Todavía falta más de un mes para que el presidente electo Lula da Silva asuma sus funciones en el Palacio do Planalto y la banca y grupos empresariales ya están ejerciendo una presión impúdica sobre el futuro gobierno. Una declaración de Lula sobre la importancia de la política social y la lucha contra el hambre por encima de la supuesta austeridad del gasto público, provocó una oleada de declaraciones desproporcionadas por parte de sectores representativos del poder económico. De hecho, uno de ellos incluso amenazó con que si Lula continuaba “combatiendo” el mercado, la destitución (impeachment) de su gobierno -que asume en enero de 2023- no tardaría mucho tiempo en ser consumada.
La prepotencia de estos sectores sigue siendo reforzada por la prensa, que se hace eco del chantaje que ejercen los grupos económicos que temen perder sus privilegios y control sobre los trabajadores, manteniendo la contracción salarial y prácticas contrarias al mundo del trabajo con el reforzamiento de la precariedad y la pérdida de los derechos laborales consagrados en el gobierno de Bolsonaro.
Las conquistas experimentadas por los sectores populares y la clase obrera durante los gobiernos del PT fueron consideradas insoportables por los poseedores del gran capital, que han sostenido su “éxito” económico y competitividad internacional al ritmo de la explotación extrema de los trabajadores, como ocurre en la inmensa mayoría de países de la región. La gran vulnerabilidad de los trabajadores implica, específicamente, aprovecharse de una enorme posibilidad de extraer riqueza de los sectores laborales, lo que resulta ser una especie de mantra mágico para los empresarios codiciosos y atrasados.
Por ejemplo, para estas clases resultaba intolerable la posibilidad de que las trabajadoras del hogar pudieran viajar en avión a Miami o que un subordinado pudiera comprar un automóvil. Lo anterior no sólo expone una repulsión cultural de las clases medias brasileñas, sino que sobre todo representa un indicador de que la prosperidad económica de la clase asalariada es simplemente inaceptable para los estándares de explotación a los que aspiran los segmentos empresariales.
Si la reacción de los representantes de la industria y las finanzas parece demasiado histérica, puede ser precisamente porque su vehemencia pretende enmarcar y constreñir al futuro gobierno en una camisa de fuerza presupuestaria que no afecte sus intereses. Este sería el caso de legislar con urgencia una reforma tributaria que grave progresivamente las fortunas y ganancias de las grandes empresas con el fin de obtener los recursos necesarios para financiar los programas sociales del gobierno entrante.
En suma, el alarmismo expresado por los representantes del capital y la invocación de la mencionada responsabilidad fiscal solo confirman una estrategia de disimulación de sus espurios intereses que en ningún caso pueden confundirse con los intereses de la nación y del pueblo brasileño. Guardaron silencio durante los cuatro años del régimen de Bolsonaro, tolerando y aceptando sin reservas todas las ilegalidades y las numerosas violaciones del “techo de gastos” infringidas por el actual gobierno.
Brasil y su herencia maldita
Una de las consecuencias más desastrosas del arraigo del bolsonarismo neofascista en la sociedad y el Estado brasileños fue el bloqueo del futuro. La necropolítica de Jair Bolsonaro y sus hordas bárbaras infundió miedo en las personas, estimuló la privatización, buscó restringirlas al espacio vital de la mera supervivencia, del miedo atomizador que refuta la auténtica política como expresión de lo común, de la relación fértil entre los cuerpos. y mentes activas. Porque al secuestrar la esfera pública de los argumentos, sometiéndola a los delirios paranoicos de los algoritmos de la extrema derecha, Bolsonaro cerró las instituciones a las energías provenientes de la manifestación pluralista de los diversos actores políticos, especialmente de los trabajadores brasileños, las clases proletarias, mientras imponía su pauta de costumbres en detrimento de los temas estructurales de la agenda. Junto a esto, cabe mencionar también la obra de degradación del lenguaje, ahora norteado por la abyecta pornografía de un discurso intolerante, ávido de destrucción física y simbólica de los enemigos.
