En la séptima edición de esta movilización, las manifestantes apuntaron a la violencia narco y la complicidad del Estado.
Como cada 8M, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores protagoniza una Caravana que atraviesa las zonas más vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de reflexionar y reivindicar las tareas de las mujeres, disidencias, migrantes, trabajadoras y militantes en el territorio. En esta séptima edición, las organizadoras del encuentro hicieron especial hincapié en el crimen de Nayla -la nena de 4 años asesinada de un tiro en el pecho hace un mes atrás mientras jugaba en la calle- y en la necesidad de que el Estado ocupe el espacio que cedió al narcotráfico.
Las y los manifestantes se dieron cita en Cobo y Curapaligüe, a partir de las 9.30. Luego, tomaron Las Caracolas y Malvinas Argentinas hasta Bonorino, donde realizaron una primera parada y continuaron por Salvigny hasta llegar al Pasillo Bolívar, en la Manzana 22, donde leyeron el documento de la Red. Después, hicieron una parada más en el Pasillo del Sol, en la manzana 23 y finalmente, cerraron la caravana en la Rotonda.
“Decidimos leer el documento en el corazón del territorio narco y donde están los boliches. Antes pasábamos por diferentes organizaciones e instituciones donde sus referentes nos contaban cómo se estaban abordando, por ejemplo desde la salud o la educación, problemáticas vinculadas al género y la diversidad, pero ahora la idea fue recorrer las zonas más conflictivas y pasar por el lugar donde mataron a Nayla.”, cuenta a Tiempo Griselda, referente de la red y docente de la Escuela de Educación Media del Distrito Escolar 19.
Griselda aclara que hasta el momento habían decidido no exponerse a las bandas que se dirimen el territorio a los tiros, pero a la luz de los últimos episodios coincidieron en que se llegó a un límite. “Este es un lugar en donde nos está vedado reclamar, en el Bajo Flores vivimos hacinados y bajo la expresión más brutal del patriarcado en donde se dan situaciones híper violentas”, indica la docente, quien precisa: “nos cansamos de denunciar que hay pibas de 25 a 30 años que van a los boliches de la zona y se despiertan al lado de tipos que no conocen”.
Estos aberrantes casos llegan a las y los trabajadores de la salud o la educación y pocas veces las víctimas denuncian a los agresores sexuales porque están vinculados a una lógica narco que impera en el lugar. “Si van a la policía o a la fiscalía después se tienen que ir del barrio porque nadie las cuida y es peor. Todo esto genera mucha bronca e impotencia”, resume la mujer.
La referente de la Red puntualiza que hace unos años atrás mantuvieron una reunión con autoridades y representantes de instituciones y organismos tales como el Ministerio de Seguridad de la Nación, su análogo de la Ciudad, la Defensoría, TUTELAR o el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se confeccionen “senderos seguros porque los pibes no podían llegar a la escuela, sin que esto implique la militarización”.
“De palabra nos dijeron que iban a avanzar, pero en los hechos nunca se pusieron de acuerdo porque adentro de la 1.11.14 está Gendarmería y en el perímetro está la Policía de la Ciudad. Todo quedó en la nada. Meses después, mataron a viarios chicos, algunos de ellos alumnos míos”, se lamenta Griselda.
En el documento que leyeron en el corazón del barrio, expresaron que “sufrimos violencia institucional porque se respaldan en un pacto con el Estado, que se muestra incapaz de brindar un sendero cuidado para que nuestres pibes y pibas vayan a la escuela, incapaz de remover las montañas de basura o iluminar nuestros pasillos para que no nos violen amparados en la oscuridad y la sordidez programada, que nos obliga a guardarnos cada vez más temprano en nuestras casas o inventar estrategias para llegar a salvo y vivir con miedo”.
“Nos condenan a vivir en una «zona liberada» por las «fuerzas de inseguridad» que, sin embargo, están ahí, y de todos los colores, para hostigarnos, desalojarnos y reprimir nuestras legítimas protestas, pero nunca son competentes para evitar que nos dañen o nos droguen, sin nuestro consentimiento, para abusarnos en los boliches, como ocurre cada vez más habitualmente. Ni son competentes para impedir que las armas lleguen a las manos de los pibes antes que las oportunidades de estudio y trabajo digno”, puntualizaron en otro de los tramos.
Griselda concluyó que si bien de manera formal los organismos e instituciones poco y nada hacen para revertir este desigual escenario, “gracias al abordaje artesanal de ciertos compañeros que trabajan en distintos espacios podemos avanzar con algunos diagnósticos de lo que ocurre en el barrio, pero por ejemplo el Estado no relevó cuántos chicos no volvieron a la escuela desde la pandemia o los casos de tuberculosis. El año pasado se murió un pibe porque se lo detectaron tarde. Es medieval lo que nos ocurre”.
DOCUMENTO LEÍDO EN EL ACTO FINAL
C A R A V A N A # 8 M
RED de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores red.bajoflores
Desde el corazón del Bajo Flores, nosotras, nosotres mujeres y
disidencias, migrantes, trabajadoras, militantes, alzamos nuestra
voz para que retumbe, cale y rompa la indiferencia, el
individualismo, la soberbia y la desidia de quienes ocupan
responsabilidades en el Estado.
