La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los Derechos Humanos más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).
Esta definición contempla e integra todas las manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres. Las formas de violencia más habituales incluyen la violencia doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso sexual y violencia emocional/psicológica.
En nuestro país, en el año 2009 se sancionó la ley N° 26485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. En ella, se define como violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
El femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. En simples términos, el femicidio es el asesinato de una mujer por un hombre por el hecho de ser mujer, esto con independencia de que se cometa en el ámbito público o en el privado y que exista o haya existido o no, alguna relación entre el agresor y la víctima.
En este contexto, la senadora nacional Norma Durango (PJ – La Pampa) solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional que “adopte medidas necesarias y urgentes para prevenir y revertir el número de víctimas por violencia de género” a nivel nacional.
“La iniciativa, entre otras cosas, hace referencia a las abrumadoras estadísticas que el inicio de este año exhibe. No es nuevo, pero es recurrente”, manifestó Durango. “Y por la demora del Congreso en la sanción de una ley que reconozca la necesidad de contar con una norma que aborde con eficacia este flagelo, que se cobra vidas de mujeres con una frecuencia alarmante”, de esta manera fundamentó la declaración de emergencia pública en materia social por violencia de género.
La esta propuesta fue acompañada también por la senadora Sigrid Kunath. “Sabemos que reclamar la declaración de esta emergencia no resuelve integralmente el problema ni mucho menos, pero va en el sentido de poner una alerta sobre el tema”, dijo Durango. Agregó “Es un reclamo de asignación urgente de un presupuesto que hoy es absolutamente insuficiente y escaso, es un llamado de atención al gobierno para que se dé cabal cumplimiento a lo que dispone la Ley 26485 y otras leyes que frente a la realidad de ninguna manera pueden quedar en letra muerta. Es mucho más que solo una intención, necesitamos la emergencia para insistir en poner en agenda la gravedad y la urgencia de la problemática, frente a un recorte de todas las partidas, no podemos esperar al año que viene. Todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer”, finalizó.