Dinámica autocrática de este bolsonarismo que corrompió la dialéctica contradictoria del conflicto saludable que modula la construcción intersubjetiva del Estado Democrático de Derecho. En ese sentido, el ascenso de Bolsonaro como consumación del movimiento golpista iniciado en 2016 con la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff, marca el éxito de la estrategia de las clases dominantes y los aparatos estatales de revisar la idea de Brasil, del proyecto de país, al preferir resucitar el pasado reaccionario de la Antigua República y restaurar la tradicional inserción agraria y pasiva en las relaciones económicas internacionales, erosionando los cimientos de la Constitución del 88, sus fundamentos, principios y mandatos.
De hecho, estrecharon los cauces de la Sociedad Civil, de los circuitos de la economía política, al optar por un modelo de desarrollo subalterno, mezquino, ceñido al rol de productor de mercancías agrícolas y divorciado de la construcción de una nacionalidad sustantiva, de carácter nacional-popular, porque integrando a todo el pueblo y su potencial productivo, creativo, una economía con un ritmo intenso y armonizador de los diversos Brasil, de las diferentes regiones que lo componen.
Además de socavar la cultura brasileña estigmatizando los elementos africanos que guían nuestras actividades religiosas y cotidianas, estigmatizando a los nordestinos, persiguiendo tenazmente a las mujeres, a los homosexuales, a los “diferentes”, en un triste espectáculo de hostilidad hacia las bases de la diversidad nacional. Al contrario de reconocer al Otro como referente intrínseco de la alteridad que nos constituye, el fascismo predica su negación perentoria, más aún, su transformación en causa de todos los males del país. Se crea así la antecámara de la “Solución Final”, de la purga, eliminación de quienes se apartan o divergen de la voz monótona del sistema.
Agenda Inmediata y Mediata para la reconstrucción democrática
Brasil necesita más que nunca retomar su proceso de construcción, o más bien su reconstrucción, luego del desmantelamiento general de las instituciones, derechos, prerrogativas y garantías establecidas en la Constitución Ciudadana del 88. La primera y urgente tarea es romper con los cercos establecidos por los sigilos indecorosos del gobierno Bolsonaro sobre los datos del Estado. Presupuesto secreto, encubrimiento de varios esquemas de corrupción -incluyendo la familia de milicianos en el gobierno-, maquillaje, falsificación de información, destrucción de computadores que almacenaban datos de la Administración Pública son algunos de los ejemplos antirrepublicanos de la práctica gubernamental de Bolsonaro.
Sin acceso a toda esta información, no es posible establecer escenarios de gobernanza y mucho menos definir la planificación, las inversiones necesarias para el rescate y promoción de los derechos sociales a la educación, salud, vivienda, aumentos anuales del salario mínimo, aumento de fondos para universidades, para microcréditos, para el fomento de la innovación tecnológica, la cultura, etc. Después de todo, la ciudadanía vista desde una perspectiva concreta requiere una mayor y más efectiva presencia del Estado como instrumento de soberanía popular, especialmente frente a las desigualdades sociales.
Otra tarea es la impostergable lucha contra el hambre, el control de los precios de los productos básicos a través de una política de precios que valorice el consumo interno masivo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, ya que toda la producción de alimentos se orienta exclusivamente a la generación de divisas en el mercado exterior. Brasil produce proteína animal, soja, naranjas, maíz y tantos otros tipos de alimentos para ser enviados a Europa, Estados Unidos, China, mientras más de 33 millones de habitantes padecen el hambre más atroz.
No menos importante porque tiene repercusiones en las propias condiciones materiales de vida de las personas es la recuperación de la agenda democrática entre nosotros. El socavamiento del régimen de derechos fundamentales, los ataques al poder judicial como instancia autónoma de viabilidad de la ciudadanía, así como la desmoralización del poder legislativo por la acción del dinero, de los negocios inconfesables hechos en la oscuridad de la noche, demuestran inequívocamente la dificultad de reequilibrar los poderes del Estado, reajustándolos a las aspiraciones populares y a los dictámenes programáticos de la Carta Fundamental.