Una vez más, paramos y marchamos este 8 de marzo, un día de
duelo internacional por las mujeres trabajadoras, cargando con
otro duelo, por la brutal muerte de Nayla, la niña que con 4 años
fue alcanzada por una bala en medio de un tiroteo en estas
calles, y murió en brazos de su madre. Y decimos que el Estado es
responsable por esta muerte, y por las muertes cotidianas que
ocurren en manos de quienes, sintiéndose dueños de nuestras
vidas, nuestras casas y nuestros barrios, hasta nos cobran coimas
para permitirnos trabajar en ellas.
Una vez más paramos y marchamos porque estas violencias que
sufrimos como mujeres y disidencias trabajadoras, son violencia
institucional porque se respaldan en un pacto con el Estado, que
se muestra incapaz de brindar un sendero cuidado para que
nuestres pibes y pibas vayan a la escuela, incapaz de remover las
montañas de basura o iluminar nuestros pasillos para que no nos
violen amparados en la oscuridad y la sordidez programada, que
nos obliga a guardarnos cada vez más temprano en nuestras
casas o inventar estrategias para llegar a salvo y vivir con miedo.
Una vez más paramos y marchamos porque nos condenan a vivir
en una «zona liberada» por las «fuerzas de inseguridad» que, sin
embargo, están ahí, y de todos los colores, para hostigarnos,
desalojarnos y reprimir nuestras legítimas protestas, pero nunca
son competentes para evitar que nos dañen o nos droguen, sin
nuestro consentimiento, para abusarnos en los boliches, como
ocurre cada vez más habitualmente. Ni son competentes para
impedir que las armas lleguen a las manos de los pibes antes que
las oportunidades de estudio y trabajo digno.
Una vez más marchamos en un barrio que es nuestro y que
llenamos de amor, rebeldía y desobediencia en contra de
quienes fomentan el uso de la violencia como única forma de ser
«alguien respetable». Nosotras decimos que hacernos vivir con
miedo es una decisión política y nos organizamos para que, en
lugar del miedo y la militarización como falsas soluciones,
florezcan la lucha y los cuidados comunitarios.
Una vez más, paramos y marchamos para que los laberintos
burocráticos impuestos para acceder a los derechos básicos y
universales se transformen en políticas de acceso, que
consideren nuestra condición migrante, de trabajadoras de la
economía popular, cuidadoras, racializadas, originarias y pobres
y no que nos digan que, por estas condiciones, nos faltan los
requisitos para recibir un apoyo o una política para sobrevivir a
las condiciones precarias de vida y laborales que nos inflingen,
pagando una deuda que nos hunde en la miseria y el desamparo.
Una vez más paramos y marchamos para que las mujeres que
sostenemos los comedores y merenderos comunitarios seamos
reconocidas como trabajadoras sociocomunitarias; para que se
reconozca la emergencia sanitaria y se implementen políticas de
salud adaptadas a nuestra realidad, para erradicar la
tuberculosis, el dengue y para que se aborden los graves
problemas de salud mental y numerosas enfermedades que nos
asolan, debido a la miseria planificada en la que vivimos,
estudiamos y trabajamos. Paramos porque en lugar de
garantizarnos políticas de salud y de cuidado, en los centros de
salud de nuestro barrio se trabaja en condiciones de tal
precariedad edilicia, de recursos y laboral, que para quienes allí
trabajan es imposible brindar atención en condiciones dignas.
Una vez más paramos y marchamos porque nuestras niñeces y
adolescencias no tienen vacantes y porque no se realizó un solo
diagnóstico sobre el grado de deserción escolar que dejó la
pandemia ni se implementó una sola política de retorno
educativo.
Una vez más, paramos y marchamos por nuestro derecho a la
espiritualidad y a las prácticas ancestrales de los pueblos que
conforman nuestra comunidad, que son perseguidas,
estigmatizadas y criminalizadas por el Gobierno de la Ciudad que
censura y reprime nuestra cosmovisión, cuando nos impide hacer
el culto a nuestros muertos en el cementerio de Flores los 2 de
noviembre. Somos culturas vivas, somos continuidades nuestras
wawas merecen un trato digno, libre de violencia racista
institucional.
Una vez más paramos y marchamos, para exigir nuestro derecho
a una vivienda digna, más aún, cuando somos violentadas en
nuestras casas y para reiterar la necesidad de la creación de un
centro integral de la mujer para nuestro barrio, tal como lo prevé
la ley que los regula.
Una vez más paramos y marchamos para decir desde el corazón
del Bajo Flores que acá estamos, hermanades, en comunidad,
caminando juntas porque abrazamos el deseo inclaudicable de
una vida digna de ser vivida.
QUE LA DEUDA LA PAGUE MAGOYA!
Vamos que Vamos, hasta tocar la dignidad con las manos!
Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores
