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Bancarios, docentes y trabajadores de televisión buscarán cerrar sus paritarias y definir el primer patrón salarial del año
Los docentes abrirán su discusión salarial nacional. Los bancarios, en alerta, ya lanzaron un ultimátum por un acuerdo corto y para que las entidades compensen el impacto de Ganancias. Los trabajadores de televisión, con movilizaciones, amenazan con volver a los paros tras la conciliación.
El universo sindical sigue atento el desarrollo de las discusiones salariales de este jueves. Es que lo que se resuelva en ellas no sólo marcará el camino salarial para cientos de miles de trabajadores, sino que dará una señal del rumbo paritario para buena parte de los empleados registrados.
En ese marco los docentes abrirán el jueves la Paritaria Nacional Docente. Negociación que marca un piso de recomposición de ingresos para todas las jurisdicciones del país.
Ctera, el gremio mayoritario, afirmó que planteará «aumento de salario que supere la inflación, con revisión permanente», la «modificación del Impuesto a las Ganancias» y «continuar con la elaboración del Convenio Colectivo del sector docente».
Se espera que el Gobierno proponga el camino de la recomposición salarial semestral en sintonía con la inflación prevista por el proyecto de Presupuesto. Algo más del 30% para el primer semestre o el 60% para todo el año con instancias de revisión.
El paralelo tendrán su reunión salarial los bancarios que comanda Sergio Palazzo. Allí el clima viene picado. Tras dos encuentros frustrados la Bancaria se declaró en Estado de Alerta nacional y ya fogonea un conflicto en caso de que no haya resolución.
El gremio pide un acuerdo corto por arriba de la inflación y que las entidades aporten a soportar la carga impositiva de Ganancias a los empleados: «Debe ser parte de una solución el tema del Impuesto a las Ganancias, mientras se discuten los proyectos presentados sobre la modificación a la ley».
«El peso tributario de este impuesto no puede recaer solo sobre las y los trabajadores, los bancos no pueden mirar para otro lado, también deben hacerse cargo», aseveró la bancaria.
Por último los trabajadores de Televisión agremiados en el Satsaid volverán a discutir sus salarios en el marco de nuevas protestas.
Harán manifestaciones en la puerta de las empresas para acompañar el reclamo paritario de sus representantes que ya lleva varias semanas sin definirse.
Los conducidos por Horacio Arreceygor insisten en un aumento del 24%, más la compensación neta del articulo 215 para el periodo enero- marzo de 2023.
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Para Yasky, «la proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política del Frente de Todos»
El líder de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky aseguró hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «es la candidata que tiene que encabezar» la fórmula electoral del oficialismo y sostuvo que tema de su «proscripción tiene que ser central en los debates de la mesa política» convocada por el presidente Alberto Fernández para analizar las estrategias electorales de la coalición de cara a las próximas elecciones.
«Es un tema que hay que resolver. La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el gobierno», afirmó Hugo Yasky en declaraciones a Futurock.
De esta forma se refirió el dirigente sindical a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad.
El titular de la CTA de los Trabajadores aseguró que el FdT está «en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha» y consideró que «el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común» para presentarle al electorado.
«Me niego a creer que Cristina está fuera de la cancha. En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicilof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)», remarcó.
Además, el referente gremial sostuvo que «sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta».
«No quiero resignarme a aceptar que esta decisión la tomaron los del círculo rojo. Apuraron un juicio trucho para condenarla y sacarla de la cancha con esa condena de inhabilita de por vida. Suena a las dictaduras que sufríamos en el siglo XX», agregó.
Al ser consultado por una posible respuesta por parte de la militancia, Yasky aseguró que «se va a trabajar para construir episodios para reclamar en masividad».
«También me imagino decisiones del gobierno antes de la definición electoral o una iniciativa a nivel internacional. Hay muchos caminos que no fueron explorados y hay que ponerlos sobre la mesa el día que nos convoquen a una mesa política», apuntó.
En tanto, aseguró que desde la oposición «quieren hacer bardo económico» porque «saben que si seguimos estabilizando el país, ellos la tiene difícil» en las próximas elecciones.
«Los formadores de precios están decididos a desestabilizar económicamente a este gobierno y que haya una brutal devaluación para que pierda las elecciones y seguir engordando su dinero en los paraísos fiscales», completó.
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Los diputados de extracción sindical empujan el Juicio Político y hacen foco en los «desmanejos» de la Corte en la Obra Social del Poder Judicial
La diputada del Frente de Todos (FdT) María Rosa Martínez afirmó hoy que «se registran una serie de denuncias y desmanejos» por parte de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y defendió que se avance en la admisibilidad del Juicio Político donde se investigue el «mal desempeño y posible delito de malversación».
«Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación», afirmó María Rosa Martínez en declaraciones a radio AM 750.
El próximo jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia: Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La legisladora sostuvo que «el daño institucional provocado por la Corte es muy grave» y recordó que en el año 2008 se llegó a «una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones» en la obra social del Poder Judicial.
Esa resolución le otorgaba a la Corte la potestad de realizar auditoría de la gestión, contrataciones, fijar el plan presupuestario y los nombramiento de la comisión directiva de la prestadora.
«Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo», detalló.
