El primo del Presidente y ex ceo de IECSA, Ángelo Calcaterra admitió que «en el marco de presiones recibidas hizo aportes de dinero para campañas electorales». Quedó imputado en la causa que investiga Bonadio, pero salió en libertad por acogerse al régimen de «imputado colaborador».
Acompañado de sus abogados, hoy por la mañana se presentó de manera espontanea en Comodoro Py para declarar en la causa por las coimas en las obras Públicas, que ya tiene detenido a uno de los principales gerentes de su firma durante el periodo investigado.
Iecsa, una constructora que el Grupo Macri vendió al primo del Presidente, fue una de las empresas más favorecidas en la adjudicación de la obra pública entre 2003 y 2015, y tuvo a su cargo por ejemplo, el inconcluso soterramiento del Tren Sarmiento, un contrato de más de 3.000 millones de dólares. El ex director de la firma, Javier Sánchez Caballero, está detenido desde la semana pasada acusado de pagar 8 millones de dólares en soborno y busca ser aceptado como un nuevo imputado colaborador de la causa.
La estrategia de los abogados del ex Ceo, busca respaldar a Sánchez Caballero y hacer hincapié en una supuesta «extorsión» de la que habrían sido víctimas. La diferencia no es menor ya que para el código penal argentino, el soborno es un delito contra la administración pública que implica de igual manera tanto a la autoridad que pide o acepta el beneficio, como el que la otorga.
De aceptarse esta hipótesis seria la primera vez que alguien extorsionado se viera beneficiado con contratos millonarios.