En ese sentido, también se destaca la delicada cuestión de repensar la relación entre la sociedad brasileña y las Fuerzas Armadas. La acción tutelar que históricamente ejerce el poder militar sobre las instituciones siempre ha rondado como amenaza y realidad en una historia plagada de Golpes de Estado, que lamentablemente trae consternación y desaliento. Desde 2014, esta situación se ha deteriorado debido a la fragilidad de la hegemonía burguesa, de sus partidos y asociaciones, en la vida pública.
Por ello, las clases dominantes recurrieron nuevamente al Ejército como una especie de “poder moderador” para contener a “los de abajo”. Oficiales de irrefrenable vocación autoritaria y estamental, convencidos de su auto atribuida supremacía de representantes “técnicos” de la nacionalidad. El viejo argumento que emana de los escritos del ultraconservador, ideólogo de la derecha nativa, Oliveira Viana, sobre la necesidad instrumental del autoritarismo como medio de llegada errática a una siempre futura e improbable “democracia”.
La seguridad pública, por ejemplo, debe reservarse a los civiles, las líneas generales de articulación complementaria entre la preservación de la vida, el plexo de derechos y la justicia social a realizar por la acción estatal. El papel central de las Fuerzas Armadas en la trama del golpe de 2016 y en la asunción del neofascista Bolsonaro al gobierno hizo explícita la perseverancia autocrática de esta institución en nuestras vidas y su completo divorcio del pueblo y de sus demandas materiales y subjetivas. Actúan como el brazo operativo del Capital Financiero Internacional y del imperialismo estadounidense, rompiendo con todo rastro de desarrollo soberano, de inscripción activa en la economía y la política mundial.
Sin resolver este cuello de botella, viviremos eternamente bajo la sombra de las botas militares. La misma preocupación que deberíamos tener con la cuestión agraria, con el latifundio que genera cautivos que quedan fuera de los derechos y acceso a los bienes básicos, además de reproducir aspectos coloniales en nuestra formación sociopolítica y cultural. Así como la indispensable cuestión de la regulación normativa, constitucional de los medios, frenando así el poder mastodóntico del Capital en los medios. La práctica oligopólica, el cruce de propiedad de los medios de información, la selectividad partidista de los dueños de la TV, la radio y los diarios, necesitan ser enfrentados adecuadamente si queremos una democracia en Brasil.
Finalmente, es imperativa una reforma profunda del sistema de justicia en Brasil. Abrir la ley y su dicción a la mayoría, profundizar el diálogo participativo sobre la Constitución y el apoyo programático vinculante de los poderes y agentes públicos es dramáticamente indispensable. El hacinamiento de penitenciarías con negros, la barbarie institucionalizada del racismo en la policía, la militarización de la seguridad y el reclutamiento elitista de miembros del sistema de justicia son prueba ineludible de la inviabilidad de sus prácticas con el Estado de Derecho.
Sin embargo, tales cambios, inversiones prioritarias, reconstrucciones institucionales se realizarán en un contexto complejo, junto a un frente amplio y contradictorio, sin olvidar las fricciones en las calles auspiciadas por el protofascismo bolsonarista. Una extrema derecha que no está dispuesta a participar en el juego democrático, sin duda, seguirá enfrentándose con decisión a los avances del gobierno y tratando de bloquear todas y cada una de las políticas diseñadas en beneficio de la población.
Pero, a su vez, el gobierno que se inicia el 1 de enero de 2023, también tendrá que hacer uso de todo su arsenal y repertorio de movilizaciones para mantener intacto el apoyo popular y expandirse permanentemente en diferentes territorios, barrios populares, sindicatos, universidades, centros comunitarios, organizaciones y movimientos sociales, y de esta manera, convocar a una actividad permanente y entusiasta que apoye las transformaciones apremiantes que necesita la nación para destrabar su futuro.
