Entrevista con Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y Diputada en la Asamblea Nacional de Cuba por Unidad y Lucha (UyL).
Creado en 1988, el CENESEX es una institución académica de asesoría del Ministerio de Salud Pública y un Centro de Estudios de Postgrados de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en el amplio campo de la sexualidad, relacionada con la salud, la educación y los derechos, con incidencia en el diseño de políticas, leyes y toma de decisiones en el país. La Brigada del PCPE en Cuba pudo entrevistar a su directora personalmente en La Habana.
Unidad y Lucha (UyL): Mariela, háblanos sobre la labor central del CENESEX.
Mariela Castro (M. C.): El CENESEX realiza un trabajo de educación de la sexualidad que está dentro de la lógica histórica del proceso emancipador iniciado en el Siglo XIX con las luchas por la independencia y soberanía de Cuba, que tienen su continuidad y consolidación a partir de la victoria revolucionaria de 1959.
El enfoque es la educación para la emancipación, a través de herramientas que permitan interpretar y transformar la realidad, para entender, por ejemplo, cómo las identidades, los cuerpos y el género fueron usados por las clases sociales dominantes y las naciones opresoras con la intención de establecer reglas y normas que favorecieran sus privilegios e intereses. En todas las sociedades explotadoras se crearon múltiples sistemas de opresión, expresados en contextos socio-históricos específicos. En el capitalismo se han utilizado poderosos recursos simbólicos para perpetuar las desigualdades y las diferentes formas de discriminación, además de segmentar las luchas populares en microtemáticas y sectores sociales, centrados exclusivamente en algunas de sus demandas y reformas liberales específicas, para evitar su articulación en un proyecto común de cambio de sistema. Con esas intenciones han saboteado las luchas de los movimientos obreros, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas, animalistas, LGBTIQ+, pacifistas, entre otros.
En ese sentido, desde el CENESEX trabajamos para desarticular la herencia patriarcal capitalista, que naturaliza y reproduce las desigualdades, los estereotipos de género y las diferentes formas de violencia.
Los Estados y Gobiernos deben asumir responsabilidades con la educación de la sexualidad, facilitar elementos de análisis que permitan generar conciencia crítica y la construcción de consensos científicos, políticos, populares, que son indispensables para avanzar en nuestro proceso de transición socialista. La Educación de la sexualidad es un valioso recurso de movilización ideológica para la toma de decisiones políticas en la transformación de la sociedad.
UyL: ¿Qué trabajo concreto desarrolla actualmente el Centro?
M. C.: En el CENESEX se desarrolla una intensa actividad docente, investigativa, comunicacional y de trabajo comunitario. También se brindan servicios científico‑asistenciales a la población desde el Sistema Nacional de Salud Pública, pero también desde nuestra sede, vinculados a proyectos de investigación científica. De estos servicios se destacan los de orientación jurídica a la población, creados en 2007 para atender y acompañar a las personas que denuncian o solicitan ayuda cuando identifican la vulneración de sus derechos sexuales. Los programas de formación profesional, capacitación y sensibilización involucran a todos los sectores sociales del Estado y la sociedad civil, con quienes trabajamos en la preparación de activistas para promover los derechos sexuales, que incluyen a toda la diversidad sexual y de género, no solo a personas LGBTIQ+. Anualmente realizamos cuatro jornadas de diálogo científico y activismo social, que responden a necesidades identificadas por nuestros resultados investigativos.
Las Jornadas “Maternidad y Paternidad: Iguales en derechos y responsabilidades”, de febrero a abril, están dirigidas a reflexionar sobre los derechos y deberes de las maternidades y paternidades en todos los tipos de familias, haciendo énfasis en la corresponsabilidad para atender el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. También se propicia el cuestionamiento a los patrones sexistas de la visión heteronormativa y binarista de género.
En mayo realizamos las “Jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia”, que han contribuido notablemente a promover una mirada crítica sobre los prejuicios y discriminaciones por orientación sexual e identidad de género, además de fortalecer la participación de activistas por los derechos sexuales.