Además, Martínez consignó que se registró en la obra social «una falta de previsión presupuestaria» y los balances «no eran firmados por el colegio profesional» de Ciencias Económicas.
«Hay alrededor de 400 denuncias en sede judicial, y causas judiciales abiertas por los trabajadores» de la prestadora, apuntó la legisladora.
En tanto, Martínez aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social «fue muy importante»
«La denuncia de la CC reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas», completó.
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Moyano pidió que se terminen las internas porque le dan «la posibilidad a la derecha de volver a gobernar, algo que sería castastrófico para los trabajadores»
Pablo Moyano, el cotitular de la CGT, se refirió a la interna del Frente de Todos y pidió que la mesa política convocada por Alberto Fernández se enfoque en discutir los «temas que le interesan a la gente». Además mandó un mensaje: «Si el Presidente no se habla con la vicepresidenta, seguimos dándole la posibilidad a la derecha de gobernar».
El secretario General de la CGT y número dos del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó la falta de comunicación que existe entre el presidente Alberto Fernández y sus funcionarios y pidió que la mesa política convocada por el jefe de Estado no solo se enfoque en la definición de las candidaturas, sino en la concertación de una hoja de ruta en común en aras de resolver los «temas que le interesan a la gente», como la inflación.
En declaraciones a Futurock, Moyano celebró el anuncio realizado por Fernández el domingo sobre el llamamiento a una mesa para diseñar las reglas electorales del FdT. «Lo venimos reclamando de distintos sectores y creo que es el momento justo y necesario para que en ese debate, que lamentablemente se hace en forma pública, los dirigentes con cierta responsabilidad podamos debatir y discutir en un congreso partidario donde participemos todos».
«Acá no sobra nadie y todos somos necesarios en este momento, donde hay un ataque de la Justicia hacia el Gobierno; de los empresarios, remarcando permanentemente los precios de los alimentos; y también un ataque mediático constante. Más allá de las candidaturas, es el momento de que empecemos a armar un programa donde todos aportemos un granito de arena», enfatizó Moyano.
Consultado acerca de la falta de diálogo entre el Presidente y su ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el sindicalista mandó un mensaje: «Creo que cada vez que surge una discusión, o si el Presidente no se habla con la vicepresidenta o el ministro, seguimos dándole posibilidad a la derecha de volver a gobernar, algo que sería castastrófico para los trabajadores».
Más tarde, insistió en que el debate al interior del espacio no debe limitarse a la definición de las candidaturas. «Ojalá que de estas discusiones internas surja algo importante para la gente. Todavía hay muchísimos problemas por resolver. Vengo reclamando hace tiempo que el salario familiar por hijo lo cobren todos los trabajadores registrados, queremos que se devuelva el impuesto al trabajo y hay un montón de reclamos que todavía no han sido resueltos por el Gobierno», consideró.
Y recalcó: «Hay que hablar de los problemas de fondo, de medidas peronistas que lleguen directamente al bolsillo de los laburantes, y no estar discutiendo otros temas que no les interesan a la gente».
Por último se refirió a la situación de Cristina: «Que hay proscripción está comprobado. Hay un ataque constante del diario Clarín y de los jueces… Por eso hemos acompañado la marcha y el juicio político a la Corte Suprema. No se cuál será su ánimo, si tendrá voluntad, pero nadie puede descartar que será una figura central en el próximo armado (…) Creo que si intenta ser candidata van a salir a ir a acelerar los juicios que tiene, pero nadie va a dudar que ella va a ser un eje central en los próximos meses».
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Promesas incumplidas.
En 2022 el país produjo casi lo mismo que en 2015 pero con salarios un 23 % más bajos
La comparación realizada por Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, toma en cuenta los ingresos de los trabajadores registrados, si se incluyeran al conjunto de los asalariados la cifra sería aún peor. El Frente de Todos que prometió recuperar lo perdido con Macri, profundizó la caída de los sueldos.
El Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma publicó un informe analizando la situación económica y social al cierre del año pasado, su coordinador, Luis Campos, destacó en Twitter los datos más relevantes. El especialista explicó que pese al crecimiento económico en 2021 y 2022 que permitió volver a un PBI similar al 2015 (antes de la pandemia y de la crisis del 2018) el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza es mucho más alto que en ese entonces por la caída en los ingresos de las grandes mayorías.
Los asalariados registrados, detalló Campos, terminaron el último año con salarios un 2,8 % inferiores a los del 2021 y en el mismo periodo los haberes jubilatorios descendieron un 4,7 %; mostrando que la tendencia a la caída en los ingresos no se está revirtiendo. Entre 2015 y 2022 los trabajadores formales (medidos por el RIPTE) acumulan una pérdida del 23,2 %, mientras que la actividad económica (EMAE) creció 1 %.
Además el economista de la CTA agregó que “El retroceso salarial afectó con mayor intensidad a los asalariados no registrados que en comparación con diciembre de 2019 perdieron un 15,6%. Esto provoca que a pesar de una caída en el desempleo se registre un incremento de la pobreza y la indigencia”. Aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas (tomando como parámetro las canastas elaboradas por el Indec) pasaron de ser el 28,6 % de la población en 2017 al 36,5 % en 2022 y los que ni siquiera pudieron acceder a una alimentación mínima del 6,2 % al 8,8 %.
