El anuncio del gobierno, que refuerza el endurecimiento de la política migratoria, se basa en supuestos falsos.
Cosecha roja publicó un artículo donde explica a través de cinco puntos por qué el anuncio de Frigeiro se basa en premisas falsas intentando fomentar el odio de lxs argentinxs por los inmigrantes.
A partir de la semana que viene la Dirección Nacional de Migraciones exigirá a las personas extranjeras que pidan la residencia en el país que presenten un certificado de carencia de antecedentes penales. El anuncio del gobierno, que refuerza el endurecimiento de la política migratoria, se basa en supuestos falsos: que hay una inmigración descontrolada, que vienen al país a delinquir o a estudiar y atenderse en hospitales a costa del Estado argentino.
1. La “inmigración descontrolada”
Durante el anuncio de los nuevos requisitos para quienes soliciten la residencia, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo: “hemos tenido un récord de radicaciones de casi 700.000 en tres años”, alimentando el mito de la “inmigración descontrolada”.
En realidad, hoy apenas del 5 por ciento de la población del país es extranjera. Hace 100 años era del 30 por ciento.
2. Migrantes y delito
“Buscamos impedir la entrada de personas involucradas en delitos y por eso hemos reforzado los controles fronterizos y hemos incorporado la base de datos de Interpol”, explicó Frigerio. De esta manera el ministro busca reforzar una idea extendida en la sociedad: el vínculo entre migrantes y delito.
“Esa asociación es falsa” explicó Gabriela Liguori, Coordinadora General de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). “El 94% de los delitos son cometidos por argentinos, por ende generar normas y políticas públicas que restrinjan el ingreso de extranjeros al país y el acceso a la documentación de quienes ya están en nuestro territorio no va a hacer descender la tasa de delitos”, explicó.
Los datos oficiales lo confirman: solo el 6 por ciento de las personas detenidas en el país son extranjeras. Y solo el 1 por ciento de los inmigrantes tuvieron algún conflicto con la ley penal.
3. “Vienen a estudiar gratis y a usar nuestros hospitales”
Ayer Frigerio en la presentación utilizó otro de los argumentos del gobierno para reforzar la política migratoria. “Los servicios públicos salud y educación no son gratuitos, están no arancelados, y son los argentinos que los pagan a través de sus impuestos”, dijo ayer el ministro en la presentación.
La realidad es otra: los inmigrantes pagan más impuestos que los gastos que le generan al Estado, según el informe “Cómo los Inmigrantes contribuyen a la Economía Argentina”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
4. “Nos roban el trabajo”
Este cuarto supuesto también es falso. Según datos oficiales, la suba o baja de la desocupación en el país no tiene ningún vínculo con la presencia de personas extranjeras. En 1995 la tasa de desocupación fue del 17.5. En 2007 bajó al 8,5 y en los últimos años volvió a aumentar hasta superar el 9 por ciento. En todos estos años el porcentaje de extranjeros sobre la población total se mantuvo estable.
5. “Argentina tiene las puertas abiertas para los que vienen a trabajar”
Ayer el ministro Frigerio estuvo acompañado por el director nacional de migraciones, Horacio José García, quien sostuvo que Argentina “es un país abierto a la inmigración y que quiere cerrarle las puertas al crimen organizado”. La realidad es que el gobierno, en los últimos tres años desarrolló políticas públicas que buscan ponerle trabas y cerrarle las puertas a los inmigrantes.
¿Qué hizo desde 2015 el gobierno en materia de política migratoria? Dictó un DNU que modifica la Ley de Migraciones, aumentó la persecución a migrantes, incrementó las tasas migratorias un 1000%, cerró programas para asesorar a migrantes, creó un sistema informático de regularización complejo de difícil acceso para migrantes de bajos recursos. Entre 2016 y 2018 aumentaron más de 500% las expulsiones de migrantes no regularizados.
“Lo que están haciendo es tomar medidas que “descontrolan” la aplicación de la norma volviéndola confusa, arbitraria y totalmente funcional a una perspectiva persecutoria y punitivista. Casi una caza de brujas y brujos, legalizada en disposiciones, resoluciones, decretos”, explicó Liguori.
