Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a un Estado por violación del derecho al medioambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. Se trata de una sentencia histórica que protege a una enorme comunidad indígena argentina, que lleva décadas en la lucha por tener los títulos de sus tierras.
La lucha de una comunidad indígena de Argentina por sus tierras y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó protegerla, podrían causar una transformación radical en la lucha contra el cambio climático. Abogados y abogadas del mundo empiezan a reconocer que la batalla jurídica de una comunidad ancestral en la región de Salta, por conseguir los títulos de más de 400 mil hectáreas de tierra, da lugar a una de las victorias más importantes en temas medioambientales de los últimos tiempos. No solo se califica como un fallo histórico, sino que será base para el futuro inmediato de los litigios en esta misma materia.
El caso argentino es similar al de muchos pleitos instaurados por comunidades indígenas colombianas frente al avance de negocios de turismo, minería o infraestructura. En esencia, se trata de la lucha de 132 comunidades de las etnias wichi, chorote, toba, mataco, tapiete y chulupí, que desde hace dos décadas se unieron en la asociación Lhaka Honhat (en español: Nuestra Tierra) para buscar que el Estado les entregara títulos de tierras que ellas han habitado ancestralmente. En los últimos tiempos, distintos gobiernos negaron esa titularidad sobre un terreno que, para dimensionarlo, equivaldría a unas 560 mil canchas de fútbol.
La tierra está en la provincia de Salta, en Argentina, sobre una superficie árida, parecida a la de La Guajira, que colinda con la zona fronteriza con Bolivia y Paraguay. En 1998, con la asesoría de abogados expertos en temas de comunidades indígenas, la asociación Lhaka Honhat acudió al Sistema Interamericano. Inicialmente, la Comisión confirmó la gravedad de la situación, constató violación de los derechos de la comunidad y emitió recomendaciones a Argentina para evitar una condena. Hace algunas semanas, la Corte IDH notificó la sentencia que hoy tiene hablando a abogados y ambientalistas del mundo.
Además de obligar a Argentina a que le entregue los títulos, la decisión de este tribunal internacional reconoce que durante años, y con el asentamiento de colonos ajenos a las comunidades indígenas, se violaron de manera sistemática los derechos de estas comunidades, pues la tala de árboles, el alambrado que instalaron esos invasores para cuidar su ganado y otras actividades agrícolas afectaron de manera irremediable el medioambiente de esta tierra y, en consecuencia, se violaron sus derechos a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. Además de reconocer estas violaciones, la Corte IDH le dio un plazo de seis años al país para que reubique a cualquier persona o familia que no sea indígena y, por primera vez, ordenó crear un fondo de desarrollo que debe estar enfocado en “reparar el daño a la identidad cultural” de la comunidad.
En criterio de expertos consultados por el diario El Espectador, es la primera vez que un tribunal internacional condena a un Estado por violación del derecho al medioambiente sano. Esta vez lo hizo de manera simultánea a la orden de proteger los derechos de las comunidades asociadas en Lhaka Honhat. La abogada Natalia Castro Niño, docente investigadora de derecho internacional público de la Universidad Externado de Colombia, señala que con esta decisión la Corte IDH reitera su voluntad de seguir reconociendo lo que hoy se conoce en el mundo jurídico como derechos económicos, sociales y culturales. Esta vez, con una premisa nueva: que esa protección de los derechos humanos no se puede entender sin preservación del medioambiente.
Fuente: El Espectador