Campos también resaltó que el Estado tiene una importante influencia directa en la baja de los ingresos al afirmar que “El Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió contra la inflación en seis de los últimos siete años. En diciembre de 2022 estaba un 8,3% por debajo de diciembre de 2019 y un 30,5% debajo de diciembre de 2015.” y añadir: “Los haberes jubilatorios en 2022 fueron un 9,3% más bajos que en 2019 y un 27,4% inferiores a los de 2015. Quienes cobran la mínima tuvieron una compensación con los bonos discrecionales que tienen que ser cada vez más altos para empatarle a la inflación.”
El Gobierno al honrar la fraudulenta deuda externa y firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se comprometió a realizar un fuerte ajuste haciendo caer las jubilaciones, salarios públicos y programas sociales. Además la alta inflación, que carcome el poder de compra, y las pocas reservas, que podrían empujar a una devaluación (lo que aceleraría la suba de precios) provocarán un mayor deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El Gobierno del Frente de Todos asumió con la promesa de terminar con el ajuste de Macri y recuperar lo perdido, pero la situación empeoró y las perspectivas de un deterioro aún mayor.
Las direcciones sindicales como la CGT y la CTA tendrían que estar a la cabeza de un plan de lucha para recuperar el poder de compra perdido durante el macrismo y el gobierno del Frente de Todos. Por las demandas de trabajadoras y trabajadores, de los sectores populares, por la unidad de trabajadores ocupados y desocupados para pelear por trabajo genuino, salarios y jubilaciones que permitan cubrir las necesidades básicas.
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Sueldos que no alcanzan: el 50% de los trabajadores formales está debajo de la línea de pobreza
Los últimos datos del Ministerio de Trabajo marcaron que el promedio salarial no llegó a $130.000 en noviembre, cuando la canasta básica total fue superior a los $145.000.
Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo aportaron una buena noticia, y es el crecimiento sostenido del empleo formal. Pero, en contraposición, evidenció que el 50% de quienes tiene un trabajo registrado está por debajo de la línea de pobreza.
Así surge del relevamiento realizado, que determinó que el promedio salarial no llegó a $130.000 en noviembre pasado -últimos datos oficiales disponibles-, mientras que en ese mismo mes la canasta básica total fue superior a los $145.000.
De esta manera, y si bien se recortó la caída en términos reales en noviembre, cuando registraron una suba de casi 9%, eso no fue suficiente y quedaron 2 puntos por debajo del mismo mes del año anterior.
«El dato más impactante en materia salarial es la mediana. Los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de cuatro personas fue de $145.948″, apuntó el economista de la CTA Autónoma, Luis Campos, quien coordina el Observatorio del Derecho Social del gremio.
De qué forma creció el empleo
El especialista también destacó la buena noticia de que la cantidad de trabajadores formales aumentara por 23 meses seguidos, lo cual la ubica en los niveles máximos de principios de 2018 gracias a dos años de «fuerte suba», lo que consideró «el vaso medio lleno. El medio vacío es que es la misma cantidad de trabajadores que hace siete años».
De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de personas con trabajo registrado en el país alcanzó a 13,018 millones en noviembre de 2022, lo que marcó un avance de 5,1% respecto a igual período de 2021, al sumar alrededor de 630.800 nuevos empleos.
De ese total, 10.138 millones se encuentran trabajando en relación de dependencia, incluyendo al sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares, mientras que los 2.880 millones restantes tienen un empleo independiente, bajo la categoría de monotributistas y autónomos.
Este último segmento es el que aporta el mayor dinamismo a la estadística pública. Por caso, la cantidad de monotributistas creció 13,4% en el año y representan ahora casi 20% del total de los empleados registrados, cuando diez años antes no llegaban al 14%.
«En comparación con noviembre de 2019, el mayor incremento lo tuvieron, por lejos, los monotributistas. Crecieron un 25% y representan casi el 60% del aumento de la ocupación», señaló Campos.
La paradoja sobre los sueldos
Un dato no menos relevante, otra vez en términos de cantidad, es que el incremento interanual obedeció, principalmente, a la expansión del sector privado que sumó 269.300 personas (+4,5%,) y, en segundo orden, al crecimiento también del sector público, que incrementó su dotación en 58.900 empleos (+1,8%),
Y un capítulo aparte es el del trabajo en casas particulares, que presentó leve incremento 0,6% con relación a noviembre de 2021, es decir 3.000 trabajadores más. Sin embargo sigue siendo el sector que no logra recuperarse de la pandemia. En números absolutos, se destruyeron 24.500 empleos en el sector, lo que es un 5% menos de los existentes en 2019.
Por último, y retomando el dato de que en el 50% de los casos de los trabajadores formales los sueldos no alcanzaron para superar la línea de pobreza, surge una paradoja: si se toma en cuenta que informó esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios crecieron por encima de la inflación en noviembre 2022.
El Índice de Salarios registró en ese mes un incremento del 6,7%, por encima del 4,9% que registró la inflación ese mes, como resultado de un alza del 7,3% en los sueldos de los trabajadores privados registrados, del 5,7% en los empleados públicos, y del 6,4% en el sector informal.
