La campaña sucia contra los beneficiarios de los programas sociales avanza con el impulso de la Justicia y la instigación del gobierno y los organismos del Estado. Luego del dudoso informe de la Afip, que cuestiona la continuidad de más de 250.000 programas sociales, el gobierno ahora pide lo que no reclama para las patronales: la “apertura de los libros” y el levantamiento del secreto fiscal.
Estamos ante una operación de estigmatización de los trabajadores desocupados y precarizados que reciben la precaria asistencia del Estado -la mitad de un salario mínimo de $57.900-, cuya finalidad es refrendar ante la población general la liquidación de los programas sociales por medio de la división entre trabajadores ocupados y desocupados.
El titular de la Afip, Carlos Castagneto, declaró ante la Justicia que el informe presentado a Desarrollo Social es de tipo “estadístico”, sin referencias puntuales y nominales a los supuestos casos de incompatibilidades con el Potenciar Trabajo. Además de deslindar responsabilidades en la cartera social.
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La ministra Victoria Tolosa Paz, por su parte, avanzó en la solicitud ante la Justicia para que se levante el secreto fiscal que impide la revisión nominal y caso por caso del “informe” poco claro de la Afip. “La sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público”, manifestó en sintonía con el ajuste que viene impulsando en la cartera.
Ambos se pasan la pelota mientras embarran la cancha, con la ayuda del fiscal Guillermo Marijuan, de prolífica carrera antipiquetera. La idea es promover la sensación de que los beneficiarios de los programas sociales son gente inescrupulosa, que hace negocios a costa del Estado y la población y que no requieren ninguna asistencia económica.
Esto es independiente del resultado –si lo hay- de la investigación en curso, la cual es un medio para justificar el ataque actual contra los piqueteros y los trabajadores desocupados.
Esta campaña sucia cuenta con una cuota de cinismo significativa. En la información revelada públicamente por los medios de comunicación se precisa que el informe de Afip impugna a quienes durante el periodo consignado (enero a junio del 2022) tuvieron ingresos superiores a dos salarios mínimos (44.235 supuestas personas): algo posible -debido a lo bajo del salario mínimo-, aunque insuficiente, para quien cuenta con alguna recategorización y además hace trabajos por su cuenta para llegar a fin de mes, aunque sin superar el umbral de pobreza.
Otro es el caso de quienes superan el mismo monto en consumos con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales (63.211 supuestas personas), donde muchas familias viven endeudadas para adquirir bienes de consumo masivo, incluso alimentos.
También se habla de los supuestos casos de adquisición de divisas dentro del periodo comprendido, que alcanzaría a unas 35.398 personas, algo prácticamente imposible de realizar por los canales oficiales (donde queda constancia).
Desde el gobierno y la Justicia atacan a los programas sociales, pero carecen del mismo interés para perseguir a los evasores fiscales capitalistas. Es el caso del ofrecimiento de un nuevo blanqueo de capitales para los miles de millones de dólares fugados al exterior, o los beneficios como el “dólar soja 2” para los acopiadores, o las patronales energéticas que reciben miles de millones en subsidios a libro cerrado.
La propia Tolosa Paz responsabiliza a las patronales de la alimentación por la falta de abastecimiento a tiempo y de calidad –o como declaró Zabaleta señalando que las alimenticias preferían exportar que venderle al Estado- a los comedores populares, pero no aplica ni una medida, auditoria, apertura de libros, Ley de Abastecimiento, ni procedimiento judicial alguno para producir otro resultado.
El ajuste fondomonetarista implica atacar a los trabajadores en toda la línea, liquidando los planes sociales para proceder a una baja generalizada de los salarios, en el cuadro de la inexistencia de trabajo genuino para los desocupados. El camino para enfrentar esta ofensiva es la movilización popular, como lo viene haciendo la Unidad Piquetera, contra el ajuste a los trabajadores desocupados y precarizados y por la unidad de los trabajadores.
