Abuso sexual, maltrato físico y psicológico, grooming, negligencia. La violencia contra niños, niñas y adolescentes, corren un alto riesgo de incrementarse en el marco de la cuarentena impuesta por el COVID-19. Para muchos menores, sus hogares están lejos de ser el sitio más seguro.
La vulnerabilidad económica y social es un foco central en la definición de protección social basada en una comprensión de la pobreza y las privaciones multidimensionales y dinámicas.
“Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de
los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad” (UNICEF, 2005).
La actual pandemia, también en este aspecto ha puesto en evidencia y exacerbado la vulnerabilidad en la que viven en la provincia muchxs niñas y niños, generando condiciones para mayores niveles de desigualdad en el futuro.
Un informe de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno provincial durante la última reunión del Consejo Provincial, al que accedió LA ARENA, señala que desde la puesta en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio «ha recrudecido la estadística sobre las Medidas de Protección Excepcionales que se toman a raíz de la vulneración y/o violación grave de derechos».
«En lo que va de la cuarentena se han tomado 28 medidas de carácter excepcional », sostiene el informe al tiempo que considera que se trata de situaciones conflictivas «graves» que «impiden la continuidad de la convivencia».
De acuerdo a esos datos, 28 niños, niñas y adolescentes con un promedio de entre 6 y 12 años fueron separados de manera transitoria de sus familias ante situaciones de maltrato, abuso y negligencia. Fueron ubicados en familias de contención hasta que estén dadas las condiciones para el retorno a la vivienda familiar.
Para el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Bonino, se trata de «algo habitual ya que todos los años se toman medidas excepcionales ante la vulneración de derechos».
«En el contexto de pandemia, el cierre de clubes, de escuelas o establecimientos agravó las situaciones ya que en un contexto normal por esos lugares se detecta la vulneración de derechos. En esas condiciones normales uno muchas veces tiene la posibilidad de intervenir de manera preventiva cuando la situación no es tan grave», explicó Bonino a LA ARENA.
Y agregó: «Al no estar ese mecanismo de detección de episodios de vulneración de derechos que generalmente cumplen las escuelas o clubes, las situaciones que nos han llegado ya presentaban un nivel de gravedad que ameritaba la toma de la medida excepcional, es decir, el retiro del niño o niña del ámbito familiar».
Durante el año pasado, la Dirección a cargo de Bonino debió intervenir y separar momentáneamente a 52 niños, niñas y adolescentes de su ámbito familiar por sufrir diversas situaciones que vulneraron sus derechos. Es decir, las intervenciones que hubo en cinco meses de cuarentena representan más de la mitad que hubo en los 12 meses de 2019.
Durante la entrevista con el diario LA ARENA, el funcionario explicó que esos niños, niñas y adolescentes son puestos temporalmente bajo la guarda de una familia de contención y bajo el monitoreo estatal. Mientras tanto, los mecanismos estatales se activan para trabajar también con las familias en la mejora y modificación de las conductas que restringen los derechos de esos chicos.
«Muchos de esos chicos ya fueron restituidos a sus familias por tratarse de situaciones que se pueden trabajar a partir de la modificación de las pautas inadecuadas de crianza», aseguró Bonino. Sin embargo, advirtió: «Hay otras situaciones más graves como por ejemplo los abusos sexuales intrafamiliares, donde la posibilidad de hablar de una restitución es directamente imposible».
Resumen de La Arena