Sin embargo, eso es solo una cara de la moneda. Y la otra, la que surge a partir de los datos del propio Ministerio de Trabajo, demuestra que en la práctica esa suba estuvo lejos de ser suficiente.
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Los bajos salarios conspiran contra el objetivo del Gobierno de transformar planes sociales en empleo formal
La administración nacional está en una disyuntiva: impulsa la obra pública y celebra la continua baja de la desocupación, pero le cuesta transformar los planes sociales en trabajo social por los bajos sueldos.
Por: Emiliano Russo.
Tras una nueva jornada en la que se hizo sentir la protesta piquetera sobre los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de más de 140 mil planes Potenciar Trabajo caídos a causa de una auditoría oficial, el Gobierno se encuentra en una suerte de encerrona: por un lado empuja la obra pública y festeja los bajos números de desocupación, pero también encuentra dificultades para avanzar en la formalización de los beneficiarios y trabajadores precarios por los bajos salarios existentes en el mercado laboral.
Falta de mano de obra
Un funcionario de estrecho vínculo con Alberto Fernández graficaba en las últimas horas este panorama: por un lado, celebró los bajos números de desempleo y la febril actividad económica que se registra en varios distritos del interior. Citando una conversación con el intendente de Coronel Pringles (Lisandro Matzkin), aseguró que en esa ciudad del centro-oeste bonaerense no se consigue mano de obra para acompañar el ritmo de la obra pública.
El problema, aunque no se mencionó en esa charla, hay que buscarlo en los bajos salarios. Desde hace 7 años, con la excepción de 2017, el salario real viene cayendo pero la inflación del 95% registrada en 2023 no hizo más que agudizar el fenómeno.
En el ministerio de Trabajo, por un lado, han celebrado que se superaran los 13 millones de trabajadores registrados. Pero un informe interno subraya que sólo la mitad de ese universo logró el año pasado empatar o superar a la inflación: el resto cayó frente a la avanzada de los precios. El panorama entre los informales es sensiblemente peor.
Unidad Piquetera reclamó este martes contra la suspensión de planes de Potenciar Trabajo a quienes no completaron el registro.
Los sueldos cada vez alcanzan menos
Según informó Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la CTA Autónoma, del último muestreo del SIPA (el sistema integrado de trabajadores en blanco) se desprende que los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de 4 personas fue de $145.948.
Ahí radica la dificultad del Gobierno en formalizar a este universo de trabajadores precarios: los bajos salarios no son incentivo y por eso muchos continúan en la denominada economía popular.
En este contexto, el diputado Juan Carlos Alderete, advirtió hoy que hubo una «redistribución de la pobreza» por lo que no se ha logrado cumplir con el mandato de la campaña electoral 2019. En este sentido, denunció que «hubo una brutal transferencia de ingresos hacia los que más tienen. Hoy no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Se puede tener un trabajo formal y ser pobre. De los informales ni hablemos».
Es también referente de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), que integra los denominados «Cayetanos», y es una de las que administra los planes sociales.
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SALCo. Locutores encienden alarmas por la Robotización de la voz
“Caeremos con todo el peso de la ley sobre quienes quieran utilizar esta forma espuria para seguir evitando la contratación de voces profesionales”.
Desde el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores salieron con los tapones de punta ante la publicación en redes sociales de la empresa Voicely que ofrece ostentosamente “Nunca más gastes en locución” graficando violentamente la promoción de un software que convierte “instantáneamente cualquier texto en una voz en off 100% humana con sólo 3 clics”.
Frente a los hechos el SALCo encendió las alarmas en relación a las dramáticas consecuencias que podría generar este tipo de software en los puestos de trabajo del sector.
“No a la robotización de la voz”
En este marco, SALCo marcó postura y fue contundente: “Se repudia la alevosa actitud y advierte que se opone contundentemente a estas prácticas que atentan contra el ejercicio profesional de locutores y comunicadores, pretendiendo reemplazar la voz humana por frases robotizadas”.
En este sentido, el gremio detalló el marco legal que protege a los locutores del país y señaló: “En la Argentina, rigen normas que amparan a las voces profesionales (ley 26.522 y Resolución 709/2003 por citar algunas) plenamente vigentes. Nuestros convenios colectivos de trabajo contemplan que en todos los casos que la contratación de trabajadores en los medios de comunicación y agencias o productoras de publicidad, debe respetar las incumbencias profesionales”.
“No toleraremos bajo ninguna circunstancia que alguien se haga el distraído y no dude en producir voces masculinas y/o femeninas robotizadas para ser utilizadas por cualquier medio de difusión o propaganda, aumentando la ya innecesaria precarización existente a raíz de la proliferación de pseudo empresarios inescrupulosos, que no vacilan en seguir impunemente violando la normativa vigente, en desmedro de los puestos de trabajo y la labor independiente de locutores y comunicadores”, afirmaron desde el gremio de Locutores.
En esta línea, también advirtieron: “Caeremos con todo el peso de la ley sobre quienes quieran utilizar esta forma espuria para seguir evitando la contratación de voces profesionales”. Y agregaron: “No nos quedaremos con los brazos cruzados, hacemos llegar al ENACOM, ARPA y Asociación de Agencias de Publicidad, un llamado de atención sobre la existencia de Voicely y las nefastas consecuencias que tendría sobre el mercado formal del trabajo la continuidad de su promocionada fábrica de voces humanas”.
