No se trata del Negrito, no se trata de dos militares genocidas más; se trata de una política sistemática de impunidad. Es hora de enfrentarla con una Reforma Judicial Verdadera
Ante la decisión de la Corte Suprema de devolver el expediente de los militares genocidas Fragni y Harsich a la Cámara Federal de Casación Penal luego de retenerlo ocho años, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, cuya vicepresidenta es Iris Pereyra madre del Negrito Floreal y que desde 1976 interviene en la causa (desde que el Dr. Julio Viaggio presentara Habeas Corpus por Floreal y luego reclamara la identificación de los cadáveres aparecidos en el Río de la Plata, del lado uruguayo), repudia dicha decisión y acusa a la Corte Suprema de ser la articuladora de las políticas de impunidad que al día de hoy tienen triple identidad: la impunidad biológica, la del poder económico y la impunidad de los condenados.
La impunidad biológica consigue por infinitas demoras que más y más genocidas mueran sin condena firme, técnicamente inocentes como el caso del General Alcides López Aufranc ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército en 1969, reconocido introductor de la Escuela Francesa de torturas y luego presidente del directorio de la empresa ACINDAR del cual pedimos en el año 2014 indagación e imputación por el Operativo Serpiente Roja (1975) y sus consecuencias, pero que merced a la complicidades de los Jueces Oyarbide y Bailaque, jamás se concretó.
La impunidad del Poder Económico podría demostrarse en la misma causa ACINDAR, iniciada por denuncia de los dirigentes obreros del Villazo, Alberto Piccinini, Carlos Sosa y Tato González, con la participación de nuestra Liga en el año 2010 en Comodoro Py, que luego pasó a Rosario, que fue impulsada por el equipo de fiscales que encabezan los Dres. Murray y Villate pero saboteada incansablemente por la Cámara Federal de Rosario y el Juez Instructor ya citado, Marcelo Bailaque.
La impunidad de los condenados se compone de diversas políticas. La primera fue, y sigue siendo la principal, transformar las detenciones en “domiciliarias” de modo tal que de los casi mil genocidas condenados, el 70%, unos 660 viven en sus amplias propiedades, sin control estatal y gozando de las fortunas que acumularon en función de sus rangos y delitos. El caso Fragni/Harsich muestra que se puede torcer hasta una decisión de un tribunal oral mediante los infinitos recursos y chicanas jurídicas, avaladas con “premeditación y alevosía” por un Poder Judicial que no se resignó nunca a los avances conquistados por la lucha popular, encabezados por los organismos de derechos humanos.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos fuimos parte de los que afirmamos, bajo el macrismo, que con presos políticos del Lawfare, no había democracia; teníamos razón. El Lawfare modeló radicalmente el Poder Judicial de modo tal que se ha tornado integralmente un instrumento de dominación colonial, negación del Genocidio y garante de la impunidad para Macri, Bulrrich y sus cómplices.
La conquista de una Reforma Judicial Verdadera (no queremos maquillajes como la prometida nueva instancia de Poder entre la Corte y las otras instancias que como en el caso de Casación rápidamente se transforman en nuevas trincheras de la impunidad) se hace imprescindible para conquistar la democracia en la Argentina.
JUSTICIA POR FLOREAL EL NEGRITO AVELLANEDA
EL ÚNICO LUGAR PARA LOS GENOCIDAS ES LA CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA
NUNCA MÁS
Fuente: La liga por los DDHH
