Bernardo Arévalo, un académico de tranquilo talante, fue elegido presidente de Guatemala el domingo 20 agosto de este año, y debe prestar juramento de su cargo el domingo 14 enero del año entrante. Más de cuatro largos meses, propicios a la conspiración de que está siendo víctima, pues hay oscuras fuerzas concertadas para impedirle llegar a asumir el cargo que los electores le confiaron por una abrumadora mayoría de votos.
Que un académico que habla delante de los micrófonos como si se hallara en un aula de clases y no en una plaza pública, lejano a la demagogia y a los usuales actos de corrupción, sea el nuevo presidente de Guatemala vendrá a resultar extraño. Lo común es lo contrario. El mejor antecedente del actual gobernante, Alejandro Giammattei, implicado él mismo en la conspiración para frustrar la presidencia de Arévalo, es haber sido jefe del sistema penitenciario, sucesor de Jimmy Morales, un mal cómico de la televisión; para no hablar de los generales sanguinarios que, como Efraín Ríos Montt, profeta de la Iglesia Cristiana del Verbo, fueron juzgados por genocidio.
La marca del ejercicio del poder ha sido en Guatemala la violación constante del Estado de derecho, el encarcelamiento de periodistas, como el caso de Rubén Zamora, director de El Periódico, la persecución contra fiscales, y procuradores de derechos humanos decididos a cumplir su papel legal.
Y ese poder es manejado desde las sombras por una logia feudal unida por lo que se conoce como ‘el pacto de corruptos’, y tras la que se ocultan viejos oligarcas de horca y cuchillo, capos del crimen organizado, militares en retiro partícipes de represión en décadas anteriores.
Para que Arévalo no pueda asumir la presidencia han intentado toda suerte de artimañas escandalosamente burdas, usando como instrumentos a los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, y al juez penal Fredy Orellana, sancionados por el Gobierno de Estados Unidos. Sus acciones han ido dirigidas a anular la personería jurídica del partido Semilla, que llevó como candidato presidencial a Arévalo; a anular los resultados electorales, mandando secuestrar urnas e intervenir al poder electoral, mientras la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia vacilan frente a estas maniobras o se prestan a ellas, una colusión de la que también es parte la cúpula del Congreso Nacional.
En estas condiciones, las posibilidades del presidente electo de prestar juramento serían nulas si no fuera porque la otra Guatemala, sometida y olvidada, ha venido en rescate de la democracia: los pueblos indígenas de ascendencia maya, quichés y cachiqueles, que representan el 60 % de la población, víctimas seculares de la opresión y la discriminación, y de campañas de exterminio como la que llevó adelante en la década de los ochenta el general Ríos Montt, cuando aldeas enteras fueron borradas del mapa con todos sus habitantes, enterrados en fosas comunes.
“Los 48 cantones y las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Originarios y sus 22 representantes”, constituidos en “Asamblea de Autoridades de los Pueblos en Resistencia para la Defensa de la Democracia”, con sus “principales” a la cabeza, alcaldes de vara, consejos de ancianos y alguaciles, han bajado desde sus comunidades lejanas a la ciudad de Guatemala, han trancado las carreteras, han tomado las calles de manera pacífica y han organizado plantones frente a la Fiscalía y los tribunales exigiendo que se respete el triunfo del presidente electo, y que se destituya a los funcionarios judiciales que se prestan al juego del ‘pacto de los corruptos’; y han logrado sumar en su protesta a estudiantes, sindicatos, comerciantes de los mercados y amplios sectores de la clase media.
Si el 14 de enero el presidente electo Bernardo Arévalo logra asumir el poder que el pueblo le otorgó en las urnas, será porque la otra Guatemala ha resistido, sin poder, pero con autoridad.
Fuente: Nodal/ El Tiempo
