Este viernes, Mauricio Macri fue imputado por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial tras la denuncia del Gobierno nacional por presunto «contrabando agravado» a raíz del envío armamento a Bolivia en noviembre de 2019.
En el escrito, que fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, se solicitan las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia. También fueron imputados los exministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el exjefe de la Gendarmería, Gerardo Otero y otros dos gendarmes; y al exembajador de argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.
«Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces Embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales», escribió hace algunos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su par boliviano, Luis Arce.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por el ministro de Justicia argentino, unas 70.000 “municiones antitumulto” salieron de Argentina en un avión militar destino a La Paz horas después de que asumiese Áñez. Viajaron en cajas cerradas junto a una decena de miembros de un escuadrón Alacrán, fuerzas de élite de Gendarmería, la policía militar argentina. Los organismos de control argentinos autorizaron la salida de ese material bélico para ser usado en la protección de la embajada argentina en la capital boliviana. Sin embargo, el escuadrón Alacrán “no disparó un solo tiro” en La Paz, aseguró Frederic. Según la ministra, tampoco gastaron las municiones en entrenamiento, tal y como un alto cargo de Gendarmería informó por carta ocho meses después. Los ministros sospechan que las balas de goma fueron a parar a manos de las fuerzas bolivianas para reprimir las manifestaciones contra la presidenta interina.
La denuncia ha ahondado grietas políticas preexistentes. Tanto en Bolivia como en Argentina, la primera reacción de la oposición fue poner en duda la veracidad de la carta de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea difundida por el canciller boliviano, Rogelio Mayta.
“Las acciones del canciller y el embajador argentino [Ariel] Basteiro, en el tema de la carta, están generando una enorme duda sobre la responsabilidad y seriedad del gobierno de [Luis] Arce”, tuiteó el opositor Carlos Mesa, que fue el contendiente de Arce en la elección presidencial de 2020. Los editoriales de varios medios también consideraron todo el asunto ficticio, un intento del oficialismo de respaldar su interpretación de los hechos de 2019 como un golpe de Estado, que es negada por la oposición. Se aferraron a la versión que dio el expresidente Macri en una entrevista en Madrid: “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme”.
