La controversia territorial sobre el Esequibo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana está anegada de intereses energéticos que subyacen en su desarrollo.
Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la reclamación definitiva de los 159 mil kilómetros cuadrados del Esequibo que forman parte del territorio venezolano, intentando formalizar el Laudo Arbitral de París de 1899 que, de acuerdo con Venezuela, Reino Unido y la misma Guyana cuando aun era colonia, se demostró fue un fraude jurídico basado en una componenda política entre las potencias anglosajonas. De esa aceptación emanó la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Para que la CIJ falle a favor de Guyana, la República Cooperativa cuenta con el apoyo financiero de transnacionales petroleras interesadas en nuevas fuentes de hidrocarburos, en específico la ExxonMobil.
PETRÓLEO, BUFETES Y DINERO
Entre los abogados contratados por el país vecino está Edward Craven, quien opera desde Londres y trabaja para el bufete Matrix Chambers con sede en la capital inglesa, Bruselas y Ginebra. Además figura Juan Pablo Hugues Arthur, quien despacha desde Nueva York y trabaja para la principal firma de abogados de Estados Unidos, Foley Hoag LLP, junto a Isabella F. Uría.
La presencia de los dos influyentes bufetes en el proceso se mantiene desde antes de que la CIJ confirmara en 2020 su jurisdicción en el asunto. Guyana contrató a una batería de expertos que incluye a:
- Paul S. Reichler de Foley Hoag.
- Alain Pellet, profesor emérito de la Universidad Paris Nanterre, expresidente de la Comisión de Derecho Internacional y miembro del Institut de Droit International.
- Y al abogado de Queens, Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional en el University College London y abogado de Matrix Chambers.
Tanto el pago de los servicios legales como el manejo de la controversia han sido objeto de polémica en Guyana. En diciembre de 2017 Carl Greenidge, actual líder de su delegación y entonces ministro de Relaciones Exteriores, explicó al parlamento de ese país que entre 2016 y 2017 su gobierno tuvo dificultades para pagar a tiempo al equipo legal. Esto hizo que recomendara al entonces presidente, el brigadier David Granger, que cubriera los gastos legales mediante un desembolso de 15 de los 18 millones de dólares que había recibido de ExxonMobil en 2016 como bono de firma del contrato de exploración petrolera.
Esta decisión provocó una diatriba política, con preguntas planteadas por la oposición y grupos de la sociedad civil sobre el uso de los fondos y el manejo del episodio.
MILLONARIO LOBBY DEL BIG PHARMA Y EL CAPITALISMO VERDE: FOLEY HOAG
Foley Hoag y Guyana celebraron por igual la sentencia emitida el pasado 6 de abril por 14 de los 15 jueces de la CIJ en la que se afirmó la jurisdicción sobre el reclamo contra Venezuela de que la frontera entre los dos Estados fue fijada por el Laudo Arbitral de 1899.
El bufete reconoció en una nota de prensa la “ayuda” de Craven, Hugues y Uría, entre otros abogados. Además reseñó las palabras del presidente guyanés Irfaan Alí, quien felicitó “el compromiso continuo y el trabajo sobresaliente” del equipo legal.
Foley Hoag emplea a casi 300 abogados y registró casi 500 millones de dólares en ingresos en 2020, más del doble de lo ingresado en 2019 (Foto: Archivo)
Se trata de una firma que emplea a casi 300 abogados y registró casi 500 millones de dólares en ingresos en 2020, según datos del portal ProPublica, más del doble de lo ingresado en 2019. Además recibió pagos en 2010 por parte de empresas del lobby farmacéutico para ponerse en contacto con legisladores de la Cámara y el Senado estadounidenses e impedir que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) impusiera nuevas y severas restricciones de seguridad al Paracetamol, el ingrediente principal del Tylenol. El consumo en altas dosis del fármaco puede causar daño hepático y la muerte.
El poderoso bufete también aparece involucrado en la disputa entre más de 1 millón de personas en Estados Unidos, que trabajan en la industria pesquera en la Costa Este, y Vineyard Wind, una empresa de energía eólica marina. La persona clave es Amanda Lefton, exdirectora de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), quien en mayo de 2021 dio luz verde a un proyecto basado en turbinas de la altura de rascacielos de 70 pisos que generarían 800 megavatios al sur de Martha’s Vineyard (Massachusetts). Un informe suscrito por ella admitió que habría “impactos económicos negativos para la pesca comercial” y que, si bien a los pescadores se les permitirá hacer su trabajo dentro de los límites del parque eólico, “es probable que toda el área de 30,6 hectáreas sea abandonada por la pesca comercial”.
En enero de 2022, las agencias se retractaron en medio de múltiples demandas y Lefton dejó BOEM para unirse a Foley Hoag, la firma representante de Vineyard Wind. Un portavoz del bufete dijo que Lefton cumplió con todas las reglas de ética como funcionaria del gobierno y que tiene “un compromiso inquebrantable de continuar haciéndolo en el futuro”.
VIEJA CONOCIDA DEL DESPOJO: MATRIX CHAMBERS
Por su parte, Matrix Chambers participó en la demanda de ConocoPhillips contra Venezuela ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi) del Banco Mundial, la cual derivó de la negativa tajante de dicha empresa, junto a ExxonMobil, a negociar con el gobierno venezolano la reestructuración de su participación accionaria en cinco Acuerdos de Asociación (Petrozuata, Hamaca y Corocoro, en el caso de ConocoPhillips; y Cerro Negro y La Ceiba, en el caso de ExxonMobil) para que los proyectos se plegaran a la normativa general vigente aplicable a las actividades de exploración y producción de petróleo en Venezuela tras la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001.
Ambas decisiones, tomadas en 2007, motivaron al gobierno a revertir las participaciones de estas compañías en dichos proyectos del Estado venezolano, que a su vez los asignó a filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para asegurar la continuidad operativa de los mismos. La migración solamente habría requerido que ConocoPhillips redujera su participación ponderada en los proyectos Petrozuata y Hamaca en 10,7% y que ExxonMobil disminuyera la suya en el proyecto Cerro Negro en 13%.
En aquella ocasión el representante de las demandantes fue James Crawford, fundador de Matrix Chambers, quien fue luego elegido juez de la CIJ en noviembre de 2014 y falleció en ejercicio de sus funciones en 2021. Como es sabido, Venezuela no tuvo derecho a la defensa en tribunales estadounidenses debido a que la Administración Trump se negó a reconocer el gobierno constitucional y aprovechó para quedarse con la empresa petrolera Citgo, propiedad del Estado venezolano.
ConocoPhillips ha sido una febril cazadora de activos venezolanos a partir del trabajo de Matrix Chambers que ha lesionado el patrimonio nacional. En la actualidad, apunta a apoderarse de las acciones de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA en suelo estadounidense, y sus tres refinerías, plantas de distribución de combustible y una franquicia con 7 mil estaciones de servicio en ese país.
También reclamó para sí los fondos de PDVSA que se encuentran en el Novo Banco de Portugal, e intentó cobrar unos 115 millones de dólares que el gobierno de Jamaica debe a Venezuela. Todo para hacer cumplir parcialmente otro laudo arbitral de 2 mil millones de dólares favorable en tribunales fuera de Venezuela.
Así que no se trata de una disputa entre Venezuela y Guyana sino de nuestro país versus un entramado corporativo que afianza sus intereses en detrimento de la soberanía nacional y las riquezas socioeconómicas de poblaciones enteras. Intereses que están sincronizadamente alineados al discurso de Estado fallido que se ha querido imponer a Venezuela en instancias internacionales.
Fuente: Mision Verdad.
