A 3775 metros sobre el nivel del mar y 165 kilómetros de la ciudad de Salta se encuentra San Antonio de los Cobres. El viernes pasado, integrantes de distintas comunidades originarias de la localidad salteña atravesaron caminando esa distancia hasta la capital provincial por un reclamo primario: agua potable, saludable, “para no enfermar tanto”, como ellos mismos dicen.
“Fuimos marchando a la ciudad de Salta para visibilizar el problema que tenemos con el agua potable. Caminamos por tres días para que alguien nos escuche y nos dé una respuesta. Tomamos agua del río que está totalmente contaminado, no sólo con plástico, gomas, sino también con peces muertos y toda la lava del mineral que trae la mina La Poma, que está acá cerca”, explica Reina Ferril, delegada general de la comunidad kolla del desierto y una de las caminantes.
El río, del mismo nombre que la localidad, es la nueva fuente de agua de sus habitantes, que antes tomaban agua de vertiente. Pero el crecimiento del pueblo motivó la decisión de la empresa proveedora Aguas del Norte de obtenerla directamente del cauce fluvial. “En la comunidad tenemos mucho vómito, diarrea, afecciones en la piel de todo tipo, y la mayor enfermedad es el cáncer de estómago que cada vez hay más”, agrega Ferril.
Una semana antes, vecinos de la localidad habían decidido cortar el acceso de la ruta 51 para exigir la presencia de autoridades de la provincia y de Aguas del Norte porque había gusanos en la red de agua potable, que salían al abrir la canilla. “A eso de las 5.10 de la mañana apareció de repente la Infantería, eran como cien para cinco personas que estábamos sentadas a la orilla de la ruta porque no estábamos haciendo un corte completo”, relata la referente.
Como consecuencia, varios comuneros kollas fueron detenidos. Eso motivó la decisión de marchar a la capital.
La respuesta del intendente Leopoldo Salva fue que los gusanos constituyeron “un descuido”. “Hay empleados que tienen que hacer este control todos los días, eso hizo que estos gusanitos se metan justamente en la red de agua, y empezaron a aparecer en todas las casas”, sostuvo en declaraciones a medios locales.
Promesas
Al llegar a Salta, los manifestantes lograron ser atendidos por el vicegobernador, Miguel Isa, y entregarle un documento donde solicitan a la provincia que se haga cargo del costo del tratamiento de las enfermedades derivadas del consumo de agua contaminada que padecen los habitantes de San Antonio de los Cobres.
Además, le reclamaron por la concreción del acueducto El Acay -licitado en mayo de 2014 y presupuestado en más de 20 millones de pesos- que fue proyectado para subsanar el crecimiento demográfico de la zona y sus problemas con el agua. Del acto de apertura de sobres participaron, por entonces, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el intendente Salva. Pero, pese a que el plazo de ejecución era de 180 días, hasta hoy la obra sigue sin existir y el problema crece. “Les pedimos a las autoridades que nos den un plazo de realización. Necesitamos agua potable, no queremos tomar más agua del río”, concluyó Ferril.
Mientras tanto, los ciudadanos sostienen que la comisión fiscalizadora que la gente del pueblo debía armar para supervisar los avances del acueducto -parte fundamental del acuerdo con las autoridades salteñas- fue cooptada el día de su conformación por empleados municipales.
