El Sindicato Trabajadores Viales y Afines rechazó el decreto 659/19, que autorizó a la empresa Corredores Viales S.A. a administrar cinco corredores del organismo público nacional (DVN), y afirmó que la decisión procura «perdonar» las «variadas irregularidades producidas» durante la actual gestión administrativa.
La organización sindical, que conduce Graciela Aleñá, aseveró en un comunicado de prensa que la determinación oficial «se entromete con las funciones de Vialidad Nacional», y es «una maniobra que avanza en la destrucción del organismo público y convalida la oportuna denuncia gremial ante la prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones».
Jorge Campanile, referente de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, desmintió que los empleados que cumplen tareas en los cinco corredores vayan a sumarse a la planta del Estado, ya que tienen una vinculación de derecho privado regida por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, según el decreto 794/17 en declaraciones radiales en el programa Rompiendo Limites.
No es casualidad que este decreto salga en forma posterior a la denuncia penal que realizamos. Estos contratos que habían vencido en abril de 2017 y fueron prorrogados en forma arbitraria e ilegal por el ingeniero Iguacel y el ministro Dietrich, no quedan salvados por el decreto publicado. No se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30.000 millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje. Ante eso los imputados tendrán que responder” aseguraron a través de un comunicado.
La denuncia penal del gremio recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y, la investigación, le compete al fiscal Eduardo Taiano, quien imputó a las autoridades de Vialidad y de Transporte por «negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño de funciones y violación de deberes».
