Salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Jujuy 8464-G/2023 el Decreto para perseguir la protesta social. Como un dictador criminaliza las luchas sociales y persigue a todo aquel ciudadano que reclame en manifestaciones por derechos vulnerados.
El Decreto cuenta con el acuerdo de los ministros de gobierno jujeño e impone fuertes castigos. La medida es tomada en el medio de importantes movilizaciones de docentes y de fuerzas sociales contra la reforma constitucional impulsada por Morales.
La medida que criminaliza la protesta social para «garantizar la paz social» impone la «inhabilitacion para ejercer cargos públicos» si quienes se movilizan son empleados-funcionarios del estado nacional, provincial y municipal». Es decir, quienes sean identificados en las marchas podrán ser cesanteados.
Esta medida para ahogar las luchas viola Garantias Constitucionales de la Nación y quienes se movilicen podrán recibir multas de hasta 200.000 pesos. Viola un derecho fundamental de las y los trabajadores además del derecho a peticionar y manifestarse, derechos garantizados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales a los que Argentina está obligada a cumplir.
Aunque todavía no ha sido respaldada por la Cámara provincial, el decreto tiene vigencia a partir del día lunes.
Los gremios estatales de la provincia y especialmente los docentes de Jujuy que luchan por aumentos salariales desde hace varios días anuncian que continuarán con las medidas de protesta y con las manifestaciones y realizarán una nueva marcha mañana lunes.
