La historia enseña, particularmente en América Latina, que quienes concentran el poder y las riquezas no dudan en recurrir al terrorismo cuando se trata de defender sus privilegios en el sistema capitalista. Tambien en Argentina, a traves de fuerzas políticas de origen popular, han sido capaces de garantizar la quita de derechos laborales y la entrega de recursos naturales, servicios estratégicos para el desarrollo de un país y, con ello, nuestra soberanía a las grandes potencias económicas mundiales.
Como movimientos populares necesitamos avanzar con un programa político para realizar las transformaciones necesarias. Esto implica tener en claro quiénes son, qué representan y dónde se encuentran los verdugos de la mayoría del pueblo. Hay que rechazar la excusa puesta por el actual gobierno de que la correlación de fuerzas es insuficiente para discutir y tomar medidas que reviertan la creciente desigualdad. Las fuerzas se acumulan con política y no cediendo ante los poderosos mientras 17 millones de personas padecen la pobreza (con 4 millones viviendo por debajo de los índices de indigencia), de las cuales más de 5 millones son niños y niñas menores de 14 años.
El avance de la derecha como argumento, no justifica el actual rumbo politico del gobierno, donde no solo no avanzo en la recuperación de nuestra soberanía, sino que profundiza su entrega: legitimó la estafa de la deuda con el FMI y consolida el actual modelo productivo de desarrollo basado en el agronegocio y el extractivismo. Este tipo de políticas consolidan una estructura que profundiza la actual crisis que padecemos en cada barrio, en cada escuela y en cada lugar de trabajo (los salarios pierden con la inflación: 3 de cada 10 personas con trabajo formal son pobres).
Las políticas del gobierno son aplaudidas por el FMI porque cumplen con las metas exigidas: ajuste con fuerte aumento de tarifas de servicios públicos, suba acentuada de la tasa de interés que encarece el crédito productivo, recorte de partidas y, sobre todo, un ajuste sobre jubilaciones y salarios estatales. Como contracara otorga a las grandes empresas exportadoras de soja 300 mil millones de pesos, que serán transferidos desde las arcas del Estado a este sector a partir de un precio diferencial del dólar para que liquiden la soja cosechada y acumulada en silo-bolsas.
Las medidas económicas tomadas pueden haber calmado a los mercados, pero no hacen más que seguir profundizando las desigualdades, a tal punto que alimentarse saludablemente se ha convertido en un privilegio por la especulación y encarecimiento de los alimentos. Las políticas compensatorias con los sectores más golpeados no aminoran significativamente la enorme transferencia de ingresos que continúa produciéndose desde los trabajadores asalariados y la sociedad en su conjunto hacia los millonarios del país.
Mientras el gobierno propone “concordia y diálogo” con la oposición de derecha, sigue sin escuchar a los sectores populares que depositaron esperanzas en el Frente de Todos, y construye una realidad que está allanando el camino a las fuerzas políticas más rancias e históricamente antipopulares de nuestra sociedad. Para fortalecer, realmente, la democracia y ponerle freno a la derecha hay que empezar por detener el saqueo, transformar la estructura productiva y modificar profundamente la distribución de los ingresos en favor de quienes trabajan y generan la riqueza en este pais.
Desde el Pie (dep). 30/09/22
