El gobernador Fernando Camacho y el Comité Cívico pro Santa Cruz, se arrogaron la representación de todas las organizaciones cívicas de Bolivia y en ese sentido ordenaron parar actividades desde este lunes.
Periódicos y redes sociales, “que en noviembre de 2019 apoyaron el golpe de Estado de Jeanine Añez”, difundieron información sobre la visita de todos los comités cívicos a Rómulo Calvo y al Gobernador Camacho, para apoyar en la aventura política que intenta sabotear la mesa técnica en Trinidad y el Censo 2024.
De inmediato, representantes de comités cívicos negaron de inmediato que se hubieran reunido con Camacho o Calvo para darles su respaldo en la capital cruceña y exigieron a los medios de abstenerse de difundir noticias manipuladas.
El presidente del Comité Cívico de Oruro Cecilio Pérez desmintió que esta organización participe en un paro cívico, como el que viene soportando el pueblo de Santa Cruz, cuando los orureños están concentrados en desarrollar sus actividades productivas y de servicios, educativas y de transporte público, para consolidar la estabilidad económica de la región.
Pérez denunció que una “antigua soldado de Añez, que le sirvió en el golpe de noviembre, habló a nombre de Oruro. “Ella no representa a ninguna institución cívica, sindical ni institucional del departamento”, dijo. “Es un personaje funesto”.
“Bolivia debe reactivarse plenamente, pero lamentablemente en este camino, hay intereses particulares, caprichosos y políticos en Santa Cruz que quieren hundir a Bolivia”, denunció.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmer Aguirre, declaró públicamente que el pueblo chuquisaqueño rechaza todo paro de actividades como el que pretenden los intereses sectarios de Santa Cruz.
“Nadie fue autorizado a hablar a nombre del Comité Cívico y menos de los chuquisaqueños; les pedimos a los cívicos de Santa Cruz y Tarija, que respeten Chuquisaca, no hablen por nosotros”, demandó.
Las mesas técnicas de Trinidad, coincidieron en señalar los cívicos de Oruro y Chuquisaca, tienen que concluir con recomendaciones viables para el Censo Nacional de Población y Vivienda, mantener con justicia la redistribución de recursos y los escaños.
La característica de los comités cívicos es que cuentan con la representación de organizaciones sindicales, indígenas originarios campesinos, transportistas, mineros, estudiantes, profesionales, gremiales entre otros. No es el caso de Santa Cruz ni Tarija, porque han sido señaladas como entidades “sectarias”.
Santa Cruz vive una oposición y resistencia popular al paro cívico, calificado además de “logiero”.
La Paz, la representación cívica se limita a una reducida vinculación con la Asamblea de la Paceñidad, que responde al alcalde Iván Arias. La fortaleza de El Alto son las juntas vecinales y sindicatos, que anticiparon no apoyar a Camacho ni a Calvo.
El Comité Cívico Potosinista, si bien apoyo al golpe de Añez, se encuentra diesmada por la traición de Camacho a Pumari, quien fue encarcelado por varios delitos; y no tienen la fuerza suficiente para suspender actividades en la capital, mucho menos en el campo ni en los centros mineros.
El vocero de la presidencial, Jorge Richter, dijo que un puñado de comités cívicos no son representantes legítimos de los pueblos organizados, sino “refugio” de personas que formaron parte de la “partidocracia” acostumbrada a distribuirse el poder estatal, que protagonizaron el golpe de noviembre, que perdieron las elecciones del 2020 y que ahora están empeñados en generar inestabilidad e indignación colectiva.
Richter recordó que el presidente Luis Arce goza de un respaldo popular que supera más del 50%, tal como lo constato el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, por eso la insistencia violenta de sabotear la gestión económica y social del Gobierno.
