Desde Campo de Mayo, el presidente Mauricio Macri anunció una nueva política de seguridad Nacional que prevé la «colaboración» de las Fuerzas Armadas en tareas de «seguridad interior», algo prohibido por las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior y el decreto 727 de 2006.
Según el Jefe de Estado, los militares darán «apoyo logístico en la zona de fronteras», así como ante eventos que el Poder Ejecutivo considere «de carácter estratégico». Además, tendrán como misión la «custodia y protección de los objetivos estratégicos», como por ejemplo reservas de recursos naturales, centrales nucleares, termoeléctricas, yacimientos como Vaca Muerta, y edificios del Estado.
Acompañado por el ministro de Seguridad, Oscar Aguad, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, pidió «avanzar en un debate de la reforma del sistema de defensa nacional» para «enfrentar los desafíos del Siglo XXI».
También se comprometió a «poner en valor a la familia militar» y mejorar salarios y beneficios sociales de los integrantes de las tres fuerzas.
Apenas días atrás, las Fuerzas Armadas habían rechazado la iniciativa del Ejecutivo de transferir efectivos militares a las fuerzas de seguridad para participar de tareas de seguridad interna por «resultar incompatible» e «inconveniente», según las leyes vigentes
