Saqueo, contaminación y beneficios miserables para las provincias.
Recientemente se confirmó que una empresa canadiense iniciará exploraciones en territorio patagónico con la intención de explotar el litio, en una superficie de casi 500.000 hectáreas distribuidas en Río Negro, Neuquén y Chubut. La industria del litio, que desembarcó en Argentina en los 60′ de manos de multinacionales, no sólo está signada por una tecnología innovadora y concentrada en el «Triángulo del litio» (Argentina, Chile y Bolivia), sino que se caracteriza por ser una industria extractivista que impacta ambiental y socialmente sobre territorios a los que le deja solamente migajas de sus millonarias ganancias. Su demanda es cada vez mayor, dado el uso de baterías para dispositivos electrónicos y vehículos, principalmente. Se calcula que estos tres países concentran alrededor del 80% de las reservas mundiales de litio en salmuera.
La empresa canadiense Green Shift Commodities operará en el área delimitada en sociedad con las locales Formentera SA y Electric Metals SA, dos empresas que llevan adelante proyectos mineros en otros territorios de Río Negro. La cabeza operativa del proyecto estará ubicada en la localidad de Mamuel Choique, en el departamento rionegrino de Ñorquincó.
¿Qué va a pasar con una industria fuertemente extractivista y que despoja territorios ancestrales, en una provincia que lleva adelante, precisamente, reclamos ambientales e indígenas de larga data? La resistencia de Pueblos Originarios y asambleas del norte argentino dan pistas sobre cómo podría impactar este megaproyecto en un territorio fuertemente signado por la lucha ambiental como la Patagonia.
Ya existen emprendimientos desde hace varios años en Salta, Jujuy y Catamarca. La primera experiencia en el Sur será desarrollada sobre una superficie de casi 500.000 hectáreas distribuidas entre Río Negro, Chubut y Neuquén, en manos de la empresa canadiense Green Shift Commodities.
Los proyectos que ya están trabajando en el país reportan grandes ganacias para las transnacionales, mientras proyectan un «beneficio» realmente miserable que no supera el 3% para las provincias.
Su aplicación se debate entre la crítica por el despojo de las multinacionales y la oportunidad de desarrollo tecnológico para el país. Pero incluso quienes defienden la industria como una puerta hacia el futuro reconocen brechas significativas en torno al impacto ambiental y la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades, con un Estado que aún no se sitúa como interlocutor y defensor de los derechos.
Hasta la fecha, aparece como una industria prometedora sólo para las compañías extranjeras, sin planes de soberanía sobre un recurso con alta demanda. El modelo es el mismo en toda la Argentina, por lo que la Patagonia no vería cambios significativos en su aplicación.
De concretarse finalmente, se tratará del primer proyecto de litio de roca iniciado en la Argentina. Si bien minimiza el riesgo de afectar el recurso hídrico -a diferencia de la obtención mediante salmueras-, es más caro y es un tipo de explotación minera, un modelo que en la Patagonia fue ampliamente rechazado por sus impactos ambientales y sociales.
Historia reciente de una industria
El litio se utiliza en una diversidad de productos en distintas áreas industriales. Los usos más comunes se dan en aplicaciones de cerámica, vidrio y medicina. En los últimos años su demanda creció dada su utilización para las baterías de iones de litio que se usan en dispositivos electrónicos pequeños como celulares, aunque también puede ser utilizado para fabricar baterías para automóviles eléctricos e hídricos.
Su expansión en el país se dio a partir del auge minero de los 90′. En 1993, se aprobó la Ley de Inversiones Mineras N°24.196, que ofreció un conjunto de medidas beneficiosas para los inversores. En general, la normativa legal sigue vigente, a excepción de regulaciones recientes en torno a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, estudios de impacto ambiental y la participación activa de Pueblos Originarios, aunque son ítems que en la práctica raramente son cumplidos.
En la Argentina se extrae litio desde 1997, cuando el proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto (Catamarca) inició sus operaciones. La demanda global del mineral provocó que en los últimos años la exploración a manos de empresas canadienses, chinas e indias se expandiera en el país.
Según datos de la Dirección de Economía Minera, 2016 Argentina fue el productor de litio con mayor dinamismo del mundo y su producción aumentó 11% en el mercado global. Con el inicio de las operaciones en el proyecto Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz -que representó el 6% de la producción global de litio en ese año-, la industria creció exponencialmente.
El interés por inversiones en el sector creció a partir de la eliminación de un impuesto a las exportaciones en 2016, por lo que en marzo de 2017 se calculaba que ya existían unos 42 proyectos en depósitos de salmueras (salares) y otros cinco en depósitos de pegmatita (roca).
Su consolidación como industria se vio beneficiada a partir de 2011, momento en que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó un grupo de trabajo para la promoción de la investigación científica y tecnológica del mineral. La producción estuvo orientada, entre otras cosas, a abastecer de baterías a las netbooks del programa «Conectar Igualdad».
