Dos años de aborto legal: más servicios, más medicamentos y pendientes en la rendición de cuentas
El proyecto mirar presentó su reporte anual con datos sobre el acceso al derecho al aborto en Argentina. En un contexto electoral, repasó aspectos positivos e identificó pendientes de la política de aborto, para orientar el debate y las decisiones sobre qué hay que sostener y qué hay que mejorar en un país donde todavía hay desigualdad en el acceso y déficit en la calidad de la atención de la IVE ILE.
El fortalecimiento de la producción local y distribución de medicamentos para abortar y el incremento de los servicios de salud públicos que realizan IVE ILE fueron algunos de los datos positivos presentados por el reporte anual del proyecto mirar sobre la implementación de la Ley 27.610 en Argentina. Por otro lado, que las desigualdades persisten en el escenario federal porque hay provincias que disminuyeron o mantuvieron la cantidad de servicios que realizan abortos y la producción de información sobre los resultados de la política sigue siendo deficitaria a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento.
Entre 2021 y 2022, el número de abortos realizados en servicios de salud públicos se incrementó en un tercio y en los dos primeros años de la ley la cantidad de servicios públicos que realizan IVE ILE aumentó 98%. Son algunos de los datos del “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal”, publicado por el proyecto mirar, una iniciativa del CEDES en alianza con Ibis Reproductive Health.
“Contar con información, analizarla y compartir las conclusiones es fundamental para la incidencia ciudadana en las políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, para que el aborto siga estando en la agenda política”, reflexionó Mariana Romero, médica, investigadora y directora ejecutiva del CEDES.
Según relevaron, no todas las provincias producen informes de gestión para reportar las acciones y los resultados de la política de acceso al aborto, mecanismo de rendición de cuentas que los ministerios de salud de las provincias tienen y que permite mostrar el compromiso de rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley.
“La política siguió priorizando el suministro de insumos, uno de los pilares del acceso al aborto”, señaló Mercedes Krause, socióloga e investigadora. En 2022, el Estado financió la adquisición de misoprostol, se distribuyeron 62.323 tratamientos, y la ANMAT autorizó la producción de la mifepristona.
En cuanto a las obras sociales, hay una paulatina adecuación y un mayor grado de cumplimiento de la ley. En ese sector se notificaron 4.966 prestaciones en 2022 aunque no se dispone de un mecanismo sistematizado para que reporten lo actuado.
Además, el proyecto mirar indagó sobre cómo los medios hablaron de aborto. Según ese análisis, se observa un descenso del número de artículos sobre aborto publicados por los medios gráficos junto a una concentración de lo publicado en contenidos a favor del derecho al aborto. El principal tema abordado por la prensa en 2022 fueron las expresiones políticas, lo que representó el 32% del total de las notas analizadas, mientras que el 20% habló del cumplimiento de la Ley 27.610 en el sistema de salud.
Desafíos en un escenario clave
A dos años de la sanción de la Ley 27.610, también se observaron señales preocupantes. Por ejemplo, la presencia de cartillas religiosas en algunos servicios de salud, lo cual plantea interrogantes sobre la imparcialidad y neutralidad que deberían prevalecer en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, se escucharon declaraciones públicas de precandidatos presidenciales que abogan por la derogación de la ley, generando incertidumbre respecto al futuro de los avances logrados en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en el país.
Según el reporte, es fundamental avanzar en la identificación y el abordaje de las barreras regulatorias y estructurales que impiden que la política siga consolidándose. “Necesitamos hacer realidad la obligación de la seguridad social y la medicina prepaga de informar sobre las prestaciones de aborto y modificar la regulación sobre las incumbencias de perfiles profesionales (obstétricas y enfermeras) para ampliar sus competencias y con ello ampliar el acceso y mejorar la calidad de la atención de los abortos”, planteó Silvina Ramos, socióloga e integrante del proyecto mirar.
Una de las conclusiones del monitoreo realizado por el proyecto mirar en estos dos años de implementación de la Ley 27.610 es que la política de acceso al aborto generó prácticas ejemplares en cuanto al diseño, implementación y evaluación, y a la provisión de servicios de salud. “Estos aprendizajes pueden ser aprovechados en otras políticas sanitarias, contribuyendo así a la mejora continua y al fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto” señaló Agustina Ramón Michel, abogada e integrante del proyecto mirar.
Miles de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes accedieron al aborto seguro durante 2022. Sin embargo, quedan desafíos para que la política de acceso al aborto siga contribuyendo al ejercicio de decisiones libres e informadas sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva, más cerca de la vida cotidiana y de los deseos de las personas.