Para finalizar afirmaron: “Seguiremos defendiendo al locutor y comunicador en todos los rincones del país como desde hace 80 años. No a la robotización de la voz”.
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Trabajadores del Posadas confirmaron otro paro de 48 horas a partir de este miércoles
Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas anunciaron un nuevo paro de 48 horas, con guardias mínimas, a partir de este miércoles 8 de febrero, para seguir reclamando por una urgente recomposición salarial, ante la falta de respuestas tanto de las autoridades del nosocomio como del Gobierno nacional.
Los reclamos principales que motivan el paro son un aumento salarial por fuera de la paritaria (dado que la misma fue considerada como “insuficiente”), un bono de $100.000, (sólo se pagaron $30.000), recategorizaciones de los sectores profesionales y no profesionales del hospital, licencias especiales y pases a planta.
Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y coordinadora de hospitales nacionales de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), explicó en relación con la medida: “El Gobierno cortó todo diálogo con los profesionales y trabajadores en conflicto”.
“El 90% de los trabajadores del hospital está en condiciones precarias, y el Estado nacional -que hace 30 años administra el hospital directamente- no ha tenido la decisión política de resolver el trabajo decente para los 5.000 trabajadores que pusieron todo de sí para enfrentar la pandemia, con más del mil enfermos y cinco compañeros fallecidos”, concluyó la gremialista.
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Moyano defendió las medidas antiinflacionarias pero sin renunciar a las «paritarias libres»
Pablo Moyano, cosecretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Adjunto de Camioneros, reivindicó el rol del ministro de Economía Sergio Massa, consideró que una pauta paritaria de 60% para 2023 podría ser “un éxito” si avanza el control de la inflación, reclamó más controles para el cumplimiento de los acuerdos de Precios justos y volvió a pedir la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias.
Durante una entrevista radial, el gremialista consideró que Massa “está haciendo un laburo impresionante con todas las actividades que mueven la economía” pero exigió más controles a los comercios por los acuerdos de Precios Justos: “Tendría que haber un control estricto del Gobierno multándolos o clausurándolos”. Y añadió: “Te da bronca porque los ves (a los empresarios) en los grandes anuncios, poniendo la cara y después hacen lo que quieren. Salen 10 camiones y te esconden dos”.
El gremialista también le exigió al presidente Alberto Fernández el “pago del salario familiar para hijos e hijas de todos los trabajadores en blanco, la devolución de Ganancias del aguinaldo y que elimine el Impuesto a las Ganancias del salario de los trabajadores”, uno de los reclamos que viene aglutinando a grandes sectores del sindicalismo en la mesa gremial “El salario no es ganancia”
Moyano también se refirió a la pauta de 60% para las paritarias del año que está impulsando el oficialismo para limitar las expectativas inflacionarias: “Las paritarias son libres y cada organización gremial está libre de discutir según haya crecido su actividad, con eso no va a haber problemas. Si es el 60% sería un éxito, porque significa que se está controlando la inflación”.
Otro cosecretario General cegetista, Héctor Daer, había planteado durante el fin de semana una perspectiva similar, remarcando que la central obrera respalda las medidas antiinflacionarias pero sin “resignar la libertad de las paritarias”. Luego añadió: “Representamos a un sector que está convencido de que tenemos que ir en contra de la inflación y por eso acompañamos esta iniciativa. También la acompañamos desde una lógica de interés propio, de reivindicar la libertad de paritarias que tenemos y que no vamos a resignar nunca
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Internacionales
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La OIT recomienda reducir las horas de trabajo para «equilibrar la vida personal y laboral»
Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo asegura que mejorar esta relación beneficia a empresas y trabajadores, en especial luego de la pandemia.
En un reciente trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda disminuir las horas de trabajo, para lograr una mejor relación entre la vida privada y profesional de los trabajadores. En un cambio de paradigma en materia de recomendaciones, la entidad afirmó que «la reducción de las horas de trabajo y la organización más flexible del tiempo de trabajo, pueden beneficiar las economías, las empresas y los trabajadores».
La base de estas políticas, afirmaron, está vinculada a las medidas tomadas en el inicio de la pandemia, que permitió combinar trabajo presencial y virtual, entre otras cuestiones. El informe analiza «diferentes organizaciones del tiempo de trabajo y sus efectos sobre el equilibrio entre la vida profesional y privada, como los sistemas de trabajo por turnos, por pedido, horarios comprimidos y horas anuales promedio».
Con la llegada del coronavirus, varios gremios pidieron que se debata la extensión de la jornada laboral en la Argentina, una de las más largas de la región.
El trabajo de la OIT, titulado Working Time and Work-Life Balance Around the World (que puede traducirse como El tiempo de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada en el mundo) examinó los dos aspectos principales del tiempo de trabajo: «Las horas de trabajo y la organización del tiempo de trabajo y sus efectos sobre el rendimiento de las empresas y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las personas».