En 2012, YPF creó la sub empresa Y-TEC junto al CONICET, con el objetivo de reforzar el proceso de industrialización de extracción de litio. A partir de ese momento, las estrategias corporativas y científicas en torno al oro blanco no han cesado de crecer.
Argentina, más boba que Bolivia y Chile
Los escenarios políticos y económicos del Triángulo del Litio varían de acuerdo a cada país. En Chile, el Estado establece un contrato de explotación, dado que el litio es un recurso estratégico. En Bolivia, las empresas de explotación son estatales. En Argentina, en cambio, rige un modelo de concesión libre, lo que le ha valido numerosas críticas por parte de activistas, científicos y abogados en materia ambiental.
La producción de litio está regulada por tres leyes: el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos pertenecen a las provincias, el Código Minero -promulgado en 1887 y reformado en 1997-, y la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993. Esta última regula la actividad y ofrece una estructura que beneficia a las empresas del sector: otorga estabilidad fiscal por un plazo de 30 años, reduce impuestos y quita retenciones a la actividad minera (a partir del Decreto 349/2016 de Mauricio Macri).
Sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta los impactos locales que tiene la extracción de litio, en función de los derechos humanos y la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos.
Se pueden nombrar varios tratados y convenios que registran violaciones en la industria minera y de litio: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) o Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
Actualmente, Argentina se posiciona como una exportadora de materias primas en la industria del litio, con destino a Estados Unidos, China y Japón. Una de las demandas es que el país pueda nacionalizar una industria de alta demanda y comenzar a exportar tecnologías.
Mirada legal
La abogada ambientalista Alicia Chalabe es representante de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). Acompaña hace más de una década a las comunidades originarias que reclaman por su derecho a la consulta libre, previa e informada en territorios de explotación.
«Empezamos hace muchos años, cuando iniciaron las exploraciones en Salinas Grandes. Fuimos a la Corte Suprema exigiendo que se instrumentalice la consulta en toda decisión que se tomara en el territorio», recuerda, en diálogo con este medio. «Se dio como un hecho eventual. Hay una Cooperativa Minera de Salinas, compuesta por miembros de las comunidades, en donde extraen y trabajan la sal. Llegaron inversores queriendo comprar el sedimento por una suma importante de dólares. Las comunidades, en ese momento, se alertaron, dijeron que no, y comenzaron a reunirse. Se conformó el grupo de comunidades para ir a la Corte e instrumentalizar el derecho de consulta», detalló.
«El artículo 124 de la Constitución señala que los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias. La regulación para concesión minera, la otorgación de permisos de exploración y exploración pertenece a la provincia. Pero si el Estado no obliga a las empresas para realizar los procedimientos de consulta, éstas no lo hacen», subraya.
Consideró que el gobierno provincial de Jujuy «no tiene ningún interés en proteger los derechos de las comunidades», y recordó que «es responsabilidad del Estado instrumentar los mecanismos necesarios para los derechos indígenas». «Esto lo denunció el relator de Derechos Indígenas de la ONU, James Anaya, en 2015, donde habló sobre la falta de implementación de Derechos Indígenas en Argentina. Los derechos están legislados, no implementados», agregó.
Consultada sobre los beneficios que quedan para la provincia, especificó que el beneficio formal que se puede controlar son las regalías mineras, que corresponden al 3%, o al 1,6% en el caso de Jujuy: «Al lado de lo que vale la tonelada de carbonato de litio, es nada». Por otra parte, señala que hay «beneficios particulares de las empresas con las comunidades de manera directa, a modo de preventa, contraprestaciones. Ahí entra el área social que han creado las empresas justamente para hacer más amigable la explotación que llevan adelante».
El señuelo del empleo
Al igual que en algunas regiones de la Patagonia donde se han buscado implementar o se han implementado ya proyectos mineros, en el norte son comunes los discursos que prometen empleos en las empresas, un factor clave en la aceptación social de las actividades que llevan adelante.
«En el caso de Olarov, se lleva adelante la explotación en una zona donde habitan nueve comunidades indígenas, que convinieron con la empresa por distintos puntos y acuerdos que han hecho», señala Chalabe. «El mito del empleo se desnuda con números: Por la cantidad de recursos que se exportan y las ganancias a empresas, el número de empleabilidad es irrisorio», indica.
Chalabe subraya la responsabilidad estatal en la falta de exigencias de estudios ambientales al sector empresarial: «Las empresas llevan adelante la explotación con los estudios que pide la provincia y que establece el marco normativo ante tal dinero», normativa que carece de estudios ambientales exhaustivos.
«Recordemos que la evaluación de impacto ambiental que se hace no es de impacto acumulativo ni estratégico, no se puede saber que impacto van a tener varios proyectos en un territorio, se evalúa individualmente. No se hace una evaluación integral, para ver la capacidad de carga de agua y minería de un territorio. Olarov, por ejemplo, es un despojo, es intransitable», agrega.
