Una nena de 12 años llegó al hospital “Guillermo Paterson”, de San Pedro, Jujuy, con dolores abdominales. Los médicos detectaron un embarazo de 23.5 semanas. La nena confesó que había sido violada por un vecino de 58 años quien además la había amenazado de muerte. Ella y su madre escribieron una carta pidiendo una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho adquirido en casos de violación en el Código Penal desde 1921 y reforzado con el caso F.A.L en 2012, donde se establece que no es necesaria una autorización judicial para pedir la ILE. El equipo médico del hospital le negó su derecho, dilató la situación y recién después de cuatro días la derivó al Materno Infantil de San Salvador de Jujuy. Allí también le negaron su derecho a un aborto legal: le hicieron una cesárea, práctica que fue anunciada por el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid. La recién nacida pesaba 700 gramos. El gobernador Gerardo Morales dijo que había una “familia importante” que quería adoptarla. Sólo vivió cinco días.
¿Cuál es la cadena de responsabilidades, que empieza con un hombre de 58 años violando a una nena de 12 y amenazándola de muerte?
María Pichot es una histórica militante contra la violencia obstétrica, trabaja en ello desde lo corporal y lo artístico y miembro de la Asociación Civil Dando a Luz. Habló con Cosecha Roja y lo primero que se preguntó fue qué pasó cuando la nena de 12 años fue al hospital con un embarazo de tres meses. Según se supo, aquella vez ella también consultó por dolores abdominales. “¿Nadie la revisó? ¿Nadie preguntó por el período menstrual? ¿Cuándo fue su menarca? ¿Se interrumpió el período?”.
“Lo que pasó con esta nena es que le negaron su derecho: demoraron un aborto para hacerlo cada vez más inviable. Y también el parto, porque terminan haciéndolo una cesárea”, dice Pichot y considera que este fue “un nuevo mal uso de la cesárea”, porque lo que debieron practicarle es una ILE. “En el sexto mes le hacen un corte de 12 centímetros para extraerle una especie de recién nacido. Esto está más allá del espectro de la ley”, agrega.
A Pichot le recuerda a la novela “La letra escarlata”, que escribió Nathaniel Hawthorne en 1850. “De por vida lleva una marca a modo de mutilación por haber sido violada y objeto sexual de un hombre mayor”, dice. Para ella, ese corte es “la vista gorda que hizo la medicina al negar que una nena de 12 años fue violada y que, por ende, tiene derecho a un aborto legal”. “Es la colonización de los cuerpos por parte de la corporación de la Iglesia y del Estado ¡y con una nena de 12 años!”. En todo el proceso lo que se priorizó fue el feto, nunca la vida de la nena.
Todas las vulneraciones sucedieron sobre el territorio cuerpo de una niña, despojado de derechos.
Mariana Vargas es abogada, con trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Jujuy como en el caso de Romina Tejerina. Para ella, lo central es que hubo una niña y una madre que pidieron el acceso a un aborto medicamentoso al que tenía derecho y les fue negado. “Vimos cómo su mamá tuvo hablar con los medios para lograr el derecho y cómo en vano hicieron pasar a una niña por una operación y llevarla a un nivel de exposición imposible de frenar”, dice.
El ministro de Salud destacó que contaba con un documento firmado con el consentimiento de la niña. “¿De qué consentimiento hablan si ellas fueron empujadas a aceptar? Es muy macabro porque aprovecharon hasta los sentimientos de la niña de no querer sentir nada más”, dice Vargas.
Los antiderechos desfilaron en el Congreso poniendo en duda un derecho adquirido, el del aborto legal por causales; armaron campañas que buscan empatizar con el feto antes de que con la víctima y utilizaron el lema “salvar las dos vidas” para vulnerar los derechos de una niña. “Por más debate que exista, es ley: una niña, adolescente o mujer que fue violada puede acceder a una interrupción del embarazo sin ningún plazo ni tope”, recuerda Vargas. Aquí el Estado no estuvo ausente: es responsable.