Incluyó una serie de nuevas estadísticas sobre las horas de trabajo, tanto antes como durante la crisis de la Covid-19. El estudio, el primero que se concentra en el equilibrio entre la vida profesional y personal, constata que «una parte substancial de la fuerza de trabajo mundial trabaja bien sea un número mayor o menor de horas respecto a la jornada laboral estándar de 8 horas diarias y 40 horas semanales».
«Más de una tercera parte de todos los trabajadores trabaja más de 48 horas por semana, mientras que una quinta parte de la fuerza de trabajo mundial tiene un horario de trabajo reducido (a tiempo parcial) o trabaja menos de 35 horas semanales», recalcó el informe al que tuvo acceso Gestión Sindical.
«Existe una cantidad considerable de evidencia que las políticas de equilibrio entre la vida profesional y privada proporcionan importantes beneficios a las empresas, sustentando el argumento de que este tipo de políticas son provechosas tanto para los empleadores como para los empleados», señaló el reporte, del que participó la oficina argentina de la entidad laboral.
El estudio analizó también las medidas adoptadas por los gobiernos y las empresas como respuesta a la pandemia «para ayudar a que las empresas siguieran operando y que los trabajadores no perdieran su empleo». En este sentido, se constató que «la reducción de las horas de trabajo de una mayor proporción de trabajadores contribuyó a prevenir pérdidas de empleo».
También se evidencian cambios a largo plazo: “La implementación a gran escala del teletrabajo en casi todas las partes del mundo donde era posible hacerlo, cambió, la naturaleza del empleo, y probablemente lo hará más en un futuro previsible”, sostiene el informe.
Ejemplos argentinos
En el país, existen varios proyectos que buscan reducir la jornada laboral, primer paso para equilibrar la vida laboral y la privada, como pide la OIT. La iniciativa más avanzada se da en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, donde los metrodelegados quieren sumar un franco semanal al que existe, una forma de dar ese paso.
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) le recordaron a Gestión Sindical que a fines del año pasado lanzaron un plan de lucha con tres ejes: reducción de la jornada laboral, aumento salarial y retiro de las formaciones con asbesto. «Algunas cosas se cumplieron, otras a medias, mientras seguiremos con las medidas», alertaron.
Acompañando este pedido, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, presentó un proyecto para reducir la jornada laboral, que todavía no tuvo tratamiento parlamentario. La idea es reducir a 40 horas semanales la jornada legal, hoy ubicada en 48, una de las más altas de la región, de acuerdo a viejos estandartes que la propia OIT está revisando.
Otros sectores que se mostraron a favor de estos cambios son el colectivo Mujeres Sindicalistas, que dedicó uno de sus cuadernos de estudios al tema, y la Corriente Federal de los Trabajadores. Incluso el dirigente curtidor y actual ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se mostró a favor del debate, aunque en este tiempo no se logró avanzar en el tema.
Las opciones que se vienen barajando y a veces implementando en Europa, redujeron la semana laboral que pasó a ser de 4 días, pero manteniendo el horario regular de cada jornada, mientras que en algunos casos se eliminaron completamente los turnos largos que van de 12 a 24 horas, en todos los casos sin que eso implique un recorte en los ingresos de los trabajadores.
Gran renuncia
A nivel mundial, muchas entidades y especialistas están trabajando en esta cuestión, que ganó espacio en la agenda laboral. En este sentido, los intentos de lograr un equilibrio se les dio en llamar «gran renuncia». «El fenómeno llamado ‘gran renuncia’ ha puesto el equilibrio entre la vida profesional y privada en la primera línea de las cuestiones sociales y del mercado laboral del mundo post pandemia», declaró Jon Messenger, el principal autor del informe de la OIT.
«Este estudio muestra que si aplicamos algunas de las lecciones aprendidas durante la crisis de la Covid-19 y analizamos atentamente la manera en que las horas de trabajo están estructuradas, así como su duración promedio, podemos crear una situación que beneficie a todos, mejorando tanto el rendimiento de las empresas como el equilibrio entre la vida laboral y familiar», agregó.
El informe incluye un número de conclusiones y recomendaciones, entre ellas: «Las leyes y reglamentaciones de la jornada laboral sobre el número máximo de horas de trabajo diarias y los períodos de descanso reglamentarios son logros que pueden contribuir a la salud y bienestar de una sociedad a largo plazo y no deben ponerse en peligro; las jornadas de trabajo más largas por lo general están asociadas con una productividad inferior, mientras que un horario más reducido está relacionado con una mayor productividad».
Además, los países «deberían aprovechar las experiencias adquiridas con la reducción y la flexibilidad de las horas de trabajo durante la crisis de la Covid-19. Incluyendo las modalidades a tiempo parcial con las mayores prestaciones posibles, no sólo a fin de mantener el empleo sino también para sostener el poder adquisitivo y crear la posibilidad de amortizar los efectos de las crisis económicas».
«El teletrabajo contribuye a mantener el empleo y crea un nuevo espacio para la autonomía del empleado. Sin embargo, esta y otras formas de modalidades flexibles de trabajo deben ser reguladas para contener sus posibles efectos negativos, a través de políticas como la que con frecuencia se llama un ‘derecho a desconectarse’ del trabajo», concluyó la OIT.
