El represor Miguel Etchecolatz, que cumple múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario amparado en el presunto riesgo que corre de contraer coronavirus en la cárcel. Pero la Cámara de Casación Penal opinó lo contrario, por lo que continuará encerrado en el penal de Ezeiza.
Las condiciones de detención de los pocos genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, nada tienen que ver con las que padecen miles de presos y presas en las cárceles del país.
La Sala I del máximo tribunal penal federal del país declaró «inadmisible» la petición de arresto domiciliario que realizó la defensa de Etchecolatz, quien dirigió la Policía Bonaerense durante la última dictadura cívico militar y ordenó, propició y participó de secuestros y torturas por las que recibió siete condenas, varias a prisión perpetua. Su solo nombre es todo un símbolo que resume la magnitud de los crímenes de la última dicadura cívico militar, dado el papel central que tuvo dentro del aparato represivo. Se vincula, por ejemplo, a la Noche de los Lápices, o a las dos desaparaciones de Jorge Julio López.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde marzo pasado hay casi 140 imputados y condenados en causas de lesa humanidad que, con el argumento de un posible contagio de coronavirus, pidieron que se los deje cumplir encierro en sus casas. Hasta la semana pasada, según el informe hecho a partir de la información aportada por las fiscalías, el 72% de los pedidos fueron denegados, y al 19% se le concedió domiciliaria o excarcelación. Un 9% estaba aún sin resolver, en trámite.
