Otro juicio contra Milagro Sala cuestionado por «parcial»

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Otro juicio contra Sala que sigue detenida hace más de un año. Foto: Edgardo Varela

Con un Tribunal cuestionado por su «parcialidad», hoy por la tarde se dará inicio en Jujuy, a las audiencias del juicio más importante que enfrenta Milagro Sala, con una pena que podría superar los 10 años de prisión.

La referente de la Tupc Amaru, está imputada en una causa por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en el marco de la investigación por el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas populares en Jujuy, por una suma de más de 60 millones de pesos.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy, presidido por la jueza María Alejandra Tolaba, habilitó las ferias para dar inicio a las audiencias que, se prevé, terminen en septiembre. Además de Sala, están imputados más de 30 personas, entre integrantes de la Tupac y funcionarios públicos.

Desde la defensa de Sala, apuntan a que Tolaba plagió un fallo de la Cámara de Casación Federal para rechazar la prueba testimonial, documental y el pedido de nulidad de la elevación a juicio. De esta manera, “privó a los imputados del derecho a contar con jueces imparciales e independientes y afecta decididamente su derecho a la defensa”, denunciaron.

Para la Fiscalía, está «acreditado que Sala ha dirigido, organizado y ordenado (…) mediante el despliegue de medios intimidatorios, y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo» una asociación con «el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio», en el marco del programa de viviendas «Mejor Vivir II».

“No hay una sola mención de fechas, referencias temporales sobre cuándo habría empezado a funcionar la asociación ilícita, cuándo habrían sucedidos los supuestos hechos bajo juicio ni la modalidad que siguieron”, retrucó días atrás desde el diario Página 12, Matías Duarte, uno de los abogados de Sala.

Este es el cuarto juicio que enfrenta la dirigente social jujueña, que se encuentra detenida desde enero de 2016, y que también fue condenada por un acampe de 50 días realizado frente a la gobernación de Jujuy en reclamo de mejoras sociales, lo que provocó el rechazo internacional y el pedido de su libertad por considerarlo una condena política.

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