La novedad fue confirmada por fuentes de Casa de Gobierno. «Se trasladaron 40 (detenidos). Es en el marco del convenio que se firmó con San Luis», indicaron. En relación al traslado de familiares, explicaron que está en trámite la implementación de un sistema que «va a ser similar a lo de Senillosa».
El comienzo de los traslados fue revelado por familiares de un hombre de Algarrobo del Águila condenado a 11 años de prisión, quienes pidieron que se evalúe su situación procesal para revertir su traslado a una penitenciaría de San Luis. El reclamo se basa en la avanzada edad del hombre y enfermedades crónicas que padece.
Sin embargo, sobre esta cuestión también habló el abogado Omar Gebruers, quien patrocina a personas que estuvieron involucradas en la medida. «Voy a hablar de otros casos, que sí me competen, porque de los detenidos que se ordenó el traslado, así en forma inesperada y abrupta por los dos jueces de Ejecución de La Pampa, (Martín) Saravia y (Mariano) Pascual, cuatro de ellos son clientes míos», explicó en Radio Noticias.
Su planteo no estuvo fundado en «situaciones personales», como el caso de Algarrobo del Aguila, sino en las «condiciones del traslado. Primero, ninguno tiene ningún tipo de antecedente de conducta o algo por el estilo que amerite cambiarlo de lugar de detención. El lugar a donde lo llevan, en algunos casos, queda a mil kilómetros de donde residen los familiares de los detenidos».
El abogado comentó que «en un caso nuestro los familiares residen en Río Colorado y lo llevan a Pampa del Salar (NdR: Pampa de las Salinas), esto es una mina de sal que está en medio del desierto, y que la única construcción que hay es la de una cárcel de máxima seguridad, sin que haya en los alrededores ningún tipo de lugar para alojarse los familiares, para comprar víveres, absolutamente nada. Está la cárcel en medio del desierto, tipo Alcatraz».
«Es ilegal».
En esa línea, Gebruers consideró que «este convenio que ha firmado la provincia es ilegal, inconstitucional y a su vez contradice los tratados internacionales que ha firmado la Argentina en cuanto a que las cárceles van a ser para resocialización y no para castigo de los detenidos. No está permitido por nuestra Constitución alejar a los detenidos del circulo familiar, tampoco a mil kilómetros de sus abogados y de su juez competente».
También advirtió que «los están llevando a un lugar inhóspito en el que no tienen ninguna garantía los familiares de poder ir a visitar a sus familiares detenidos. Además no se sabe su estado ni su situación actual de cada uno de los trasladados».
Habeas corpus.
Gebruers señaló que «antes que fueran físicamente trasladados nuestros cuatro defendidos, presentamos un habeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia. Eso generó un pedido de informes al juez de Ejecución, y el juez ordenó que a los cuatro que eran parte del habeas corpus no fueran trasladados. El habeas corpus luego se declaró abstracto porque los cuatro por lo que habíamos presentado la medida se le había garantizado su permanencia acá, pero al resto de los detenidos los trasladaron a todos».
«Nosotros creemos que esto es ilegal, se está poniendo a los detenidos bajo la custodia del Servicio Penitenciario de San Luis. Este lugar, así de inhóspito como es, queda unos kilómetros antes de llegar a la provincia de La Rioja, está lejos de todo», agregó.
El abogado enfatizó que se trata de una «violación a todas las garantías que tienen las personas que están en trámite de proceso judicial o en cumplimiento de una condena dispuesta por los tratados y la Constitución Nacional». Por estos motivos, comentó que mantuvo conversaciones con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos. «Si bien nos atendió en ese momento la semana pasada, sería uno de los organismos habilitados para pedir la nulidad de ese tratado, porque va en contra de los derechos humanos».
«Rapidez inusitada».
Gebruers expresó su preocupación por «la vulneración de derecho que se produce con este traslado, además la masividad, la rapidez inusitada. Nosotros nos enteramos un día de la semana pasada y los traslados eran al día siguiente. Los familiares ni se habían enterado, los defensores ni se habían enterado. Se dispuso directamente el traslado, ni siquiera se dio la posibilidad de que cada uno opinara sobre ese traslado dispuesto».
«Acá en realidad lo que la provincia no toma es la decisión política de construir uno o dos lugares de detención con capacidad para 150 o 200 detenidos en total, crear un Servicio Penitenciario Provincial garantizando las cuestiones de alojamiento y de detención de todos los internos, y tenerlo bajo la custodia de la provincia, que es lo que corresponde», añadió.
Garantías.
En cambio, indicó, se hizo este convenio con San Luis donde «no se respetan las condiciones mínimas. La primera condición que tiene que tener un detenido es poder comunicarse rápidamente y en forma personal con su abogado defensor. Estando a mil kilómetros muy difícilmente eso ocurra. Por otro lado, no se lo puede separar de su familia. Eso es desconocimiento del juez de Ejecución».
En la resolución del juez de Ejecución, comentó Gebruers, «dice ‘el Estado provincial deberá garantizar el traslado de los familiares en forma gratuita y periódica al nuevo lugar de detención’. Pero nada se dice de cómo van a hacer para pasar a buscar a gente de Gobernador Duval, General Acha, 25 de Mayo o de Santa Rosa. Ni a donde tiene que acudir esa gente para organizar un viaje a visitar a su familiar».
«El gobierno de la provincia debería hacerse cargo de esta situación. Pero no derivando la responsabilidad de la custodia de los detenidos a otras jurisdicciones, sino elaborando un sistema penitenciario provincial y un lugar de alojamiento», concluyó.
