Este martes, se produjo una movilización en las calles de Puerto Príncipe repudiando el racismo y las deportaciones ilegales.
Participaron varias organizaciones del pueblo haitiano que responden de esta manera a toda las acciones racistas que se vienen produciendo por parte del gobierno dominicano contra migrantes haitianos y también repudiando la actitud del gobierno de Ariel Henry en el mismo sentido.
En las pancartas se podía leer:
«Pedimos a Abinader que detenga la máquina de violencia contra los haitianos»
«el estado tiene que tomar su responsabilidad para salvar a Haití!»
«ultranacionalista igual a nazismo»
«las vidas de lxs haitianxs valen»
«denunciamos al gobierno dominicano y haitiano que violan los derechos de nuestro pueblo»
«los gobiernos haitiano y dominicano violan la dignidad y la vida de lxs haitianxs»
«solidaridad entre las organizaciones haitianas y dominicanas para liberar a los dos pueblos»
Repudiamos la campaña de deportaciones masivas y el decreto 668-22 del presidente Abinader
El presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. El presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas.
Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.
Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras.
Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.
Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana.
La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.
Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22.
¡Abajo el decreto 668-22!
¡Las vidas haitianas importan!
¡Ni apartheid ni limpieza étnica en República Dominicana!
