El Parlamento salvadoreño le prorrogó el “régimen de excepción” incluso hasta después que se realicen las presidenciales de febrero.
Nayib Bukele se convirtió en la nueva guía de la derecha del continente y muy especialmente de la argentina, que se regocijó cuando el controversial presidente de El Salvador pronosticó hace unos días que el Congreso y la Justicia de la Argentina buscarán hacer tropezar a las reformas impulsadas por la flamante administración de Javier Mile, al tiempo que le alertaba: “En una economía tan frágil, una mala decisión puede costar muy caro”.
A él, en cambio, el parlamento le obedece con religiosidad. Esta semana hubo una nueva demostración. “Hoy vamos a aprobar la prórroga… Vamos a continuar con estas medidas hasta que acabemos con el último de los ‘pandilleros’”, anunció Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, uno de los soldados de Nuevas Ideas, partido conducido por Xavier Zablah Bukele, primo del actual presidente.
El autoproclamado como “dictador cool” no sólo cuenta con una vasta popularidad: obtuvo casi sin chistar que 67 de los 84 legisladores le aprobara la 22ª prórroga del «régimen de excepción». Significa que perdura la suspensión de los derechos ciudadanos relacionados al plazo de detención, defensa e intervención a sus telecomunicaciones. Además, la extensión estará vigente hasta el 10 de febrero, plazo que incluye obviamente el 4 de febrero: ese domingo se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas. Si bien se presupone un contundente triunfo oficialista, por las dudas, Bukele se asegura una libertad de acción ante eventuales “pandilleros” que quieran ganar la calle.
Los legisladores salvadoreños casi no se dedican a otra cosa: la suspensión de garantías constitucionales permite extender el plazo máximo de detención de 72 horas a 15 días, sin la necesidad de informar al detenido de “sus derechos y las razones de detención”. No garantiza la asistencia jurídica, al tiempo que permite la intervención de las telecomunicaciones, por supuesto, sin el requerimiento de una orden judicial. Todo a la medida de Bukele, quien asegura que los poderes vigentes desde el 27 de marzo de 2022, le permitieron la captura de más de 75.100 “pandilleros”, a los que tiene hacinados en cárceles de extrema seguridad y con tratos inhumanos. No tiene inconveniente en publicitarlo mediante horrorosas fotos en las que se ve a miles desnudos, apretujados y dominados como animales por los guardas. En fin.
Las voces discordantes son pocas. Y es cierto que la violencia en El Salvador disminuyó desde 2016, cuando en el Instituto de Medicina Legal reportó 5.280 muertes dolosas. El gobierno se ufanó en declarar que 2023 sólo hubo 194. Pero la asociación Cristosal reportó durante el régimen de excepción 3.695 víctimas de detenciones arbitrarias y otras vulneraciones a los DD HH. Y el organismo Socorro Jurídico Humanitario documentó 220 personas detenidas muertas dentro de las cárceles hasta el 30 de diciembre de 2023.
Fuente: TiempoAR.
