Según le confirmaron “altas fuentes oficiales” a Clarín Patricia Bullrich “ya trabaja en la implementación de las Taser”, las armas de electrochoque que están prohibidas en muchos países del mundo por ser consideradas instrumentos de tortura.
Dicen allegados a la ministra que “en una primera instancia, se utilizarán en aeropuertos y en los trenes. La idea es hacerlo en lugares de aglomeración donde sólo se puede recurrir al uso de las armas letales en última instancia”.
El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco informó a los medios. Hemos decidido a nivel nacional dotar al personal de estas armas no letales para las situaciones de violencia que se dan, para no tener que usar armas de fuego», dijo y amplió: “Entre el bastón y la pistola faltan armas no letales, para que el personal policial pueda actuar”.
Con la aplicación de un electrochoque de 50 mil voltios, la Taser inmoviliza de forma instantánea a la persona atacada, afectando directamente el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema respiratorio, lo que puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio.
Desde el propio Ministerio informaron que para esta primera etapa Bullrich mandará a comprar unas 300 pistolas. Cada ejemplar cuesta aproximadamente U$S 3 mil, con lo cual se está hablando de unos $ 35 millones, solo para comprarlas. A eso habrá que sumarle el costo de la capacitación a los efectivos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para arrancar, dicen las “fuentes” a Clarín, se hablaría de un costo total de U$S 3 millones, lo que equivale hoy a unos $ 117 millones.
Aseguran desde el entorno de Bullrich que el dinero para la compra está en las arcas del Ministerio, gracias al incremento del Presupuesto 2019 en materia de “seguridad”.
El gobierno parece no haberse enterado que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, de la que Argentina es miembro, afirmó hace ya años que las Taser provocan un dolor intenso y que constituyen una forma de tortura. Si bien son denominadas “armas no letales”, Amnistía Internacional y las Naciones Unidas han manifestado su preocupación sobre su uso, asegurando que las armas podían ser letales y, apoyados en una declaración de la ONU, plantearon que podían constituir una forma de tortura.
