Por acuerdo del Primer Encuentro Nacional de Regiones y del Pueblo Organizado, las manifestaciones iniciarán el 19 de julio y culminarán el 28, Día de la Independencia Nacional.
El Primer Encuentro Nacional de Regiones y del Pueblo Organizado en Perú acordó realizar 10 días de protestas para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, informó uno de sus voceros, Jorge Pizarro.
La reunión tuvo como base elaborar una plataforma de lucha a partir solo de los temas de consenso con el fin de hacer más efectiva la protesta.
Las acciones iniciarán el 19 de julio, con idea de extenderlas hasta el 28, cuando se conmemora el Día de la Independencia Nacional, precisó Pizarro a Prensa Latina.
Los objetivos a reclamar en estas marchas son la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, designada sin apoyo popular; la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, e iniciar el proceso hacia la asamblea constituyente.
Las delegaciones del interior de la nación prometieron enviar manifestantes a Lima, y los de la región surandina de Puno, bastión de resistencia contra el gobierno, ratificaron su aporte de mil personas por cada una de las 13 provincias de ese territorio.
La movilización será en toda la capital, pero no se llamará Toma de Lima, nombre utilizado por la prensa adversa para asociarlos a actos de violencia.
Será entonces una Jornada Nacional de Movilización Popular Permanente, indicó Pizarro, y resaltó el compromiso de asistencia de representantes de organizaciones regionales, sindicales y agrarias de casi todas los territorios peruanos.
Además, concurrieron dirigentes de agrupaciones vecinales de los barrios populares de Lima, y de fuerzas nacionales como la Confederación General de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores.
También la Central Nacional de Rondas Campesinas (formaciones populares de seguridad ciudadana rural) y el Comando Unitario Nacional de Lucha.
En sus primeras deliberaciones, el encuentro analizó informes internacionales donde consignan denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos, en especial la muerte de 70 personas, en su mayoría civiles, caídos por impactos de armas de fuego durante la primera ola de protestas.
La dirección del movimiento considerará la posibilidad de pedir observadores internacionales a partir del 19, con el fin de evitar consecuencias como las registradas durante la movilizaciones realizadas entre diciembre y marzo último.
FUENTE: Al Mayadeen
