Un nuevo informe de ONU Mujeres presenta una agenda política para poner fin a la desigualdad de género en las familias

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En el informe “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante” se analiza de qué modo afectan a las mujeres las transformaciones que se están produciendo en las familias; el estudio revela asimismo que la mayoría de los países puede permitirse adoptar políticas favorables a las familias

A lo largo de los últimos decenios se han producido avances en los derechos de las mujeres, y las familias en todo el mundo se han convertido en un espacio de amor y solidaridad. Sin embargo, en muchas de ellas se observan también violaciones fundamentales de los derechos humanos y desigualdades de género persistentes, según el nuevo informe insignia de ONU Mujeres, publicado hoy con el título “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020:Familias en un mundo cambiante”.

En todo el mundo, estamos asistiendo a esfuerzos concertados dirigidos a limitar la capacidad de actuación de las mujeres y cercenar su derecho a tomar sus propias decisiones, en nombre de la protección de los ‘valores familiares’. Sin embargo, a partir de nuestras investigaciones y de las pruebas de las que disponemos, sabemos que no existe una forma de familia ‘normal’ y que, de hecho, nunca ha existido”, señaló Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. “Este informe rebate ese movimiento al demostrar que las familias, en toda su diversidad, pueden ser defensoras cruciales de la igualdad de género, siempre que las personas responsables de adoptar decisiones promuevan políticas auténticamente basadas en las formas de vida actuales, otorgando un lugar central a los derechos de las mujeres”.

Sobre la base de datos mundiales, análisis innovadores y estudios de casos, el informe muestra la diversidad de familias que existe en todo el mundo y ofrece sólidas recomendaciones para garantizar que las leyes y las políticas ayuden a las familias de hoy en día y respondan a las necesidades de todos sus miembros, especialmente las mujeres y las niñas. El estudio incluye además un análisis del costo que conllevaría la implementación de tales políticas.

Entre las tendencias observadas cabe destacar las siguientes:

  • La edad al contraer matrimonio ha aumentado en todas las regiones, al tiempo que las tasas de fecundidad han disminuido y las mujeres han ganado autonomía económica.
  • A escala mundial, poco más de un tercio del total de los hogares (un 38 %) están formados por parejas con hijas e hijos; también son muy comunes las familias ampliadas, que incluyen a otros parientes y representan un 27 % del total.
  • La inmensa mayoría de las familias con un solo progenitor (que suponen un 8 % del total de los hogares) están encabezadas por mujeres, que tienen muchos problemas para conciliar el trabajo remunerado, la crianza de sus hijas/os y el trabajo doméstico no remunerado. En todas las regiones son cada vez más visibles las familias formadas por parejas homosexuales.

En el informe se aprecia que las familias pueden ser espacios de cuidado, pero también de conflicto, desigualdad y, demasiado a menudo, también de violencia. En la actualidad, 3000 millones de mujeres y niñas viven en países en los que la violación en el matrimonio no está explícitamente tipificada como delito. Pero la injusticia y las violaciones también adoptan otras formas. En uno de cada cinco países las niñas no tienen los mismos derechos sucesorios que los niños, mientras que en otros (concretamente en 19 países) las mujeres están obligadas por ley a obedecer a sus esposos. En torno a un tercio de las mujeres casadas que viven en países en desarrollo manifiesta que tiene poco o nada que decir sobre la atención de su propia salud.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral continúa aumentando de manera significativa, pero el matrimonio y la maternidad reducen sus tasas de participación en el mercado de trabajo y, por tanto, los ingresos y beneficios asociados a dicha participación. En todo el mundo, poco más de la mitad de las mujeres de 25 a 54 años se encuentra económicamente activa, una proporción que se eleva a dos de cada tres en el caso de las mujeres solteras. Por su parte, el 96 % de los hombres casados se encuentra activo, según muestran los datos del nuevo informe. Una de las principales causas de estas desigualdades es que las mujeres continúan realizando el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres en ausencia de servicios de cuidados asequibles.

El informe pone de manifiesto ciertos avances positivos en el terreno de la licencia parental, ya que su disfrute por parte de los padres ha aumentado, sobre todo en países en los que existen incentivos específicos —como cuotas para padres—, que reservan para ellos una parte intransferible de la licencia; si esta no es utilizada, se pierde.

El informe destaca asimismo los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y sus familias cuando migran. Una normativa injusta implica que no todas las familias tienen derecho a la reunificación familiar y que, a menudo, muchas de ellas quedan excluidas del acceso a los servicios públicos. Cuando la condición migratoria de las mujeres está vinculada a sus parejas, puede resultar para ellas muy difícil o imposible huir de relaciones violentas.

El informe incluye un llamado dirigido a responsables de la formulación de políticas, activistas y cualquier persona a transformar las familias en espacios de igualdad y justicia, en los que las mujeres tengan voz y capacidad de elección, además de tener garantizada su seguridad física y económica.

Algunas de las recomendaciones que se plantean en el informe para lograr este objetivo incluyen:

  • Modificar y reformar las leyes sobre la familia para asegurar que las mujeres puedan elegir si desean casarse, cuándo y con quién; que contemplen la posibilidad del divorcio si es necesario; y que permitan a las mujeres acceder a los recursos familiares.
  • Reconocer las diversas formas de unión con el fin de proteger los derechos de las mujeres, tanto los de aquellas que conviven con sus parejas hombres como de las que viven en parejas homosexuales.
  • Invertir en servicios públicos, en especial en educación y atención de la salud reproductiva, de manera que aumenten las oportunidades vitales de las mujeres y las niñas y estas puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre su vida sexual y la crianza de sus hijas e hijos.
  • Considerar la posibilidad de implantar la licencia parental remunerada y de prestar apoyo estatal para el cuidado de niñas/os y de personas de edad al diseñar sistemas de protección social integrales que puedan ayudar a sostener a las familias.
  • Garantizar la seguridad física de las mujeres mediante la implementación de leyes y políticas dirigidas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y proporcionar acceso a la justicia y a servicios de apoyo a las sobrevivientes de violencia.

En el marco de un análisis realizado para este informe se constató que la mayoría de los países podría implementar un paquete de políticas —incluso de apoyo económico a lo largo de la vida, atención sanitaria y servicios de cuidados para menores y personas de edad— por un costo inferior al 5 % de su PIB.

Garantizar que las familias sean espacios de igualdad y justicia no es sólo un imperativo moral, sino que además es esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda más amplia del mundo destinada a garantizar el progreso humano.

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