La Unidad Piquetera realizó de urgencia una nueva medida de lucha este martes 6, con piquete frente a Desarrollo Social de Nación y acciones en todo el país, ante las demoras en la liquidación del pago del Potenciar Trabajo. El mismo no efectuado en los días 3 y 5 de diciembre, y en medio de una campaña sucia contra los trabajadores desocupados y precarizados. Como resultado de la jornada de lucha, después de una reunión con funcionarios de Desarrollo Social y con la ausencia vergonzosa de la ministra Tolosa Paz, finalmente se anunció desde el gobierno que este miércoles 7 se pagará el Potenciar Trabajo.
La avanzada oficialista contra los beneficiarios del Potenciar Trabajo suscitó una respuesta inmediata de las organizaciones sociales y piqueteras que culminó con la “postergación” de la auditoría fiscal de los programas sociales, con la amenaza latente de cientos de miles de bajas en los programas.
El gobierno aún preserva una ofensiva general que busca liquidar los programas sociales para deprimir la base general de salarios: auditorías, ajuste en los momentos, bloqueo de nuevas altas, desenganche del salario mínimo, son algunas de las medidas que el gobierno articula con este propósito.
Postergan la “investigación”, siguen con el ajuste
El pasado viernes 2 tuvieron lugar diversas acciones en todo el país. La Unidad Piquetera protagonizó una conferencia de prensa en el Obelisco, seguida de movilización y medidas en distintas ciudades y provincias; mientras que las organizaciones sociales afines al gobierno protagonizaron un corte en el Puente Pueyrredón.
El gobierno tuvo que retroceder postergando la auditoría fiscal sobre los programas sociales, por lo desmedido de la medida –en contraste con los beneficios y “libertades” para los grupos capitalistas- y por la contundente respuesta popular.
La “postergación” hasta febrero posiblemente sea el principio del fin de esta vía de ataque: desde algunos medios patronales ya anuncian que del informe de Afip una inmensa mayoría de casos está vinculado a la tenencia de una motocicleta o la declaración de una vivienda, ambos compatibles con el Potenciar Trabajo.
Esto revela aún más la naturaleza de la campaña sucia contra los programas sociales, que busca allanar el camino de bajas masivas difamando a los y las trabajadoras desocupadas que lucha por la asistencia económica del Estado en el marco de una crisis de desocupación, pobreza e indigencia que se agrava.
Sin embargo, el gobierno persiste en su línea de ajuste contra los programas sociales y los desocupados. Esta en pie la auditoría virtual que deben completar la totalidad de los beneficiarios del Potenciar Trabajo –tengan o no recursos para hacerlo-, con lo que esperan imponer miles de bajas. También persiste el impedimento por decreto de nuevas altas y el intercambio de “trabajadores por herramientas”.
A desenganchar
Otra de las medidas que el gobierno parece no negociar es el desenganche del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo (representa el 50% de este último), con lo que se busca deprimir aún más la asistencia económico del Estado por medio de negociaciones amañadas en un Consejo de la Economía Popular integrado por el gobierno y las organizaciones de la Utep.
La Unidad Piquetera volvió a salir a las calles para enfrentar esta ofensiva ajustadora, reclamando además el cumplimiento de los compromisos asumidos y la entrega de los alimentos a los comedores populares.
