Infantil, el jefe de Maternidad Gustavo Briones, dijo que la postura personal de los profesionales del hospital es “en contra de la interrupción del embarazo“, ya que los estudios “dieron que la menor lleva 6 meses de gestación, aunque el protocolo vigente no establece plazos en torno a ello”.

La ILE se seguía dilatando.

Al día siguiente, el ministerio de Salud provincial confirmó en un comunicado que el aborto se hiciera en  “cumplimiento con la legislación vigente y el Fallo de la Corte Suprema de Justicia “FAL”.  El ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, detalló que “dada la avanzada edad gestacional (24.5 semanas en la ecografía realizada en el HMI), se decide que el método de proceder será cesárea”.

“El Código Penal establece que por debajo de los 13 años no vale el consentimiento, entonces ya no es que hubo un presunto delito, hubo un delito. Estamos hablando de una violación, por lo que le corresponde sin lugar a dudas el derecho a abortar”, dijo al programa radial A los botes, en Futurock, Stella Maris Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.L.

Manzano se refirió también a la violación del principio de privacidad: desde el hospital difundieron fecha y horario de la cesárea. En cuanto a la práctica, la médica dijo que “la cesárea no es un método para hacer abortos, es para hacer partos”.  La Organización Mundial de la Salud, dijo, habla del “aborto con pastillas, la aspiración uterina, el legrado evacuador o la dilatación y extracción, no habla en ningún momento de hacerle un tajo de 10 a 12 centímetros en el abdomen a una mujer o menos que menos a una niña para sacar un feto que no va a vivir”.

Manzano insistió en que lo que van a hacerle no es un aborto, sino “una cesarea super prematura en la que van a dañar a dos personas: a la nena que no quería tener un hijo y al feto que lo están madurando en un intentona de que nazca, aunque los médicos sabemos que de los nacidos a las 24 semanas apenas sobrevive un 30 por ciento”. “Yo nunca vi uno que sobreviva en 34 años de obstetra”, dijo y agregó: “Sabemos que los que sobreviven tienen secuelas gravísimas, neurológicas, un 70 por ciento de ellos”.

La preadolescente fue abusada por un vecino de 58 años que, además de violarla, amenazó con matarla si lo contaba. En esas condiciones es que llegó, meses después, al hospital de San Pedro donde le negaron su derecho, dilataron el cumplimiento de la ley y sólo accionaron ante la presión de los colectivos y de las abogadas de la familia.

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