El gobierno enviará al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años y desde el Ejecutivo pretenden que comience a discutirse el mes próximo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Si bien el año pasado el ala más dura del oficialismo pretendía que los menores pudieran ser condenados desde los 14 años, el ministro de Justicia Germán Garavano logró acordar con su colega de Seguridad, Patricia Bullrich, que el proyecto baje un año de los actuales 16 años.
El anuncio llegó después de que desde Seguridad adelantaran que comprarían pistolas Taser para que los policías custodien aeropuertos y estaciones de trenes con ese tipo de arma eléctrica no letal.
«Los jueces federales que no están en la Ciudad no tienen institutos de menores donde mandar a los chicos y la única salida es enviarlos a institutos provinciales que están colapsadísimos ya que en la Ciudad no los reciben».
Según prevén desde la cartera a partir de los 15 años podrán ser imputados aquellos que incurran en delitos graves como homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
El diario Clarín informó que la «baja repercusión negativa» que tuvo el anuncio de compra de pistolas eléctricas fue determinante a la hora de volver a poner sobre la mesa una iniciativa que el gobierno quiere votar desde el año pasado.
No serán imputados aquellos jóvenes entre 16 y 18 años que cometan delitos con penas previstas iguales o menores a los 3 años de cárcel pero podrán ser condenados a prisión cuando las penas del Código Penal sean iguales o mayores a los 10 años. En ningún caso la condena podrá superar los 15 años de cárcel y no podrá dictársele prisión perpetua.
Para Gustavo Moreno, Asesor tutelar de Cámara de Apelaciones y Secretario Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia «el Gobierno Nacional se acordó de los chicos en este Día de Reyes y les hace un regalo».
Más allá de la ironía Moreno planteó que «es una mentira que con la baja de edad de imputabilidad vaya a disminuir la criminalidad, los menores no tienen incidencia. Lo que proponen los organismos internaciones son alternativas al encierro y es lo que están implementando provincias como Salta o Catamarca».
El asesor tutelar explicó que la mayoría de las provincias buscan medidas alternativas, no victimizar a la víctima y no punibilizar en un sentido represivo al chico que comete un delito que en general es contra la propiedad.
El funcionario recordó el caso del «Polaquito», un joven de 11 años que apareció en una emisión televisiva acusado de diversos delitos. «¿Qué vamos a hacer con los no punibles? Si bajáramos la edad a los 12 años ¿qué vamos a hacer con los chicos que cometan delitos por debajo de esa edad? El trabajo y la mirada deben ser otros», aseguró.
«El Polaquito tenía 11 años, la mirada debería ser otra, el estado debería pensar cómo cumple con lo que le faltaba al Polaquito, educación, salud, trabajo para la mamá, una vivienda», planteó antes de reclamar que se adecúe la ley 22.278, también conocida como «Ley Videla» porque «porque no le da ningún tratamiento a los chicos y solo establece la punibilidad».