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Escándalo en Uruguay
El PIT-CNT apuntó contra el gobierno de Lacalle Pou por espionaje a docentes y estudiantes
La central sindical de Uruguay, PIT-CNT, advirtió que el seguimiento a estudiantes y docentes de una escuela secundaria que, se descubrió, hacía el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou constituye “una perla más en un largo collar de arbitrariedades y persecución contra militantes sociales por parte de funcionarios de este Gobierno”.
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Diego Battiste
Tras recibir a las autoridades de la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), la conducción del PIT-CNT emitió un comunicado en el que expresó su “más absoluto rechazo” a las “prácticas” de espionaje “que lesionan a la democracia y a los derechos y libertades de la ciudadanía en general y de trabajadores y estudiantes en particular”.
La prensa montevideana reveló ayer que Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Lacalle Pou y detenido por integrar una organización que fraguaba pasaportes, espió a docentes y alumnos de una escuela secundaria capitalina.
Astesiano utilizó para ello a un funcionario policial al que tenía agendado como Marcelo Baiano, según chats que formarían parte de la investigación de la fiscal Gabriela Fossati.
De acuerdo con esa información, Baiano habría suministrado a Astesiano datos personales de una docente delegada sindical y de algunos alumnos del Liceo 41, al que concurre o concurría un hijo del excustodio presidencial.
La central sindical analizó hoy la información sobre ese espionaje a docentes y estudiantes y las medidas a llevar adelante por el rastreo que llevó adelante Astesiano de los movimientos del titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, antes de un accidente automovilístico el año pasado.
El vicepresidente de la organización, José Lorenzo López, dijo en rueda de prensa que en función de ambas situaciones se tomaron como “acciones concretas, sin descartar ninguna otra medida”, solicitar una reunión con la conducción de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y con el directorio del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU).
Para López, el “organismo rector en políticas de infancia y adolescencia” debería “tener un pronunciamiento al respecto de esta situación”.
Se pedirá también una entrevista a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para “denunciar y pedir su pronunciamiento” y, “como última medida, también se va a pedir una entrevista al fiscal de Corte para analizar la situación en su conjunto debido a todo este espionaje, que claramente ha quedado demostrado”.
López reveló que, en paralelo, se está elaborando una denuncia para presentar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que ya hay contactos con las centrales sindicales de América Latina y el Cono Sur.
Por otro lado, el vicepresidente del PIT-CNT cuestionó el “silencio general” de las autoridades de gobierno y juzgó que “bajar el perfil a una situación que es grave” dice mucho de la postura del Ejecutivo.
“La persecución contra estudiantes menores de edad representa un límite más que se ha traspasado y que vulnera las garantías individuales”, advirtió, según el portal de noticias La Diaria.
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Tercera jornada de lucha
Francia paralizada por nuevas protestas contra la reforma jubilatoria de Macron
Decenas de miles de personas marcharon este martes por París y otras ciudades de Francia en una tercera jornada de lucha contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que incluyó huelgas que perturbaron el transporte público, la educación y el suministro de energía y combustibles, dijeron autoridades.
Las nuevas protestas llegaron un día después de que el Parlamento empezara a debatir el polémico proyecto de ley, que contempla el retraso progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años de acá a 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.
Decenas de miles de personas marcharon por las calles de Niza, Marsella, Toulouse, Nantes y otras ciudades, así como en la norteña París, la capital.
Los manifestantes en la capital francesa, muchos de los cuales eran jóvenes, marcharon pacíficamente desde el área de la Ópera con pancartas que decían «Salve Su Pensión» y «Graven a los Multimillonarios, no a las Abuelas».
«Si el gobierno sigue sin escuchar, tendremos que pasar al siguiente nivel», advirtió el líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, pidiendo huelgas «más duras, más numerosas, más masivas e indefinidas», al inicio de la marcha en París.
El Ejecutivo francés defiende una reforma necesaria para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones y para acercar la edad de jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a la de sus vecinos.
Amparados en altas cifras de rechazo a la medida y tras la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas, con entre 1,27 y 2,8 millones de personas en las calles el 31 de enero, los sindicatos libran su ofensiva con paros y protestas pacíficas.
El servicio de trenes y el transporte público de París estaban hoy «perturbados», aunque menos que en protestas anteriores, mientras que un vuelo de cada cinco tuvo que ser anulado en el aeropuerto parisino de Orly, dijeron autoridades.
La compañía eléctrica estatal EDF dijo que las protestas provocaron la reducción temporal de los suministros de electricidad, sin causar apagones.
Más de la mitad de la fuerza laboral estaba en huelga en las refinerías de TotalEnergies, agregó la empresa en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.
El Ministerio de Educación dijo que cerca del 13% de los docentes estaban en huelga, una disminución en comparación con el día de protesta de la semana pasada. Un tercio de las regiones francesas estaban en vacaciones escolares programadas.
Mantener el apoyo y la movilización es clave para los sindicatos. Las autoridades calculan que las marchas de hoy reunirán a entre 900.000 y 1,1 millones de personas. El Gobierno anunció el despliegue de 11.000 policías y gendarmes.
