La picana portátil no traerá más que el agravamiento de la violencia institucional, cuyas principales víctimas son las personas jóvenes y marginadas del plan económico del Gobierno: si se implementa, será una nueva arma para la criminalización de la pobreza y la protesta.
Por Organismos de Derechos Humanos*:
«Los organismos de derechos humanos hemos recorrido un largo camino todos estos años luchando por Memoria, Verdad y Justicia, y por el castigo a los culpables, pero también por la no repetición de los hechos que han sufrido miles de personas en nuestro país por parte del terrorismo de Estado. Hoy, después de ese largo camino hecho, vemos cómo este Gobierno elegido democráticamente quiere legalizar la tortura, mediante la utilización de las neopicanas taser por parte de las Fuerzas de Seguridad, mostrando una vez más su profundo carácter antidemocrático.
Como organismos de derechos humanos nos oponemos categóricamente a la tortura. Como familiares, sobrevivientes y militantes sabemos qué significa la tortura en general y la aplicación de la descarga eléctrica de la picana en particular. Fue una de las herramientas usadas en los más de 700 centros clandestinos de la última dictadura genocida.
El recorrido en contra del uso de las picanas taser comenzó en el año 2010 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se intentó sistemáticamente su uso, medida renovada con el cambio de autoridad de la Jefatura de Gobierno, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Apelamos al Poder Judicial y el Legislativo, con proyectos de ley para prohibir el uso de las picanas. En lo judicial, llegamos a la instancia máxima en nuestro país ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de tratar la denuncia. Agotadas las instancias en la Argentina, debimos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016 presentando una denuncia que fue aceptada para ser analizada y seguimos a la espera de su pronunciamiento.
Ahora, en el marco de la política represiva del Gobierno de Mauricio Macri, dirigida desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, tomaron la decisión de implementar el uso de las picanas portátiles, consideradas una herramienta de tortura por la Comisión contra la tortura de las Naciones Unidas, y se trata de un arma que puede llegar a ser letal.
Su uso no está aislado de una matriz ideológica de Gobierno. Nuestro pueblo necesita una política de Seguridad democrática, que respete los derechos humanos y todos los tratados a los que nuestro país suscribe. Nuestro pueblo necesita trabajo, vivienda, salud, educación. Necesita un Estado presente que le garantice el derecho a la vida, la integridad física y a manifestarse libremente en los desacuerdos. La respuesta a la pobreza no es el disciplinamiento: la respuesta debe ser la inclusión.
La picana portátil no traerá más que el agravamiento de la violencia institucional, cuyas principales víctimas son las personas jóvenes y marginadas del plan económico del Gobierno: si se implementa, será una nueva arma para la criminalización de la pobreza y la protesta.
Llamamos a la reflexión de la sociedad en general, que se verá afectada directamente con el uso de estas armas y exigimos al Presidente Mauricio Macri que pare la legalización de las armas taser. En nuestro país ya cerramos las puertas para el terrorismo de Estado: a la tortura ya le dijimos nunca más.
*Abuelas de Plaza de Mayo – Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – H.I.J.O.S. Capital – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza – Asociación Buena Memoria – Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte – Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz – Fundación Memoria Histórica y Social Argentina – Liga Argentina por los Derechos Humanos – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
