Una asignación irregular de fondos del Ministerio de Vivienda a una fundación ligada a un partido del Frente Amplio ha provocado por ahora destituciones, expulsiones y allanamientos.
Pasan las horas y el escándalo que salpica a la coalición de gobierno de Gabriel Boric en Chile se agrava y erosiona la aureola de honradez y transparencia del proyecto del mandatario izquierdista.
Se trata del caso ‘Democracia Viva’, una fundación vinculada a Revolución Democrática (RD), uno de los partidos nucleares de la coalición oficialista Frente Amplio, que está siendo investigada por contratos millonarios con el ministerio de Vivienda.
Todo estalló hace algunas semanas, cuando el medio Timeline, de la Región de Antofagasta, reveló que la secretaría regional de Vivienda, a cargo en ese momento de un militante de RD, Carlos Contreras, le entregó 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la fundación, cuyo representante legal era Daniel Andrade.
Andrade era militante de RD, funcionario del Ministerio de Defensa y pareja de la diputada por ese partido en Antofagasta, Catalina Pérez.
Supuestamente, ese dinero debía invertirse en obras en asentamientos precarios de una región con muchos problemas de vivienda. Ante las irregularidades, la Fiscalía decidió abrir una investigación por supuesto tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
Poco después de estas revelaciones, Contreras dimitió de su cargo, y tanto él como Andrade fueron expulsados del partido. También rodó la cabeza, a pedido de Boric, de la segunda del ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, por no haber informado de inmediato, pese a que sabía del caso ‘Democracia Viva’.
Allanamientos y querella
Con el paso de los días, la bola se fue haciendo más grande. La Policía de Investigaciones allanó el viernes la sede regional del ministerio y la de la fundación en busca de detalles.
El partido de la derecha tradicional UDI se querelló para determinar responsabilidades y un grupo de parlamentarios opositores solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso para analizar el caso.
Este martes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tiene previsto viajar a Antofagasta para entregar datos a la Fiscalía.
“Ninguna operación política justifica la violencia“, escribió.
Un duro golpe a la izquierda
Este caso representa un duro golpe para la nueva generación política de izquierda, que llegó al poder en marzo de 2022 con la promesa de renovar rostros y depurar las malas prácticas de sus antecesores.
“Acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir“, agregó.
El domingo fue más allá y dijo que su gobierno se ponía a disposición “para colaborar en todo lo que sea necesario” en las investigaciones. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie“, puntualizó.
Fuente: RT
