Por Agustina Amado*
A partir de la muerte del policía Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo resurgió el debate respecto al uso de la pistola eléctrica Taser. Pidiendo su uso se pronunció el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la ex-Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y una variedad de políticos y periodistas.
Con el pretexto de dar “respaldo para actuar” o “incorporar tecnología contra el delito” se enfocó la noticia únicamente en el aspecto de la seguridad. Sin embargo, los datos del atacante –Rodrigo Roza- no incentivaron ningún debate, más que para mostrarlo como un personaje extraño, para acusar a su último psiquiatra o criticar la Ley de Salud Mental. No se escucharon voces que promuevan ideas de cómo intentar prevenir estas situaciones o cómo intervenir cuando ya se dan. Entonces queda la pregunta abierta de qué podría haberse hecho.
Una de las críticas fuertes fue hacia la actual Ley de Salud Mental, planteándose que ésta no permitiría las internaciones involuntarias en casos de personas que están en riesgo para sí mismas o para con otras personas. Desde ya, cabe aclarar que esta información es falsa, en tanto la Ley sí prevé internaciones involuntarias, es decir sin el consentimiento de la persona.
La situación en la cual Rodrigo Roza se vio involucrado, recuerda a los hechos acontecidos en nuestra ciudad hace ya dos años. En aquel momento, Fabián Sánchez (de 26 años) entró al mediodía a la Ciudad Judicial de Santa Rosa con un arma tumbera, reclamando ver al Juez Martín Saravia. En algún diario local se llegó a titular la noticia “Ni <Diosito> se animó a tanto”, haciendo referencia al personaje de la serie “El Marginal”, y tomando los hechos en forma chistosa en vez de responsablemente transmitir lo que sucedía con una persona que se encontraba desestabilizada.
En esa oportunidad, la voz de su mamá fue recogida por un medio. Allí expresó su desesperación por haber buscado ayuda antes y no conseguirla: «tiene problemas, necesito que lo asistan, no quiero verlo preso, quiero que le hagan un tratamiento». A pesar de esto, la única respuesta que se dio fue desde el ámbito de la seguridad: en noviembre de 2019 el Ministerio Público informaba que había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
Hoy, nos encontramos con la noticia de que Fabián Sánchez murió en la Unidad Penal n° 4. Aún se desconocen las circunstancias, razón por la cual la familia por redes sociales ha expresado su reclamo para al menos conocer qué sucedió.
Evidentemente que las respuestas desde el ámbito de la seguridad en este caso no funcionaron. Y otra vez surge la pregunta de qué se podría haber hecho para evitar esta muerte. Posiblemente, políticas de salud mental acorde a situaciones críticas como éstas podrían generar otras alternativas de acción, para no recaer nuevamente en identificar a la persona desestabilizada como “delincuente”.
Generar planes integrales de salud mental que respondan a las necesidades de nuestra población, posiblemente ayuden a que no se profundice esta línea de criminalización de las personas con padecimiento mental. Así como el manicomio no es una respuesta a la salud mental, la cárcel y las pistolas eléctricas Taser ciertamente tampoco.
*Psicóloga
