Infancia en deuda: 14 años después se crea el cargo de Defensor de DD de niñxs y adolescentes.

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Tras 14 años de demora, finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación designó a la abogada Marisa Graham como titular de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación. Se trata de un instituto que es fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia en todo el país. Ahora solo falta el acuerdo del Senado, por lo que se espera que ese trámite se cumpla sin mayores demoras.

El aval de los legisladores nacionales para Graham llega en un momento muy especial para la infancia en la Argentina.

Es que las políticas de duro ajuste aplicadas en los últimos años modificaron drásticamente el entorno social y económico de muchos niños y adolescentes a lo largo y ancho del país.

Según Unicef, casi la mitad de los argentinos menores de 17 años viven hoy en situación de pobreza, padeciendo serios problemas derivados de la falta de acceso a la educación, a una vivienda digna, a un servicio adecuado de agua potable, a la salud, a la protección social y al saneamiento.

La situación es muy seria y, en ese sentido, la nueva defensora, que fue elegida por unanimidad en la comisión bicameral creada para tratar la designación, tendrá un arduo y complejo trabajo por delante. Cabe recordar que este cargo estaba vacante desde su creación, en el año 2005, cuando se sancionó la Ley nacional 26.061.

La flamante funcionaria, que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y se desempeñó como directora de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, deberá poner en marcha la Defensoría, desde cero. Y es de esperar que no encuentre obstáculos a su labor, ya que en el actual contexto de crisis, la infancia no puede esperar.

La acompañarán en ese enorme desafío los defensores adjuntos, que también fueron designados por la Cámara de Diputados de la Nación: el abogado e integrante de la organización Derechos de la Infancia y de la Adolescencia; Juan Facundo Hernández y el politólogo e investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fabián Repetto.

La Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación tendrá, como se dijo, mucho trabajo. Deberá coordinar su labor con la de los demás organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales, que deben velar por los derechos de los chicos, especialmente aquellos niños y adolescentes que hoy sufren el drama de la pobreza y la indigencia y que son los que tienen casi todos sus derechos vulnerados.

La infantilización de la pobreza es, hay que decirlo, un fenómeno de la Argentina de los últimos años y condiciona el futuro de millones de chicos de todo el país. Por eso es de esperar que esta Defensoría, que viene a cubrir un vacío institucional, esté funcionando a pleno en un tiempo razonable para que no se demore más la atención, especialmente a los más pequeños, que sienten con mayor dureza el impacto de la pobreza material. Son los niños que comienzan el día sin la posibilidad de contar con un alimento nutritivo y también los que se ven obligados a realizar trabajos peligrosos. Este tipo de situaciones, además de vulnerar los derechos más elementales de la infancia, dificulta la capacidad cognoscitiva y el crecimiento físico de niños y adolescentes.

Acaso sea necesario remarcarlo una vez más: la infancia es la etapa más importante de la vida de un ser humano, porque en ese período es donde se va configurando gran parte del desarrollo emocional, físico e intelectual de las personas. Por eso es importante que se ponga en marcha el instituto del Defensor del Niño, Niña y Adolescentes, porque es necesario que se protejan los derechos y se visibilicen los problemas de la infancia. De lo que se trata es de priorizar la defensa de todos sus derechos en la agenda de políticas públicas, para saldar así una vieja deuda que tiene la democracia con la niñez en Argentina.

Como bien señalara la abogada Graham a poco de ser designada en el nuevo cargo por la Cámara de Diputados de la Nación, la figura del defensor tiene que atender todo lo que tiene que ver con esos derechos vulnerados, reclamando para que, sin dilaciones, sean reparados.

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