El decreto 591/19 sobre residuos peligrosos es el centro de la polémica desde el pasado 27 de agosto, cuando fuera publicado en el Boletín Oficial. Esta modificación a la ley vigente desde 1992 implica graves consecuencias para las argentinas y argentinos ya que podrá importarse residuos peligrosos desde otros países. Desde varias ONG han rechazado este decreto que el gobierno nacional impuso como tal sin siquiera pasar por el Congreso a pesar de estar activo en el momento de la modificación.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) han manifestado, a través de un comunicado su “profunda preocupación por el reciente decreto que modifica la normativa vinculada a la prohibición de ingreso de residuos al país en tanto, además de no tomar en consideración aspectos sociales y ambientales clave ni ser resultado de un debate amplio, deja un riesgoso margen de discrecionalidad a las autoridades involucradas. Por tal motivo, la organización solicita al secretario Sergio Bergman su suspensión inmediata, y la conformación de una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados, para debatir los aspectos económicos, sociales y ambientales de la política nacional de residuos”.
Por su parte el director ejecutivo de FARN, Andrés Napoli, en diálogo con el programa radial Rompiendo Limites, detalló las potenciales consecuencias ambientales de tales decisiones y ejemplificó que en países como China han prohibido la importación de residuos. Por otra parte, dijo que tampoco cree que este sea el momento político ni económico para intentar una modificación de este tipo, mucho menos sin el debate que requeriría alcanzar los consensos necesarios, “nos estamos preguntando para qué se modificó la ley” concluyó Nápoli.