Laurent Berger, líder del principal sindicato, CFDT, llamó al Gobierno a escuchar a los manifestantes: «¿Cuál sería la perspectiva si no responde? ¿Necesitamos la indignación, la violencia y la ira para que se nos escuche?», se preguntó en una entrevista con el diario La Croix.
Sus llamados por el momento no encontraron eco en el Parlamento. Ayer, en la primera jornada de debate en el pleno de la Asamblea Nacional, 292 diputados votaron en contra y 243 a favor de una moción de la izquierda que pedía la retirada de la reforma.
«Es la reforma o la quiebra» del sistema de reparto, les había advertido el ministro de Cuentas Públicas, Gabriel Attal. La caja de las pensiones enfrentará un déficit de unos 14.600 millones de dólares en 2030, según el Gobierno.
Aunque la reforma es una promesa electoral de Macron, los observadores estiman que su reelección en 2022 se debió en gran parte al deseo de los electores de evitar la victoria de su rival en el balotaje, la ultraderechista Marine Le Pen.
Semanas después, el oficialismo perdió su mayoría absoluta en la Asamblea. Ahora busca los votos de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR) para aprobar la reforma, ante la negativa de Le Pen y de la izquierda.
En una concesión de última hora, la primera ministra, Elisabeth Borne, anunció que las personas que empezaron a trabajar entre 20 y 21 años podrán jubilarse con 63 años, pero sin lograr convencer a todos los diputados de LR.
El Gobierno, decidido a sacar adelante la reforma pese al rechazo popular, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado.
Después que la pandemia obligara a retirar un primer intento, el Gobierno escogió una maniobra que le permite aplicar el actual plan si las dos Cámaras del Parlamento no se pronuncian para finales de marzo.
Si para el 26 de marzo, las dos Cámaras del Parlamento no lograron pronunciarse, el gobierno de Macron podrá aplicar su reforma por ordenanza.
Desde su llegada al poder en 2017, Macron defendió su voluntad de «sacudir» el sistema con sus reformas de corte liberal, que en ocasiones le valieron una imagen de «presidente de los ricos», como durante la protesta social de los chalecos amarillos, el movimiento social que sacudió a Francia y países vecinos en 2018 en reclamo de mejores salarios.
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Alemania: Trabajadores del correo vuelven al paro por un salario que le gane a la inflación
La entrega de cartas y paquetes en Alemania se vio hoy afectada por una nueva huelga, la segunda en un mes, de empleados de la empresa de correos Deutsche Post en reclamo de un aumento salarial del 15% que permita ganarle al «monstruo de la inflación».
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APA / EPA / BODOUMARKS
Las huelgas convocadas por el sindicato Verdi, que engloba a trabajadores de correos, se centraron este lunes en Berlín, Rostock y Bonn, entre otras ciudades, y este martes se suman Dortmund, Hamburgo, Saarbrücken, Núremberg, Frankfurt y Stuttgart.
«Quien piense que la exigencia del 15% es demasiado alta, sencillamente no sabe hacer cuentas», gritó el presidente de Verdi, Frank Werneke, en el acto celebrado en Berlín ante varios centenares de huelguistas.
Para Werneke, la inflación de casi 8% del año pasado y la prevista para este año que ronda entre 6 y 7% suponen grandes pérdidas salariales reales.
«Queremos detener al monstruo de la inflación, queremos garantizar los salarios reales, porque nos lo hemos ganado», afirmó el sindicalista, informó la agencia de noticias alemana DPA.
«Todas las personas tienen derecho a una heladera llena y a un piso con calefacción», sostuvo y remarcó: «La alternativa, sufrir hambre o congelarse, no la aceptamos».
El sindicato reclama un 15% más de salarios para los aproximadamente 160.000 empleados del sector de cartas y paquetes de Alemania.
Un portavoz explicó que Deutsche Post, que era estatal y se privatizó en la década de 1990, ya había informado una oferta para la próxima ronda de negociaciones colectivas del miércoles y jueves próximos y calificó las nuevas medidas de excesivas.
La empresa intentó aplacar las expectativas de los huelguistas, afirmando que para asegurar los puestos de trabajo en el negocio de la correspondencia y la paquetería, «no son justificables» aumentos de ingresos de la magnitud exigida por Verdi.
Según Deutsche Post, el resultado del negocio de correspondencia y paquetería está en claro declive y ya no es suficiente para costear las inversiones necesarias, al tiempo que declaró que el beneficio al que alude Verdi se genera en gran parte fuera de Alemania.
Verdi cifró en 8.000 el número de empleados que acataron la medida, mientras que Deutsche Post estimó que se trataba de unos 5.300.
Según un vocero de Deutsche Post en la ciudad de Bonn, una de las sedes que se sumó a la convocatoria del sindicato Verdi, el impacto fue menor que el registrado durante las huelgas que duraron varios días en enero.
Debido al volumen típicamente bajo de envíos a principios de semana, «solo se vieron afectados alrededor del 6% del volumen medio diario de envíos de paquetes y solo alrededor del 2% del volumen medio diario de envíos de cartas», agregó.
Este paro sucede a otra huelga de varios días que cumplieron los empleados del correo el mes pasado y que tuvo como consecuencia que no se entregase a tiempo el 20% de los paquetes y el 9% de las cartas.