Las jornadas “Hablemos de sexualidad: Aprender para la vida” se realizan de julio a septiembre, y en ellas se promueve la búsqueda de respuestas científicas a las inquietudes de niñas, niños y adolescentes sobre los cambios de su cuerpo, las nuevas responsabilidades que se adquieren, los arquetipos de género, los cambios que ocurren en sus relaciones familiares, principalmente con sus padres. Se pondera la valoración del grupo de coetáneos, los cuidados y la importancia de solicitar ayuda cuando la necesite. Se realizan actividades para dialogar sobre los derechos de la infancia, la prevención del embarazo y la fecundidad en edades tempranas, para facilitar la comprensión de que la autonomía progresiva son grados de responsabilidades que se adquieren paulatinamente, y también sobre la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil.
Por último, las “Jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos”, que se realizan entre la segunda quincena de noviembre y el 10 de diciembre.
UyL: Ya que comentas el tema. ¿Cómo se aborda la violencia de género?
M. C.: Con la aprobación y puesta en vigor de la nueva Constitución de la República en 2019, de otras normas de alto rango como el “Programa para el adelanto de las mujeres” y la “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”, se consolida en el plano legislativo y de políticas públicas la voluntad política del Estado de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia de género, particularmente las que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad, orientación sexual o identidades de género no hegemónicas. El Estado ha mandatado a cada ministerio desarrollar sectorialmente sus propias estrategias y protocolos de actuación desde sus competencias. Esto no significa que no haya hecho nada antes, porque desde el triunfo de la Revolución se establecieron medidas y políticas para atender estos problemas, se trata de procesos de actualización y perfeccionamiento de los mecanismos internos de funcionamiento de la sociedad cubana, sobre la basa de las experiencias adquiridas.
Actualmente, contamos con varias legislaciones que se complementan para juzgar las violencias de género e intrafamiliares, de las que se derivan importantes desafíos para su implementación. No se trata de normas dedicadas exclusivamente a la violencia, pero de manera combinada contribuyen a su prevención y sanción, como el nuevo “Código Penal”, el “Código de Procesos”, y el “del Proceso Administrativo”, junto al “Código de las Familias”. Uno de los retos más importantes es el de mantener acciones de capacitación y comunicación social para educar en el respeto a los derechos y en los principios humanistas que desarrollan nuestras políticas
UyL: Háblanos sobre el recientemente aprobado “Código de las Familias”.
M. C.: El “Código de las Familias” es el resultado de un proceso de actualización de la política de desarrollo económico y social en Cuba hasta 2030, a partir de la crisis mundial del capitalismo, el fracaso de la experiencia socialista en Europa, el recrudecimiento del bloqueo y otras formas de agresión permanentes de los EE. UU. contra Cuba.
En este marco, se entendió la necesidad de aprobar nuevas figuras económicas (cuentapropismo), siempre buscando un marco para evitar la reproducción de mecanismos explotadores, desde la observación crítica permanente del pueblo y la necesaria construcción de consensos para organizar e implementar mejor las nuevas propuestas, tarea enormemente compleja.
A partir de ahí, se inició la reforma constitucional y del “Código de las Familias”, que fueron llevados a consulta popular, aprobados en la Asamblea Nacional y ratificados en referendo popular para su entrada en vigor. La nueva norma familiar introduce avances importantes en el derecho de las familias, sobre la base de estudios científicos en el campo de la sociología, psicología, ciencias sociales y jurídicas, más los análisis críticos de la práctica social en el campo judicial, así como de las limitaciones identificadas en la ley precedente que data de 1975.
En este Código se amplían los derechos de las mujeres; se refuerza la figura de niñas, niños y adolescentes como sujeto de derechos, y el principio de autonomía progresiva; se introduce el término de responsabilidad parental para sustituir el concepto patriarcal de patria potestad, bajo el que los adultos deciden sobre sus hijos sin respetar sus capacidades para decidir (autonomía progresiva), ni el principio de interés superior del niño. Justamente a principios de los años 60 el gobierno de los EE. UU., junto a la Iglesia Católica y la CIA, ejecutó la “Operación Peter Pan” para atacar la Revolución a través de la propaganda anticomunista, alejando a miles de niños de sus familias al llevarlos a EE. UU., con el choque que ello conllevó, donde muchos, además, sufrieron explotación, violaciones y situaciones de este tipo.
