La investigación judicial por el derrumbe del techo de la CPE podría tener fin en el año 2025.
El fiscal Facundo Bon Dergham continúa tomando testimonios y espera que la CPE reciba y traslade el informe del ingeniero contratado por el Consejo de Administración para realizar una pericia destinada a determinar las causas que provocaron el derrumbe en la sede de la entidad. Fuentes cercanas a la investigación informaron que unos diez trabajadores que desarrollan tareas en el espacio que resultó afectado por el incidente ya desfilaron por la sede judicial para ofrecer testimonio y responder preguntas del magistrado.
Las fuentes consultadas agregaron que desde el inicio mismo de la causa el fiscal se dedicó a recolectar testimonios e investigar teléfonos celulares y computadoras de los principales directivos de la cooperativa, quienes podrían ser procesados por responsabilidades derivadas del episodio y afrontar eventuales sanciones penales.
En principio, esas responsabilidades alcanzarían al presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, al gerente general, Luis Usero, al gerente de Recursos Humanos, Javier Rojas, y al síndico titular Raúl Pedernera. A fines de febrero, Bon Dergham los formalizó y les tomó declaración como imputados por “estrago culposo”.
Lenta investigación.
Las pericias sobre teléfonos y computadoras se encuentran a cargo de personal especializado de la División Telecomunicaciones de la Policía de La Pampa, pero los informes derivados de ese trabajo, al igual que los testimonios, todavía no ingresaron a la fiscalía para su evaluación.
Esta etapa de investigación preliminar culminaría precisamente cuando llegue el informe pericial encargado por la propia cooperativa a Enrique Gil, un perito especializado de Bahía Blanca cuyo trabajo estaría demorando más de lo previsto. Luego de evaluar ese informe, es probable que Gil sea convocado para aportar más datos sobre sus conclusiones y aclarar eventuales dudas de Bon Dergham.
Los plazos de la causa continuarán extendiéndose. En las oficinas de la fiscalía consideran que la etapa de investigación podría durar entre 18 y 24 meses y no avizoran ninguna definición en el corto plazo. La valoración de las pruebas y el resultado de las testimoniales serán los principales elementos a la hora de determinar si existen razones suficientes para formalizar imputaciones penales y determinar responsabilidades por el derrumbe o si corresponde archivar la causa, al no hallar motivos para considerar que el suceso resultara consecuencia de algún delito.
Denunciados.
El siniestro ocurrió el 1° de enero, a las 8, durante una mañana lluviosa. Afortunadamente, por ser domingo y en plena festividad de Año Nuevo, el espacio se encontraba cerrado y vacío, evitando una posible tragedia que el derrumbe habría provocado durante un día hábil, cuando resulta habitual la presencia de numerosos usuarios que acuden a realizar trámites y los empleados que trabajan diariamente en esa sede.
La denuncia penal fue presentada por tres socios, ex trabajadores de la entidad, quienes apuntaron a las autoridades cooperativas por supuesta negligencia. Sin embargo, Carrascal negó que los directivos estuvieran informados sobre algún peligro inminente, y aclaró que el área de Obras Civiles y un ingeniero externo habían realizado pericias, cuyos resultados concluían que no existía un riesgo inminente que merituara clausurar el sector.
