La Cámara de Diputados comenzó a debatir en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano el proyecto de ley que tiene como finalidad establecer presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de los humedales.
El debate inició el 5 de agosto y lo protagonizan profesionales, científicos y referentes de organizaciones ambientales. El mismo encuentra antecedentes en los años 2013, 2015 y nuevamente en 2016, cuando se impulsaran proyectos de la misma índole, aunque sin llegar a buen puerto frente a presiones de sectores productivos.
Los incendios en el Delta del Paraná propiciaron nuevamente la discusión. Actualmente, hay 6 proyectos de ley en el Parlamento destinados a la protección de humedales, cuyas tratativas y aprobación urgen por las consecuencias negativas e irreversibles que representaría su destrucción indiscriminada.
En ese sentido, el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente del Todos), convocó a debatir un proyecto de su autoría para lograr avanzar con un dictamen de consenso de las distintas fuerzas. Para ello, se procura recibir opiniones de la sociedad civil, productores agropecuarios y desarrolladores urbanísticos, así como, especialistas en la materia.
La iniciativa sigue el espíritu de las leyes Nº 26.331 de Bosques y Nº 26.639 de Glaciares, y guarda relación con sus objetivos principales; esto es, la creación de un inventario de los humedales y el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible, a los que deberá ajustarse el Estado, tanto en su jurisdicción nacional como local.
Entre los pormenores del proyecto se destaca una definición de humedal amplia, para que la protección abarque el bien jurídico protegido en su totalidad; un plazo para concluir el inventario de humedales; una moratoria de actividades que continúan depredando los humedales; la centralidad del Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación; una coordinación ágil entre el Estado nacional, provincias e instituciones públicas del sector para evitar la demora en la concreción de las normativas de ordenamiento territorial locales, con participación de la sociedad civil; la creación de un “Fondo Nacional de Humedales”, a los efectos de aplicación esa ley.
A su vez, propone un manejo integral de las cuencas y un sistema de «semáforos», como el aplicado en la Ley de Bosques, para demarcar las zonas de protección y aquellas donde será posible la continuidad de la producción, adaptada a las necesidades ambientales y de los productores locales, a través de la clasificación según los colores rojo, amarillo y verde.
En otro orden, es dable destacar, según la opinión de profesionales intervinientes, que el proyecto no persigue frenar la actividad productiva, sino que ésta deba adecuarse para lograr que sea sustentable. En efecto, sólo una producción sustentable permite encontrar armonía con el ambiente.
En suma, la iniciativa aspira, en línea con las leyes que resguardan otros bienes ambientales y conforme surge de las exposiciones, continuar el camino hacia una visión geocéntrica donde la naturaleza, como bien colectivo, sea el sujeto jurídico protegido.
Es importarte remarcar que los humedales son ecosistemas naturales que ocupan el 21,5% del territorio nacional, equivalente a 600.000 km2, aproximadamente, funcionan como reservorio de agua dulce, y cumplen un rol fundamental para mitigar los efectos de la crisis climática y las inundaciones.
En el debate de hoy, miércoles 26 de agosto, tendrá lugar el 3º de los cuatro coloquios previstos en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Congreso de la Nación.
Fuente: Palabras del Derecho.