En el “Código de las Familias” también se introdujo el concepto de gestación solidaria, que favorece el ejercicio del derecho de toda persona a tener una familia y se sustenta en el respeto a la dignidad humana y solo procede mediante autorización judicial por motivos altruistas y de solidaridad humana entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanos, siempre que no se ponga en peligro la salud de quienes intervienen en el proceder, y en beneficio de quien o quienes quieren asumir la maternidad o la paternidad y se ven impedidos de hacerlo por alguna causa médica que les imposibilite la gestación, o cuando se trate de hombres solos o parejas de hombres. Queda totalmente prohibido cualquier tipo de remuneración, dádiva u otro beneficio, salvo la obligación legal de dar alimentos en favor del concebido y la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto.
Esta propuesta responde principalmente a solicitudes realizadas por familias atendidas por el Programa Nacional de Reproducción Asistida, para que se les permitan estas soluciones dentro del ámbito familiar. La comisión redactora estudió rigurosamente las variables más justas, además de pasar por la consulta a expertos de otros países, con el firme propósito de cuidar que no se reproduzca la práctica explotadora del vientre de alquiler, con parámetros en el “Código Penal”, en el Procesal, y en la ley de salud. Expertos internacionales en derecho familiar reconocieron públicamente que este Código es el más avanzado del mundo. Quizás se podría haber avanzado más, pero hasta ahí llegamos, y dentro de algún tiempo se analizarán los avances de otros países para estudiar sus buenas prácticas.
UyL: Háblanos sobre tu último libro La integración social de las personas transexuales en Cuba.
M. C.: En ese libro, que es resultado de mi tesis de doctorado en sociología, se fundamenta que en las condiciones de la sociedad cubana actual, la integración social de las personas trans y el ejercicio pleno de sus derechos desborda el ámbito de lo estrictamente personal, familiar y médico, y se configura como objeto que reclama intervención social a través de políticas públicas.
El estudio realizado tiene antecedentes en la atención a personas transexuales por el Sistema Nacional de Salud, para apoyar los procesos de transición de estas personas hacia el género con el que se identifican. La coordinación para implementar estos servicios se hizo entre la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud Pública desde 1979. En esas gestiones también se logró el compromiso del Ministerio del Interior de realizar cambios de nombre e imagen en el carnet de identidad de las personas trans, y en 1988 un equipo de médicos cubanos realizó la primera cirugía de adecuación genital a una mujer trans. Desafortunadamente, la publicación en la prensa nacional de este resultado científico provocó que se enviaran a diferentes niveles de decisión del país numerosos mensajes de no aceptación por parte de la población, por lo que el Ministerio de Salud interrumpió este procedimiento hasta 2007, y finalmente quedó respaldado por una resolución del ministro de Salud Pública en 2008.
Cuando asumí la dirección del CENESEX en el año 2000, un grupo de mujeres trans me solicitaron una reunión para explicar sus malestares e insatisfacciones y garantizar un apoyo más amplio de nuestra institución. Sobre la base de estos planteamientos, elaboramos una primera propuesta de estrategia para la atención integral de las personas transexuales, que se presentó a consulta de la dirección del Partido, el Estado y algunas Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que, junto a nuestras investigaciones científicas, permitió superar la visión biologicista, estigmatizante y sanitarista que predominaba en el mundo, para asumir un enfoque social y de derechos. Finalmente nació una estrategia de integración social de las personas trans, como propuesta de política, abandonando el término de persona transexual.
En la mencionada reunión con un grupo de mujeres trans, les presentamos la idea de capacitarse como promotoras de salud sexual para la prevención de las ETS y el VIH. Después de comprobar que la idea funcionaba, se les invitó a prepararse para realizar activismo social por los derechos sexuales. Así desarrollamos numerosos talleres en los que se han involucrado a otros grupos que actualmente conforman la Red de Activistas por los Derechos Sexuales vinculados al CENESEX, entre los que se destacan la Red Transcuba y la de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, ambas de carácter nacional.
Los grupos de activismo trans están actuando de una manera muy interesante, y tienen un nivel de empoderamiento alto porque han sido los que más capacitaciones han recibido.
La estrategia de integración social de las personas trans está insertada en los nuevos diseños de políticas que se concretan en macroprogramas, programas y proyectos, relacionadas con el desarrollo humano, equidad y justicia social.
Redacción UyL
