Pasadas las 13 horas de este miércoles, la policía irrumpió en el acceso al camino comunitario, al lado de la Escuela Primaria 329, en cercanías de la Ruta Provincial 35, con una orden de desalojo para los miembros de la comunidad de Tilquiza del Pueblo Ocloya, quienes se encontraban protestando tras el cierre del acceso del camino ancestral por parte del empresario Daniel Verzini. Los detenidos recién fueron liberados hacia el final del día.
Jujuy – En el marco de este desalojo nueve personas fueron detenidas de manera violenta, entre ellas el cacique de la Comunidad Néstor Jérez, y llevadas a la Brigada de Investigaciones del Barrio Chijra.
La Comunidad ya había denunciado de manera reiterada al empresario, pero éste incumplió siempre la orden judicial, como así también realizó amenazas de muerte mediante su empleado Ariel Amaranto.
En este contexto, la Comunidad había tomado la determinación de estar en Asamblea permanente y accionar ante la lentitud de la justicia provincial.
El Pueblo Ocloya está situado a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y el lunes 12 de septiembre la policía los había intimado a retirarse de forma voluntaria del lugar. La orden había sido firmada por el Ayudante de Fiscal Dr. Iván Monaldi Pancich, con intervención y directivas del Fiscal Dr. Alejandro Maldonado del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Por otro lado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expresó en un comunicado su profunda preocupación ante este atropello que sufre la comunidad Tilquiza y manifestó que el único camino de acceso al territorio de la comunidad “fue obstaculizado tras el aval judicial de la Cámara Civil y Comercial de la provincia, a cargo de María del Huerto Sapag”.
A su vez, señaló que el territorio en disputa es parte de la ocupación actual, tradicional y pública que ejerce la comunidad sobre un territorio reconocido por el Estado argentino en el marco de la Ley 26.160 y el decreto presidencial 805/2021, que prorroga la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas hasta noviembre de 2025, e impide innovar.
El relevamiento de la superficie reclamada, de más de tres mil hectáreas, se encuentra en este sentido reconocido en la carpeta técnica extendida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La decisión de la jueza ,a cargo de la vocalía 6 de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy es, a su vez, contraria a la dictada el 22 de febrero de 2019 por el titular del Juzgado de Control Penal Nº 2, a cargo de Jorge Rodolfo Zurueta, quien entonces había ordenado “el desalojo de las personas y/o cosas que se encuentren obstruyendo el paso por el Camino ‘El Tilo y la Mecha’ sita sobre Ruta Provincial 35 de la Localidad de Tilquiza”.
Indicó además que la “obstaculización del acceso al territorio del Pueblo Ocloya expone a riesgos físicos a las personas de la comunidad Tilquiza, así como genera antecedentes legales negativos en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las detenciones no hacen más que profundizar esta discriminación y desigualdad histórica” y agregó, “desde el INADI solicitamos la liberación inmediata de las personas detenidas y la restitución del paso libre a la comunidad para acceder a su territorio”.
Redaccion: Dnay Lang + 
