Julio Gambina: Argentina en shock de ajuste y devaluación.

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La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.

Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados.

El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EEUU.

Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas.

Consolida así a la Argentina como una economía de especulación, que junto a la inflación y la consecuente recesión castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.

Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.

Shock de ajuste

En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020,  anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018.

Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones

Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.

Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.

El déficit financiero se eleva en 2020 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.

Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.

Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.

Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.

En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.

Son dos las cuestiones a destacar al respecto.

Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.

Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.

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