Un informe del Observatorio del Conflicto de la Corporación Indepaz de Colombia, denunció 123 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos llevados a cabo por fuerzas paramilitares en lo que va del año. El 80 % de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas, y se dieron en conflictos por tierras y en defensa de los recursos naturales.
El 80,48% de las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), que son organizaciones de base territorial en zonas rurales, y de organizaciones étnicas indígenas o afrocolombianas. Mientras que el 14,63% de los homicidios fueron de mujeres.
Dentro de las víctimas se encuentran 33 integrantes de las desmovilizadas FARC-EP, y otros 5 que eran familiares de excombatientes. La cifra casi se triplicó si se tiene en cuenta los homicidios ocurridos en el mismo periodo en 2016, con 57 muertes. Y el número subió a 93.aumentó durante 2017.
Desde las elecciones presidenciales, el 17 de junio, ocurrieron 22 asesinatos. Esta situación de violencia política ya se evidencia como el principal obstáculo para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, firmados septiembre de 2016.
Según el sociólogo, y Director de la Fundación Foro Nacional por Colombia, Pedro Santana Rodríguez, “el problema es que la impunidad que sigue siendo muy alta, supera el 80% de los casos”. Si bien la Fiscalía General de Colombia ha investigado y esclarecido 89 de los 181 asesinatos ocurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz, “en ninguno de los casos se ha llegado a los autores intelectuales de los crímenes, que siguen en la más completa impunidad. Y tampoco se han esclarecido las relaciones entre sectores de la Fuerza Pública con las estructuras mafiosas, y con los grupos paramilitares que actúan en los territorios bajo su mando”, denunció.
