Con un tercio de la población en la pobreza, desocupación de dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el FMI ni el resto de los especuladores y saqueadores. Ellos pretenden seguir cobrando sus ganancias usurarias e ilegales a costa nuestra.
La deuda que reclaman cobrar está fuertemente cuestionada por ser ilegítima, ilegal y odiosa. Esta atravesó los distintos gobiernos y fue acrecentada por el macrismo de manera histórica. No benefició al país sino a unos pocos bolsillos, con vinculaciones espurias entre funcionarios y fondos de inversión. Tenemos derecho a no pagar lo que no debemos.
No es perpetuando esta deuda y las condiciones del FMI, pateando los pagos para más adelante y reduciéndolos un poco, lo que va a resolver la crisis social, económica y ambiental que recae especialmente sobre nuestres pibes y mayores, la clase trabajadora y los pequeños productores de la ciudad y el campo, las comunidades de pueblos originarios, las mujeres y disidencias.
El presidente se ha pronunciado a favor de investigar la fuga de capitales y sin embargo ratifica la voluntad de pagar la deuda y ha contratado notorios bancos saqueadores para organizarlo.
Avanzar en la negociación con los bonistas y sostener los pagos implica validar la estafa. Por eso rechazamos la llamada “ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda», aprobada entre el nuevo gobierno y la oposición con muy pocas y honrosas excepciones. Es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para pagar sobre la base de la impunidad.
ACTIVEMOS LA CAMPAÑA NACIONAL: FRENTE A LA DEUDA Y EL FMI HAY OTRO CAMINO
La prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos. Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana. Tiene que haber justicia – sanción y restitución – para lograr el NUNCA MÁS.
En una encuesta reciente, el 70% de la población se mostró favorable a la investigación.
Suspender los pagos mientras se investiga es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades. La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdi- da de derechos laborales y sociales.
Implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales. La eliminación de las cláusula gatillo, la anulación de la movilidad jubilatoria y un modelo productivo basado en la extracción minera, hidrocarburífera y el agronegocio son ejemplos de ello. Invitamos a todo el pueblo a autoconvocarse para juntes construir una amplia campaña activa, independiente e inclusiva en cada rincón del país. Llamamos a la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, feministas, disidentes, ambientales, políticas, religiosas y de derechos humanos a activar la campaña llevando el petitorio, mesas, debates, a los barrios, las calles, plazas, escuelas y lugares de trabajo.
Desarrollemos juntes un JUICIO POPULAR A LA DEUDA Y AL FMI, para visibilizar y denunciar cómo nos afecta, por qué es una estafa criminal y quiénes son sus responsables. ¡Movilicémonos!
¡QUE PAGUEN LOS QUE SE BENEFICIARON DE ESTA ESTAFA!
