Por Aldana Funes, docente de General Pico y miembro del Sitep (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana)
En los últimos días, tomamos conocimientos del femicidio nuestro de cada día: Olga Verón, Camila Tarocco, Jesica Minaglia, Priscila Martínez, Paola Pereyra, Natalia Coronel y la lista puede seguir. A un mes de la Cuarentena social, preventiva y obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández contamos más de 20 femicidios que reafirman lo que las organizaciones feministas decíamos antes de la pandemia: el lugar más inseguro para las mujeres es la propia casa. Según las estadísticas del Observatorio contra las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, el 72% de los femicidios ocurren dentro del hogar de los cuales el 56% fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. En el marco de la cuarentena, estos datos aumentan el riesgo al que estamos expuestas las mujeres de manera alarmante.
Paralelamente a las cifras de distintos observatorios sobre la violencia de género y los femicidios somos bombardeados por datos estadísticos de la pandemia COVID 19: números de contagiados y de muertos en el país y en el mundo, así como también gráficos sobre la curva de ascenso o descenso de los contagios según los gobiernos que analizan la situación. El predominio de ambos temas en la agenda mediática lleva a leer titulares donde se refiere a los femicidios como otra pandemia, pero ¿cuál es el riesgo de entenderlo en estos términos?
Desde el siglo pasado, el campo de la Sociología ya advertía los peligros de pensar los fenómenos sociales en clave de “naturaleza” o de “enfermedad” marcando que atribuir características de lo natural a lo social conlleva a pensar que la solución del problema escapa a las posibilidades humanas. Recientemente, desde la organización “Convoz una vida sin violencia” realizaron un análisis sobre esta situación donde sostienen que “femicidio no es pandemia. Es violencia machista” y señalan los riesgos de normalizar la violencia de género.
En este contexto de disputa por los sentidos que se construyen en torno a la temática, más que nunca, las palabras importan reafirmando que el lenguaje también es político. Por esto es necesario reconocer a la violencia de género y los femicidios como una problemática histórica de años de opresión sobre las mujeres para exigir políticas públicas que transformen esta realidad. Este posicionamiento nos lleva a miles de mujeres en todo el territorio argentino a exigir la ley de emergencia nacional contra la violencia de género, para que el Estado destine presupuesto a la prevención y erradicación de la violencia machista que asesina a una mujer cada 26 horas.
En junio de este 2020 se cumplirán 5 años del primer grito por “Ni una menos”. Desde ese momento, hemos escuchado reiterados anuncios de presentación del proyecto que declare la emergencia por violencia de género. Sin embargo seguimos esperando y nos preguntamos cuántos femicidios tienen que pasar para que quienes ocupan bancas en el Congreso sancionen esta ley. Sin un Estado que tome decisiones políticas con perspectiva de géneros no hay ni una menos.
