Recientemente se ha conocido la fecha de inicio de juicio oral contra Héctor LLaitul Carrillanca, werken de la Coordinadora Arauco Malleco, para el próximo 12 de marzo. Desde su defensa anuncian un recurso de reposición que tiene por finalidad ajustar a la ley vigente el comienzo de la audiencia de juicio oral, ya que estaría fuera de norma, contraviniendo la ley procesal penal.
La fecha de inicio de juicio es una de las tantas irregularidades y vicios que ha tenido el proceso, desde su detención, que llevan adelante el Ministerio Público, Gobierno, forestales y latifundistas contra Héctor Llaitul. Presión institucional y mediática dieron paso al posterior cambio de una jueza que pretendía no aceptar testigos protegidos, se amplía la querella por Seguridad Interior del Estado, a robo de madera, atentado a la autoridad y usurpación. Con una nueva jueza, se rechazó parte importante de la prueba y testigos de la defensa, y, a su vez, se aceptaron los testigos protegidos, en definitiva, toda la prueba de Fiscalía.
Por otro lado, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo se refirió a la solicitud de 25 años de cárcel por parte del Ministerio Público como parte de un proceso judicial en el cual confiaban y lo mismo para el establecimiento de las penas, desligándose completamente de la incidencia del Ministerio del Interior en estos procesos, liderado por Carolina Tohá. Vallejo no fue consultada tampoco sobre el cambio de jueza y el uso de testigos protegidos, o cómo se puede perseguir penalmente las declaraciones y planteamientos de una organización política territorial Mapuche en una democracia.
Compartimos a continuación las apreciaciones, por medio de un escrito que nos hizo llegar Héctor Llaitul, PPM actualmente recluído en cárcel concesionada Biobío en Concepción, octava región.
Un proceso irregular desde la detención
«Mi situación es la siguiente; fui detenido en agosto del año pasado, por una querella presentada en el gobierno de Piñera y después ampliada en el gobierno de Boric. Una querella por Ley de Seguridad del Estado, que, al momento de mi detención, contaba con tres años de investigación al respecto. Una vez detenido, en la formalización queda claramente establecido que iba a haber dos meses más de investigación para determinar un juicio. En concreto, llevo prácticamente un año y medio en prisión y aún no tengo el mínimo derecho a un juicio con mínimas garantías procesales. Recién se determinó para marzo del próximo año.
El punto es que, desde que fui detenido, tengo la convicción de que todo el proceso está ya viciado y ha sido muy irregular. Primero, por el tiempo que se ha extendido mi prisión preventiva. En segundo lugar, la preparación de juicio tuvo bastantes dilataciones, obviamente, para favorecer la acusación y crear las condiciones para una eventual condena. De hecho, la Fiscalía y querellantes lograron sacar a la jueza de la causa, lo cual es un hecho inédito y sienta un muy mal precedente judicial. Se impuso a otra jueza que en los hechos acogió toda prueba y todo el argumento de la Fiscalía. A lo anterior, se suma que en el transcurso del proceso se fue ampliando la querella en mi contra a otros hechos, como el supuesto robo de madera y el delito de atentado contra la autoridad, de lo cual la prensa de derecha cubre con afán. Y es aquí donde surge la figura de los testigos protegidos, lo cual finalmente se impone, junto con el ingreso de una serie de documentación y peritos que no estaban contemplados inicialmente. Un ejemplo de esto son los supuestos peritajes criminológicos para determinar un perfil en mi contra, que en el fondo pretende no solo contaminar al tribunal sino causar un efecto mediático, de que soy «un terrorista» que estaría supuestamente aislado de la causa mapuche, prueba documental que nada tiene que ver con los hechos que se me imputan.
Y lo último, es esto de determinar que el juicio sea prácticamente cinco meses después de la etapa de preparación, contraviniendo la norma que dice claramente que no debiera ser más allá de 60 días. Resulta necesario también denunciar que la prensa oficial solo ha hecho eco de lo que dice la Fiscalía, el Gobierno y la derecha empresarial, y oculta lo que verdaderamente está detrás de éste procesamiento, así como de otros en contra de destacados weichafe mapuche, porque a mi entender lo que existe en el fondo es persecución política por parte del sistema representado por el Estado chileno y los intereses empresariales en contra de la causa mapuche autonomista, principalmente de aquella que sustentamos ideas-fuerza y planteamientos para la reconstrucción de la Nación Mapuche.
Es la expresión de la persecución política, ideológica y cultural al pueblo Mapuche
Es por lo anterior que puedo afirmar sin temor a equivocarme que mi juicio será esencialmente político, porque aquí lo que se pretende es enjuiciar y condenar una propuesta política para la liberación de la Nación Mapuche. Lo cual, por cierto, es una expresión encarnada en una organización autonomista de la que soy parte, razón por la cual, siempre han querido armar y aplicar un nuevo tipo de legislación o jurisprudencia no solo para la criminalización sino para el exterminio de las organizaciones mapuche en resistencia. Así debe entenderse la persecución a las vocerías que representan la verdadera lucha territorial y autonómica; se persiguen las entrevistas, las opiniones vertidas, se persiguen las ideas fuerza del movimiento autonomista y revolucionario. Por lo tanto, estaremos en presencia de un juicio eminentemente de persecución política, ideológica y cultural al pueblo mapuche.
Que me pretendan involucrar al robo de madera o supuestos atentados contra la autoridad es artificioso y parte de un montaje, que solo tiene como objetivo encubrir la persecución racista y de intolerancia de la propuesta mapuche. Acusaciones de las cuales no tienen absolutamente ninguna prueba contundente, ningún antecedente que me relacione. Lo concreto es que en mi caso no tienen absolutamente ninguna prueba y es por dos razones muy fundadas en mi condición de weichafe y militante orgulloso de la causa mapuche revolucionaria, una, porque mi organización jamás planteó este tipo de prácticas y, dos, porque nosotros los weichafe camche y yo particularmente, somos esencialmente anticapitalistas y nada tenemos que ver con el extractivismo en nuestra mapu, y menos nos hemos involucrado en el circuito y método comercial de la industria forestal, que tanto daño ha causado al mundo mapuche y a los territorios ancestrales.
Persecución direccionada contra el movimiento mapuche autonomista
Y, por último, indicar que esta situación de persecución política por la vía de los tribunales chilenos es parte de un complejo institucional opresor, que pretende una legitimidad en un orden jurídico y de justicia, pero cuyo verdadero objetivo es direccionar la represión hacia las vanguardias más consecuentes y valientes del movimiento mapuche autonomista. Es una persecución selectiva hacia aquellos que abrazamos con más fuerza la lucha territorial y política para la reconstrucción de la Nación Mapuche. En efecto, hay una orientación y una posición bien direccionada que se manifiesta en los procesos judiciales, pero también en la forma de cómo se mantiene prisioneros a los weichafe. Es un tipo de represión en varios sentidos que pretende doblegar aún en condiciones de rehenes del Estado chileno. Así debe entenderse la situación del peñi Mardones en Valdivia, del hostigamiento en los diversos módulos comuneros como en Temuco y, claro, en la negación de todos los derechos fundamentales que nos asisten como mapuche y que dicen relación con la diferenciación cultural e idiosincrática, y que no se respetan aquí en el penal Biobío de Concepción.
