El diputado nacional Leonardo Grosso presentó la iniciativa, con fuerte respaldo de las organizaciones sociales. La idea es que los trabajadores y las trabajadoras ligadas a tareas de asistencia social y cuidado reciban un bono de 5 mil pesos a partir de junio y hasta que termine la emergencia sanitaria. También buscan homenajear a los y las referentes que perdieron la vida en plena pandemia por el abandono del Estado.
Desde el día uno de la cuarentena, los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular, militantes de organizaciones comunitarias, voluntarios y voluntarias de comedores, merenderos y otros espacios de ayuda social fueron considerados esenciales para afrontar los estragos socio-económicos de la pandemia entre los que menos tienen. Dos meses después, con el coronavirus instalado en todas las escalas sociales, el proyecto de ley busca reconocer con un bono los esfuerzos de ese colectivo vulnerable que sostiene a diario el plato caliente.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado nacional Leonardo Grosso, propone un reconocimiento económico y simbólico para ese universo de voluntarios y voluntarias, a espejo del que ya se empezó a implementar para los trabajadores de la salud. «En los momentos más difíciles es donde verdaderamente se siente el esfuerzo popular de aquellxs que a lo largo y ancho de nuestro país se organizan porque no quieren resignarse a vivir en un mundo que continúa dándoles la espalda», dijo Grosso sobre el proyecto, que fue bautizado como «Ley Ramona», en homenaje a la militante de La Garganta Poderosa en la Villa 31, una de las portavoces del reclamo colectivo en ese barrio ante el abandono del Estado.
El proyecto establece un pago mensual de 5 mil pesos que recibirán trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular vinculados a tareas de cuidado y a servicios socio-comunitarios, a partir de junio y hasta el fin de la Emergencia Sanitaria. «Nuestras compañeras le ponen el cuerpo a esta crisis con organización popular y no basta con agradecerles, hay que reconocer su trabajo», señaló Grosso.
«Nosotrxs hemos cumplido y seguiremos cumpliendo siempre con nuestra función social, al servicio de los más pobres y de la comunidad entera, pero sabemos muy bien que existen funciones y responsabilidades fundamentales del Estado que son indelegables e impostergables», explicaron a través de un comunicado en apoyo al proyecto las organizaciones sociales del país, entre ellas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Anibal Veron y Frente Popular Darío Santillan.
