La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio su aval a un proyecto de ley de la Senadora pampeana Norma Durango, que propone darle jerarquía constitucional a la convención interamericana que fija lineamientos para la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
La Convención, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015 y a la que Argentina suscribió, busca «proteger y asegurar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad».
En la reunión remota, vía videoconferencia, de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la senadora de La Pampa por el Frente de Todos, Norma Durango, destacó la importancia de promover los principios de esa convención a la que Argentina adhirió, por ley en 2017.
Durango manifestó que «Nuestro país incorporó sus postulados en 2017 mediante la ley 27360, comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar prácticas tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad» de los mayores.
La senadora explicó que la normativa busca sancionar «la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor».
Durango recordó que el 15 de junio se celebra el Día de la Toma de Conciencia del Maltrato y del Abuso en la Vejez, y ponderó el aval del Senado a otorgar jerarquía constitucional a esos postulados. Recordó además que “se trata en un momento oportuno, ya que en el marco de la pandemia de coronavirus se han incrementado los abusos y el maltrato contra personas mayores” dijo.
ONU
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su documento anual por el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 2020, destaca el tema en contexto de pandemia y solicita a los países miembros la “Protección de las personas mayores durante el COVID-19”, señalando que “más allá que todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.
Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores”.
